-Nueve condenados… y todavía demasiadas preguntas
El jurado federal de Miami habló. Pero Haití sigue sin respuestas completas-
La condena de Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages por la conspiración para secuestrar o asesinar al presidente haitiano Jovenel Moïse no cierra el caso. Apenas confirma algo que muchos sospechaban desde el principio: el magnicidio fue menos una operación política improvisada y más una mezcla explosiva de mercenarios, negocios turbios, ambiciones de poder y redes internacionales operando desde Florida hacia el Caribe.
El veredicto emitido este viernes en Miami añade otros cuatro nombres a una lista de condenados que ya suma nueve implicados en Estados Unidos. Pero el verdadero escándalo no es solo quién disparó aquella madrugada del 7 de julio de 2021 en Puerto Príncipe. El escándalo es que, cinco años después, el crimen todavía parece una muñeca rusa de conspiraciones dentro de conspiraciones.
Porque mientras los tribunales estadounidenses condenan piezas del rompecabezas, Haití sigue atrapado entre pandillas, vacío institucional y sospechas de complicidad interna.
La extraña mezcla: exmilitares colombianos, empresas de Miami y “revolución” haitiana
El caso parece escrito por un guionista adicto al exceso.
Un grupo de exmilitares colombianos reclutados con promesas de seguridad privada. Empresas radicadas en Florida financiando logística y equipos tácticos. Chalecos antibalas comprados en Estados Unidos. Reuniones en hoteles de lujo. Aspirantes presidenciales. Exfuncionarios haitianos. Y un presidente asesinado dentro de su residencia sin que su aparato de seguridad reaccionara de forma efectiva.
La empresa de seguridad CTU Security, dirigida por Antonio Intriago desde Florida, aparece constantemente en la trama. Según fiscales estadounidenses, la conspiración se organizó parcialmente desde territorio norteamericano, lo que permitió a Washington asumir jurisdicción federal.
La versión oficial sostiene que inicialmente el plan era “arrestar” a Moïse, no matarlo. Pero, como suele ocurrir en los pantanos del poder caribeño, la frontera entre secuestro político y ejecución terminó desapareciendo.
Y aquí aparece una de las preguntas más incómodas del caso:
¿Cómo un comando extranjero armado hasta los dientes pudo entrar a la residencia presidencial, ejecutar al mandatario y salir, mientras decenas de agentes de seguridad prácticamente desaparecían de escena?
La viuda de Moïse declaró en el juicio que posteriormente supo que varios miembros de la seguridad habían sido “pagados para apartarse”. Una afirmación demoledora.
El asesinato de Moïse no solo eliminó a un presidente. Terminó de romper un Estado ya moribundo.
Desde entonces, Haití se convirtió en una especie de laboratorio del caos: pandillas controlando barrios enteros, secuestros masivos, desplazamientos humanos, hambre, violencia paramilitar y un gobierno sostenido más por ayuda internacional que por legitimidad interna.
Lo que vino después del magnicidio fue una aceleración brutal del colapso.
Las bandas armadas aprovecharon el vacío político. El sistema judicial quedó paralizado. La investigación local se contaminó con miedo, corrupción y amenazas. Incluso hoy, el proceso judicial haitiano avanza a trompicones.
Y ahí está la gran ironía geopolítica: el caso más importante de la historia reciente haitiana terminó siendo juzgado principalmente en Miami.
Como si Haití ya ni siquiera pudiera administrar su propia tragedia.
El caso Moïse también deja otra lectura incómoda: el Caribe continúa funcionando como un territorio híbrido donde convergen seguridad privada, intereses empresariales, narcotráfico, contratistas armados y operadores políticos.
Los acusados no parecían responder a una sola ideología. Algunos buscaban contratos. Otros influencia. Otros dinero. Otros poder político. Todos terminaron orbitando alrededor de un país extremadamente vulnerable.
Y eso explica por qué el magnicidio sigue produciendo teorías.
Porque demasiadas piezas todavía no encajan.
¿Quién ordenó realmente matar a Moïse?
¿Quién financió la operación completa?
¿Quién garantizó el acceso a la residencia?
¿Quién ganó con el caos posterior?
¿Y por qué tantas figuras cercanas al poder haitiano siguen apareciendo alrededor del expediente?
TeclaLibre sospecha…
Aquí es donde el caso deja de parecer una simple conspiración criminal y comienza a parecer un retrato brutal del Caribe contemporáneo.
Un presidente aislado.
Un Estado infiltrado.
Mercenarios reciclados.
Empresarios jugando a la geopolítica.
Y una nación entera convertida en zona gris.
Las condenas de Miami sirven para enviar un mensaje judicial. Pero no para cerrar la herida.
Porque el asesinato de Jovenel Moïse no fue solamente un crimen político. Fue la demostración de que Haití llevaba años convertido en un país donde el poder ya no se disputaba en elecciones… sino en operaciones clandestinas.
Y eso, ay Caribe querido, es mucho más aterrador que cualquier sentencia.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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