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LA CRISIS DEL COVID REVELO QUE EL FUTURO DE LOS PAGOS DE G2P DEBERIAN SER DIGITAL

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La crisis de la COVID-19 puso de manifiesto que la infraestructura pública digital puede desempeñar un papel fundamental para que los Gobiernos presten asistencia social de manera rápida y segura.  La infraestructura pública digital no solo permitió a los Gobiernos llegar a un número sin precedentes de nuevos beneficiarios, sino que también los facultó para realizar pagos a distancia. Esto posibilitó que millones de personas ingresaran por primera vez en el sistema financiero y de protección social. Los países tienen ahora la oportunidad de aprender de estas experiencias y aprovecharlas para implementar ecosistemas de pagos de G2P (de Gobiernos a personas) eficientes, con capacidad de respuesta e inclusivos.

La actividad económica limitada durante la crisis de la COVID-19 generó la necesidad de brindar apoyo a un gran número de personas, entre ellas las poblaciones urbanas informales, que en general no recibían ninguna asistencia social de los programas existentes.

La ampliación de los sistemas de apoyo planteó dos desafíos: identificar a las personas que necesitaban ayuda y efectuar los pagos de manera eficiente y segura en el contexto de una pandemia.  En nuestro nuevo informe de la G2Px titulado “The Role of Digital in the COVID-19 Social Assistance Response” (i) (El papel de lo digital en las medidas de asistencia social para responder a la COVID-19), se ilustra cómo los Gobiernos enfrentaron estos desafíos con mayor éxito cuando aprovecharon la infraestructura digital existente, como las bases de datos digitales, los sistemas de identificación y los sistemas de pago.

El desafío singular de llegar a nuevos beneficiarios

Registrar nuevos beneficiarios durante una pandemia y determinar su elegibilidad fue un gran desafío. Solía ser difícil identificar a los trabajadores informales de las zonas urbanas —así como a las nuevas personas en situación de vulnerabilidad que necesitaban asistencia social— porque no estaban inscritos en los registros existentes. Se estima que 1700 millones de personas en los países de ingreso bajo y mediano eran miembros de hogares que recibieron pagos en concepto de asistencia social en el marco de la respuesta a la COVID-19, y más de la mitad nunca había recibido apoyo gubernamental, en la mayoría de las regiones.

Los países con bases de datos digitales y sistemas de identificación pudieron abordar mejor el desafío de registrar y determinar la elegibilidad de los nuevos beneficiarios.  Estos sistemas permitieron a los países cotejar la información sobre los posibles beneficiarios, de manera segura y protegiendo la privacidad, en diferentes bases de datos para evaluar la elegibilidad y verificar la identidad a lo largo de todo el proceso. En Tailandia, por ejemplo, las personas que postularon en línea al programa de asistencia social para responder a la COVID-19 solo tenían que presentar un número de identificación nacional (e información demográfica básica para la verificación de la identidad). Utilizando solamente este número único, fue posible chequear diversas bases de datos y aprobar rápidamente las solicitudes de más de la mitad de la población en edad de trabajar.

Los países que no pudieron usar las bases de datos digitales o los sistemas de identificación existentes para cotejar o verificar la elegibilidad de personas que se inscribieron a distancia entregaron asistencia, en promedio, a solo el 16 % de su población. Por el contrario, los países con bases de datos digitales y un intercambio de datos fiable llegaron, en promedio, al 51 % de su población.

En cambio, los Gobiernos que no contaban con infraestructura pública digital tuvieron que depender de la recopilación de información a nivel local, lo que se tradujo en procesos prolongados y propensos a errores. En Filipinas, por ejemplo, inicialmente funcionarios de los Gobiernos locales tuvieron que recabar datos de 18 millones de hogares para la primera ronda de pagos de asistencia social debido a que el registro social estaba desactualizado y la inscripción del sistema de identificación digital (PhilSys) aún no había finalizado. Ello provocó retrasos en los pagos y una gran cantidad de duplicaciones (al menos, un 5 %), y dificultó los esfuerzos para llegar a nuevos beneficiarios. Esta experiencia impulsó a las autoridades a acelerar sus acciones para poner en marcha PhilSys, en el cual se han registrado más de 72 millones de filipinos hasta la fecha. Este sistema se implementará de manera experimental para facilitar los pagos de G2P por parte del Departamento de Bienestar Social y Desarrollo.

La oportunidad para promover la inclusión

Una vez que los beneficiarios se registraron y se verificó su elegibilidad, los Gobiernos enfrentaron el segundo desafío: efectuar los pagos de manera rápida y segura. Varios países utilizaron métodos de pago digitales, por primera vez en muchos casos. En ocasiones, estos métodos adoptaron la forma de transferencias a cuentas de dinero móvil o cuentas tradicionales. En otros casos, las personas recibieron pagos a través de cupones móviles o tokens que podían usar después para retirar dinero en efectivo.

El hecho de que muchos países efectuaron sus pagos de manera digital significó que millones de personas abrieron una cuenta por primera vez, acelerando significativamente la inclusión financiera.  En Colombia, casi 3 millones de beneficiarios del programa de asistencia social relativo a la COVID-19 recibieron sus pagos a través de una cuenta, y se crearon más de 1,3 millones de nuevas cuentas móviles con ese fin. En Brasil, alrededor de 70 millones de beneficiarios recibieron pagos del programa de asistencia social para responder a la COVID-19, y el Gobierno creó una cuenta de ahorro digital que permitió a las personas acceder a los fondos de forma remota. Se estima que el 40 % de estos beneficiarios no tenía una cuenta antes de la pandemia.

Sin embargo, otros países perdieron la oportunidad de ampliar la inclusión financiera: por ejemplo, algunos enviaron el pago a una cuenta limitada o utilizaron un token que solo servía para retirar efectivo, en lugar de permitir también a los beneficiarios realizar pagos digitales, ahorrar o transferir dinero. En Paraguay, por ejemplo, se crearon 1,5 millones de nuevas billeteras electrónicas móviles, pero tenían funciones acotadas y no permitían a los beneficiarios ahorrar ni realizar transferencias, a diferencia de las de Brasil anteriormente mencionadas.

Eliminación de las barreras

Las experiencias de los países que adoptaron la digitalización durante la pandemia para entregar los pagos de asistencia social representan una oportunidad única para lograr avances, pero este progreso no se puede garantizar sin la coordinación de las acciones, el aprendizaje y las inversiones.

Se dieron pasos significativos en la digitalización de los pagos de Gobiernos a personas durante la crisis de la COVID-19, pero aún queda un largo camino por delante para asegurar que esto se traduzca en resultados de desarrollo a largo plazo. Por ejemplo, aunque muchos países utilizaron los pagos digitales durante la pandemia, no todos aprovecharon las cuentas para acelerar la inclusión financiera y contribuir al empoderamiento económico de las mujeres. El hecho de que se usaron los sistemas digitales en los programas de respuesta a la COVID-19 tampoco significa que se ampliarán: muchos de estos programas fueron temporales.

Las partes interesadas de los sectores público y privado deberán adoptar medidas decididas para que el desarrollo de la infraestructura pública digital respalde la digitalización de los sistemas de pagos de los Gobiernos en los distintos países y programas. También será necesario aprender de los éxitos y las dificultades de las iniciativas de respuesta a la COVID-19 para asegurar que los programas apoyen los objetivos de desarrollo a largo plazo, entre ellos aumentar los puntos de acceso financiero y mejorar los productos y servicios financieros.

Los países tienen ahora una oportunidad única de basarse en estas enseñanzas para ampliar los ecosistemas digitales de pagos de G2P,  al igual que la infraestructura pública digital y, de este modo, ayudar a mejorar la eficiencia del Gobierno y abrir las puertas a los beneficiarios. Al hacerlo, en definitiva, pueden proporcionar las plataformas o redes compartidas para pagos que tienen la capacidad de aumentar la comodidad, la inclusión y el empoderamiento de los destinatarios.

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