Redaccion de TeclaLibre 16 de junio 2026
¡Saludos, mi gente! Sean bienvenidos a un análisis sin anestesia, con el rigor de los datos pero con el sazón dominicano que nos caracteriza. Siéntense cómodos, porque hoy en TeclaLibre vamos a desglosar el tsunami judicial que sacudió los cimientos de los cuerpos castrenses en la República Dominicana: la histórica sentencia del Caso Coral.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional no se anduvo con rodeos: declaró culpables a los principales implicados de un desfalco colosal al Estado que supera los 4,500 millones de pesos. El pez gordo, el mayor general Adán Cáceres Silvestre (otrora todopoderoso jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, CUSEP, durante la gestión de Danilo Medina), fue condenado a la pena máxima solicitada para estos delitos financieros: 20 años de prisión.
Junto a él, otros dos pesos pesados de las insignias militares recibieron el mismo castigo de 20 años: el general de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Torres Robiou (exdirector de la Policía de Turismo, CESTUR), y el coronel Rafael Núñez de Aza, considerado el cerebro financiero de la operación.
¿Cómo funcionaba este tinglado corporativo-militar? ¿Cuáles son las reacciones del pueblo dominicano? Aquí te lo contamos todo, al estilo TeclaLibre.
El Entramado: «El Negocio Redondo» del CUSEP y CESTUR
Las juezas se tomaron más de cinco horas detallando cómo operaba esta maquinaria. No era una simple «picotera» de oficina; era una corporación delictiva incrustada en el corazón de las instituciones que debían cuidar al presidente y a los turistas.
El esquema funcionaba a través de tres pilares fundamentales:
Las Nóminas «Prestaditas» (El truco de los «Especialismos»): Se nombraban a miles de policías y militares en el CUSEP y CESTUR que no hacían absolutamente nada (los clásicos «botellas»). El truco estaba en que la red les asignaba salarios elevados o incentivos llamados «especialismos». El «empleado» cobraba, se quedaba con un porcentaje mínimo (un menudo para el café), y tenía que devolver entre el 80% y el 90% del dinero en efectivo a los cabecillas de la red.
La Lavandería de la Fe: ¿Qué hacían con tantas pacas de efectivo? Aquí entra la vertiente civil y «espiritual». Utilizaban empresas fachadas, asociaciones religiosas y a la conocida pastora Rossy Guzmán (condenada a 15 años en este mismo fallo) para comprar terrenos, fincas, villas de lujo, vehículos y ganado. El dinero público era transformado mágicamente en bienes raíces «bendecidos».
La Ambición Sin Límites (El salto a CONANI): Por si fuera poco, las investigaciones revelaron que el entramado era tan voraz que intentó extender sus tentáculos y replicar el mismo esquema de desvío de fondos públicos en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). Con los niños no, general.
El detonante: Todo este castillo de naipes se derrumbó gracias al testimonio del mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, el programador de nóminas que decidió «cantar» y dar santo y seña de cómo se movía cada peso. A Girón le otorgaron 5 años, declarados como pena ya cumplida por su colaboración activa.
La República Dominicana no es un país que asimile estas noticias en silencio. Las redes sociales explotaron entre la satisfacción de ver «un régimen de consecuencias real» y el humor negro que nos caracteriza para lidiar con la indignación.
En los programas de radio matutinos y en los hilos de X (Twitter), los analistas alternativos coinciden en un punto: Esto marca un antes y un después para las Fuerzas Armadas. Históricamente, tocar el uniforme militar era un tabú en el país. Ver a generales de tres y dos estrellas salir esposados hacia un centro de corrección desmitificó el «poder absoluto» que ostentaban en los pasillos del Palacio Nacional.
Como era de esperarse, el ingenio criollo se ha dado un banquete. Los memes se concentran en varios frentes:
La Pastora y el «Diezmo Estilo Coral»: Las imágenes de la pastora Rossy Guzmán sonriendo en audiencias previas fueron rescatadas por los usuarios. «Cuando creías que el diezmo era el 10% pero el general te pedía el 90%», comentaba un usuario en Instagram.
Girón, el «Héroe Nacional» del Chisme: El mayor Girón Jiménez fue coronado en los memes como el «San Antonio» de la justicia dominicana. «Búscate a alguien que te sea tan fiel como Girón guardando capturas de WhatsApp», decía otra de las imágenes virales que circuló en los grupos de la isla.
Los Rangos «Devaluados»: Varias sátiras gráficas mostraban charreteras y estrellas militares cayendo dentro de una celda, ironizando que la verdadera «operación militar» del año fue la del Ministerio Público decomisando hasta las fincas de limones a los imputados.
Para que lo tengas claro en tu próxima discusión de café o en el grupo de WhatsApp, aquí está el resumen de las condenas principales dictadas por el tribunal:
Mayor General Adán Benoni Cáceres Silvestre: Exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y líder principal del entramado. Pena de prisión: 20 años de reclusión mayor. Multa económica: 400 salarios mínimos del sector público. Cargos penales: Asociación de malhechores, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
General de Brigada Juan Carlos Torres Robiou: Exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).
Pena de prisión: 20 años de reclusión mayor. Multa económica: 400 salarios mínimos del sector público. Cargos penales: Coautor de malversación de fondos públicos y lavado de activos mediante el desvío de las nóminas institucionales.
Coronel Rafael Núñez de Aza: Director financiero del CUSEP y de CESTUR; considerado el cerebro y estratega operativo de los movimientos de dinero. Pena de prisión: 20 años de reclusión mayor. Multa económica: 400 salarios mínimos del sector público. Cargos penales: Lavado de activos, asociación de malhechores y coalición de funcionarios.
General Julio Camilo de los Santos Viola: Alto oficial de la Fuerza Aérea, vinculado a las operaciones de desvío de fondos. Pena de 15 años de prisión. Multa económica: 400 salarios mínimos del sector público.
Rossy Maybell Guzmán Sánchez («La Pastora»): Civil encargada del blanqueo de capitales a través de empresas fachadas (como Único Real State) y de la comunidad religiosa. Pena de 15 años de prisión. Multa económica: 400 salarios mínimos del sector público.
Tanner Antonio Flete Guzmán: Hijo de la pastora Rossy Guzmán; utilizado como testaferro y accionista en las empresas creadas para ocultar el dinero ilícito. Pena de: 10 años de prisión. Multa económica: 200 salarios mínimos del sector público.
Mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez: Programador de las nóminas y recolector del efectivo. Se convirtió en el testigo estrella del Ministerio Público, revelando los chats, transacciones y el modus operandi exacto. Pena de prisión: 5 años de prisión, bajo la modalidad de pena cumplida. Gracias a su criterio de oportunidad y colaboración total, se computó el tiempo que ya había pasado bajo arresto domiciliario y medidas de coerción. Exento de sanciones mayores en virtud de su acuerdo procesal.
Lucía de los Santos Viola: Vinculada a las maniobras de lavado y ocultamiento de los activos de la organización. Pena de: 5 años de prisión. Multa económica: 100 salarios mínimos del sector público.
Sanción Civil Extra: Además de las multas individuales expresadas arriba, el tribunal civil sentenció a los condenados de manera solidaria al pago de una indemnización conjunta superior a los 5,000 millones de pesos a favor del Estado dominicano, como reparación directa por el enorme perjuicio económico causado al erario público.
Adicionalmente, el tribunal ordenó el decomiso masivo de cientos de bienes y dispuso que los condenados deberán devolver de manera conjunta más de 5,000 millones de pesos al Estado como indemnización por los daños causados.
Aunque las defensas técnicas ya preparan sus respectivas apelaciones (abriendo una nueva etapa procesal), esta sentencia de primera instancia manda un mensaje contundente a los cuarteles: el uniforme militar ya no es un escudo de impunidad para desfalcar el dinero del pueblo dominicano.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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