Por Carlos Márquez Cabrera /
La vivienda constituye una de las necesidades fundamentales de toda sociedad y, al mismo tiempo, uno de los indicadores más reveladores de sus desigualdades económicas.
En República Dominicana, el acceso a un hogar digno continúa siendo una deuda social que condiciona la calidad de vida de cientos de miles de familias.
El Anuario de Vivienda de América Latina y el Caribe 2025 estimó el déficit habitacional dominicano en aproximadamente 1.46 millones de unidades.
De esa cantidad, unas 391,623 corresponden a viviendas que necesitan construirse, mientras que más de un millón presentan deficiencias de calidad, infraestructura o servicios básicos.
Estas cifras reflejan una realidad que trasciende la construcción de nuevas edificaciones. El problema también comprende hogares que carecen de agua potable, saneamiento adecuado, materiales resistentes o espacios suficientes para sus integrantes.
La precariedad habitacional constituye, por tanto, una expresión concreta de la desigualdad social.
En octubre de 2026, el Gobierno presentó cifras diferentes, indicando que el déficit total había descendido de 806,778 viviendas en 2019 a 696,598 en 2025.
Estas estimaciones han generado cuestionamientos sobre las metodologías utilizadas, por lo que resulta indispensable publicar los criterios estadísticos que permitan comparar los resultados y establecer la dimensión real del problema.
Más allá de las diferencias estadísticas, la necesidad de mejorar las condiciones habitacionales permanece.
La expansión urbana, el crecimiento demográfico y la concentración de oportunidades económicas en determinados territorios aumentan la presión sobre el mercado inmobiliario.
Las consecuencias son profundas. Familias enteras permanecen en viviendas improvisadas, barrios vulnerables o asentamientos expuestos a inundaciones y otros riesgos ambientales.
La ausencia de planificación urbana transforma la necesidad de vivienda en problemas adicionales de transporte, seguridad, contaminación y acceso a servicios públicos.
La vivienda también representa un factor determinante para la productividad. Un trabajador que reside lejos de su empleo, en condiciones de hacinamiento o sin servicios esenciales, enfrenta mayores dificultades para desarrollar plenamente sus capacidades.
República Dominicana necesita convertir la política habitacional en una prioridad estratégica del desarrollo nacional.
Esto exige estadísticas transparentes, planificación territorial, inversión pública sostenida y mecanismos que permitan integrar a las familias de menores ingresos al mercado formal.
La vivienda digna no debe considerarse un privilegio reservado a quienes poseen suficiente capacidad económica.
Constituye una condición indispensable para construir una sociedad más equilibrada, productiva y socialmente integrada.
Resolver esta deuda histórica requiere continuidad institucional, participación privada responsable y una política pública capaz de colocar las necesidades humanas por encima de la improvisación urbana.
