Ángel Martínez: otra vez al banquillo por difamación, y ahora con 10 millones de garantía
Redaccion Teclalibre. Santo Domingo.– Parece que el micrófono de Ángel Martínez no solo amplifica su voz, sino también sus líos judiciales. Esta vez, el comunicador youtubero radicado en Miami enfrenta una nueva solicitud de medida de coerción, ahora por “difamación e injuria” en perjuicio de nada más y nada menos que Milagros De Camps Germán, exviceministra de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Sí, la misma que él había acusado sin base… y luego terminó pidiendo disculpas públicas por haber metido la pata.
La Fiscalía del Distrito Nacional, a través de su Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, depositó la solicitud ante el Séptimo Juzgado de la Instrucción. La jueza del caso, Deiby Timoteo Peguero, fijó la audiencia para este jueves a las 2 de la tarde.
La medida de coerción solicitada no es poca cosa: 10 millones de pesos en efectivo, impedimento de salida del país, y presentación periódica ante las autoridades.
Pero, como todo en esta tragicomedia criolla, el show tuvo un giro telenovelesco: el abogado de Ángel, Carlos Mesa, anunció que pedirá el aplazamiento de la vista “porque tiene que ir a la graduación de su hijo menor”. “Por ningún proceso del mundo dejaré de asistir”, dijo con tono paternal, como quien recuerda que antes que abogado… es papá.
Mientras tanto, el propio Ángel Martínez ya se ha adelantado con un video de “perdón público” circulando en redes, en el que admite que se equivocó y fue injusto con De Camps. ¿Habrá sido por remordimiento? ¿O por el susto del boche judicial?
Lo cierto es que Martínez colecciona querellas como otros coleccionan gorras. Actualmente ya tiene dos medidas de coerción anteriores: Una en Santiago, por el empresario Arnulfo Gutiérrez, Y otra en el Distrito Nacional, tras demanda del diputado Sergio Moya Goris (a) Gory.
La pregunta del millón (o de los diez millones, en este caso) es: ¿será que Ángel Martínez finalmente aprenderá que la difamación no es contenido “viral”, sino delito?
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