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ONG CRITICA BRUTALIDAD SIN PRECEDENTES EN PERU

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La policía carga contra manifestantes de oposición al gobierno en Lima, Perú, el martes 24 de enero de 2023. Las protestas buscan un adelanto electoral inmediato, la renuncia de Boluarte, la liberación del presidente destituido Pedro Castillo y justicia por los manifestantes muertos en enfrentamientos con la policía. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una importante ong peruana, criticó el jueves 26 de enero de 2023 la "brutalidad sin precedentes" de la policía en las protestas. (AP Photo/Martín Mejía)
La policía carga contra manifestantes de oposición al gobierno en Lima, Perú, el martes 24 de enero de 2023. Las protestas buscan un adelanto electoral inmediato, la renuncia de Boluarte, la liberación del presidente destituido Pedro Castillo y justicia por los manifestantes muertos en enfrentamientos con la policía. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una importante ong peruana, criticó el jueves 26 de enero de 2023 la «brutalidad sin precedentes» de la policía en las protestas. (AP Photo/Martín Mejía)

 

LIMA (AP) — Una importante organización peruana defensora de los derechos humanos dijo el jueves en un informe que la respuesta del gobierno de la presidenta Dina Boluarte a las protestas que piden su renuncia y la de los miembros del Parlamento “ha sido de una brutalidad sin precedentes en la historia de la democracia en el país, en el presente siglo”.

En una conferencia de prensa, Mar Pérez, la investigadora de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos indicó que en “la historia de la democracia en el Perú no hemos vivido niveles de represión como los que estamos viviendo en estos momentos”. Perú retornó a la democracia en el año 2000 al finalizar el gobierno de mano dura de Alberto Fujimori (1990-2000).

Las protestas que empezaron el 7 de diciembre —tras la juramentación de Boluarte, quien asumió la presidencia luego que el Parlamento destituyera al entonces mandatario Pedro Castillo— han dejado 56 muertos.

De ellos, 46 son civiles muertos como resultado “del uso de la fuerza” empleado por policías y militares. Otros 9 civiles perecieron en el contexto de los bloqueos. Además un policía fue hallado muerto en un patrullero incendiado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó la semana pasada a las autoridades peruanas a realizar una investigación imparcial y oportuna del uso de armas por la fuerza pública en el contexto de las protestas, dados los resultados de autopsias practicadas a manifestantes fallecidos con heridas de bala en cuerpo y tórax.

La víspera, Alberto Otárola, el primer ministro de Boluarte y antes su ministro de Defensa, anunció que planeaban otorgar una cantidad de dinero adicional al sueldo de los policías por “el inmenso sacrificio y profesionalismo” que han mostrado en el breve gobierno.

En contraste, el informe cuestiona que el gobierno, lejos de tomar medidas para poner fin a la violencia y separar a los autores materiales de las muertes de manifestantes, los altos funcionarios avalan y promueven la actuación de las fuerzas del orden. Eso, recoge el documento, “evidencia que nos encontramos ante lineamientos de una política de Estado”.

Un reportero de The Associated Press preguntó el martes a la presidenta Dina Boluarte en una conferencia de prensa con corresponsales internacionales en el palacio presidencial si ella ordenó “de forma expresa no usar armas letales”. La mandataria no respondió a la pregunta.

Boluarte ratificó en esa conferencia el actuar apegado a la ley de las fuerzas del orden durante las protestas y pidió a los manifestantes “una tregua” para hablar de las necesidades sociales. Horas después, las protestas masivas continuaron y la policía las reprimió usando gases lacrimógenos.

El informe de la ong afirma también que los uniformados usaron munición prohibida para el control de multitudes incluyendo “perdigones de metal, canicas de vidrio y balas”. Se añade que los policías usaron fusiles AKM, mientras que los soldados dispararon fusiles marca Galil, a partir de videos difundidos de los hechos registrados en varias ciudades de los Andes, donde han ocurrido casi la totalidad de las muertes.

Otro aspecto que se destaca sobre el comportamiento de los uniformados es el lanzamiento de gases lacrimógenos de forma directa al cuerpo de manifestantes, “vulnerando el procedimiento reglamentario que consiste en disparar parabólicamente, nunca al cuerpo”. También arrojarlos a cortejos fúnebres de fallecidos en protestas como en la ciudad de Andahuaylas o desde helicópteros en las ciudades de Ayacucho o Juliaca.

La tarde del jueves cientos de manifestantes retomaron las protestas por la más importante avenida que conecta la zona norte capitalina con el centro histórico de Lima, donde los espera otro grupo similar.

La policía, como ha ocurrido desde la semana pasada cuando las manifestaciones estallaron con fuerza en Lima, amuralló con agentes antimotines las calles de acceso al Parlamento y al palacio presidencial.

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