Tragedia del Jet Set: La batalla legal escala hacia una tipificación de «homicidio voluntario»
-Familias de las víctimas de la tragedia de la discoteca Jet Set endurecen su postura judicial. Solicitan embargos millonarios contra los propietarios y exigen cambiar la acusación a homicidio voluntario por negligencia grave. Conoce los detalles de la última audiencia y la nueva fecha clave-
La audiencia preliminar por el colapso del techo de la discoteca Jet Set —tragedia que cobró la vida de 236 personas y dejó a cerca de 180 heridas— se mantiene en un punto de alta tensión legal. La familia del ex-beisbolista Octavio Dotel, una de las víctimas mortales, ha solicitado al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional el embargo de los bienes de los propietarios del establecimiento, Antonio y Maribel Espaillat, así como de su madre, Ana Grecia López, por un monto de RD 60 millones, además de exigir una indemnización total de RD300 millones.
La jornada, que culminó con el aplazamiento de la audiencia para el 27 de abril, estuvo marcada por dos eventos significativos:
Cambio de estrategia legal: Los querellantes, incluyendo la familia de Johanna Rodríguez (esposa del presidente de AFP Popular, Eduardo Grullón), buscan que la calificación jurídica cambie de «involuntario» (solicitada por el Ministerio Público) a «homicidio voluntario con dolo eventual».
Nueve querellantes han retirado formalmente sus demandas, un movimiento que añade incertidumbre y complejidad a la unificación de la acusación particular contra los hermanos Espaillat y su empresa, E y I, SRL.
El proceso judicial del caso Jet Set ha dejado de ser un simple litigio por negligencia para convertirse en una batalla sobre la responsabilidad corporativa frente al riesgo extremo. A continuación, los puntos clave para entender el desarrollo de este caso.
La petición de los abogados de las víctimas de recalificar el hecho como «homicidio voluntario con dolo eventual» es un movimiento táctico agresivo. Argumentan que los propietarios conocían las advertencias sobre el deterioro del techo y, aun así, priorizaron el ahorro de recursos sobre la seguridad humana. Si logran demostrar que hubo conciencia del riesgo y una decisión deliberada de ignorarlo, la gravedad de las penas cambiaría drásticamente, marcando un precedente legal sin precedentes en la República Dominicana para casos de seguridad estructural.
El retiro de nueve querellas es un factor que no puede pasar desapercibido. Este fenómeno suele ocurrir por tres razones probables: acuerdos privados extrajudiciales, desgaste psicológico/económico de las familias o falta de confianza en la celeridad del sistema judicial. Esta desarticulación debilita la posición de fuerza colectiva que tenían los afectados al inicio, pero fortalece las arcas de los imputados.
El Ministerio Público ha sido contundente al señalar que no existen registros de inspecciones ni notificaciones de remodelación. Esto desnuda una falla sistémica: la falta de supervisión estatal sobre edificaciones de alta concurrencia. El caso Jet Set no solo juzga a los hermanos Espaillat, sino que pone bajo la lupa la fragilidad de las normativas de seguridad en los centros de diversión del país.
El juez Reymundo Mejía Zorrilla se enfrenta al desafío de mantener la disciplina procesal. Al rechazar la reproducción de testimonios en esta fase, el magistrado protege la estructura de la audiencia preliminar, centrada exclusivamente en evaluar la suficiencia de pruebas para ir a un juicio de fondo. La audiencia de abril será decisiva para determinar si los imputados enfrentarán un tribunal colegiado y si la familia Espaillat y su empresa serán vinculadas directamente como responsables penales, tal como solicitan las víctimas.
En conclusión: El caso Jet Set sigue siendo una herida abierta en la sociedad dominicana. Más allá de la compensación económica, lo que se dirime en los tribunales es una cuestión de justicia social y de cuánto valor le otorga la ley a la responsabilidad de quienes operan espacios públicos. La próxima audiencia será el termómetro que mida si el sistema judicial es capaz de elevar el estándar de responsabilidad para quienes, por acción u omisión, pusieron en peligro la vida de cientos de personas.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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