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SANCIONES A PEÑA GÓMEZ Y TRIBUNA DEMOCRÁTICA

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Sebastián del Pilar Sánchez

El 11 de julio de 1974 se prohibió el uso de las frecuencias de radio y canales de televisión al doctor José Francisco Peña Gómez, secretario general y líder del viejo Partido Revolucionario Dominicano (PRD), al tiempo que era clausurado su órgano de difusión, el programa radial “Tribuna Democrática”, mediante la disposición administrativa No. 3038 del director general de Telecomunicaciones, doctor Víctor Antonio Hidalgo Justo, por supuesta violación del artículo 26 de la Ley No. 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, que castiga las ofensas al Presidente de la República con multas y penas de hasta un año de prisión.

Era la tercera vez que atravesaban por una situación similar, ya que a finales de 1963 y principios de 1964 su actividad fue restringida durante varios meses por el Gobierno golpista del Triunvirato presidido por el licenciado Emilio de los Santos Salcié y el doctor Donald Joseph Reid Cabral. También en febrero de 1968 lidiaron con una resolución de cierre de dicho programa, emitida por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, por medio de su vicepresidente Américo Modesto Monegro, quien suplantó a su superior, doctor Antonio Bucarrelli Méndez, quien se negó a tomar la cuestionable medida que estuvo vigente hasta el 19 de agosto, como dispuso el célebre Hidalgo Justo.

La drástica resolución de 1974 fue justificada por la Dirección de Telecomunicaciones diciendo que el doctor Peña Gómez por medio del referido programa había formulado duros ataques al doctor Joaquín Balaguer con “repetidos pronunciamientos de incitación a la violencia y a la perturbación de la paz”, incurriendo en irreverencia “a la dignidad intrínseca de la investidura presidencial e institucional”, y eso no se podía tolerar.

Sin embargo, el líder perredeísta rechazó la especie y culpó al gobernante de ser responsable del atropello que estas medidas infundían a la libertad de expresión y a su partido, que durante el Gobierno del Triunvirato había sufrido vejámenes parecidos, como la prohibición de transmitir por radio las cintas magnetofónicas que enviara desde Nueva York al programa de orientación reformista que dirigía el doctor Manolín Jiménez.

El primero de agosto siguiente continuaron las medidas arbitrarias con la sanción del profesor Pablo Rafael Casimiro Castro, secretario nacional de Organización del PRD y durante el año 1975 -en varias ocasiones- se dictaron resoluciones que afectaron al programa radial “La voz del pueblo en el aire”, del doctor Marcio Antonio Mejía-Ricart Guzmán; a “Noti-Tiempo”, de Radio Comercial y a “Informativo Nacional”, de Radio ABC. Igualmente al programa de televisión “El pueblo cuestiona”, producido y conducido por el comentarista Ercilio Veloz Burgos.

Estos últimos programas se mantuvieron activos debido a la puntual intervención del doctor Balaguer, que el 24 de abril de ese año instruyó a la Dirección de Telecomunicaciones a que prestara atención prioritaria al noticiario de ABC y al referido comentarista, como respuesta a la petición que le hiciera la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (ADORA); aunque se abstuvo de intervenir en favor del PRD y sus líderes, alegando que “estos han recurrido ya a la vía judicial, y los cargos que se formulan deberán ser ventilados ante los tribunales de la República”.

No obstante el particular desagravio a los medios informativos por parte del primer mandatario, el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales (SNPP) rechazó la clausura del programa Tribuna Democrática y las sanciones impuestas a los dos citados dirigentes perredeístas, y advirtió que -amparado en la Ley No. 1494- se proponía interponer un recurso contencioso administrativo en la Cámara de Cuentas contra los actos violatorios de esa normativa legal, cometidos por la Dirección de Telecomunicaciones.

En ese sentido también opinaron diversas organizaciones profesionales y dirigentes políticos que mostraron su desacuerdo con las cortapisas puestas a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, incluidos algunos del partido oficialista, como el senador reformista por la provincia de Puerto Plata, doctor Víctor Almonte, que pidió al Gobierno que levantara las sanciones a Peña Gómez y Casimiro Castro, y ordenara la reaparición del programa radial del PRD.

En medio de ese reclamo colectivo, el partido blanco arreció sus críticas contra el Gobierno de Balaguer, movilizó sus unidades sectoriales y envió una delegación de dirigentes a Panamá, Costa Rica, Venezuela, Colombia y Puerto Rico, para poner en conocimiento de sus aliados las violaciones a los derechos humanos en que incurría el régimen balaguerista.

Asimismo, se produjeron firmes declaraciones del presidente de dicha entidad, licenciado Secundino Gil Morales, en reclamo de que el Gobierno no solo anulara las restricciones que pesaban sobre el secretario general y el secretario de organización de su partido, sino que reabriera también el órgano informativo de los perredeístas.

El alto dirigente oriundo de El Seibo y exsenador por la provincia de La Romana, responsabilizó al Gobierno del irrespeto a la libertad de expresión existente en el país y exhortó al presidente Balaguer a rectificar su mala conducta de violación a la ley mantenida durante 10 años, pues a su juicio era la última oportunidad que tenía el mandatario para salvarse o hundirse históricamente. Esa campaña de protesta tuvo su efecto momentáneo, ya que el director de Telecomunicaciones permitió el retorno al aire del programa Tribuna Democrática, aunque volvió a suspenderlo en junio de 1975.

Surge Bastión Democrático

El lunes 23 de febrero de 1976 los licenciados Hatuey De Camps Jiménez y Fulgencio Bolívar Espinal Tejada, miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, iniciaron la trasmisión del programa “Bastión Democrático” por la emisora Radio Comercial, con la intención de que sirviera de canal de orientación política a la familia perredeísta, ante la prohibición que pesaba sobre su órgano oficial.

Sin embargo, casi al instante este medio informativo fue vetado por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, órgano dependiente de Telecomunicaciones que era dirigido por el destacado locutor y cronista deportivo Homero Atila León Díaz. Esta censura fue rebatida por sus productores que decidieron enviar un cablegrama al presidente Balaguer en protesta por esa nociva decisión, aunque resultó imposible hacerlo debido a que el Telégrafo Nacional se negó a transmitirlo, viéndose compelidos, De Camps y Espinal, a exponer su posición a la mañana siguiente durante una rueda de prensa efectuada en la casa nacional de su partido.

Ambos dijeron sentirse “alarmados ante la medida violatoria de la libertad de expresión y difusión del pensamiento” asumida por Hidalgo Justo y León Díaz, y solicitaron al primer mandatario que interviniera “a fin de impedir la materialización de esta nueva agresión contra los derechos constitucionales en detrimento del sistema democrático”.

Al respecto también se pronunció el antiguo dirigente perredeísta y propietario de Radio Comercial, don José Antonio Brea Peña, quien informó al país que había recibido dos telegramas de la Dirección de Telecomunicaciones y dicha comisión, uno de los cuales indicaba que tanto De Camps como Espinal tenían que identificar sus carnés de locutores, para hacer uso de las ondas hertzianas.

El destacado empresario advirtió que la administración de esa empresa radial era seria y respetuosa de las leyes “pero no está dispuesta a depender del capricho de ningún funcionario del Gobierno”, porque “no obedece a presiones ni del Gobierno ni de partidos políticos, aún sea del PRD”. Por igual, ilustró que esa emisora desde hacía tiempo era “objeto de estrangulación económica por parte de las publicitarias que manejan las cuentas de las empresas estatales”, incluyendo la conocida firma Retho, encargada de la campaña comercial de la Compañía Anónima Tabacalera, cuyos creativos eran el poeta y periodista Juan José Ayuso y el conocido presentador y productor de televisión Yaqui Núñez del Risco.

Poco más tarde la Oficina de Prensa del Palacio Nacional estaba divulgando una nota informativa sobre la intervención de Balaguer en este caso, ordenando el levantamiento de la veda al programa Bastión Democrático y desautorizando por segunda ocasión a la Dirección de Telecomunicaciones. Esa decisión fue saludada por De Camps, quien manifestó sentirse satisfecho con la actitud del jefe del Estado y consideró que esa medida debía ser extendida al programa Tribuna Democrática, al doctor Peña Gómez y al profesor Casimiro Castro. Y agregó también que Bastión Democrático sería realizado dentro de los lineamientos de su partido y que tendría, con apego a la ley, una sección de denuncia contra las agresiones del Gobierno a las libertades públicas.

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