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SE ACTIVAN EN PERÚ LAS PROTESTAS CONTRA BOLUARTE

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LIMA (AP) — Las protestas contra el gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, que han cumplido un mes y dejan 48 muertos, se propagaron en el sur del país con nuevos enfrentamientos el miércoles en la ciudad de Cusco, luego de la letal jornada registrada el lunes en la región Puno.

La gerencia regional de Salud de Cusco explicó que 37 civiles y seis agentes de policía resultaron heridos luego de que los manifestantes trataron de tomar el aeropuerto de la ciudad, un destino clave en el país por su atractivo turístico, especialmente la ciudadela inca de Machu Picchu.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, indicó el miércoles que, desde diciembre, 39 civiles han muerto en choques con la policía y otros siete murieron en accidentes de tráfico y otros incidentes relacionados con los cortes de carreteras, además de un policía asesinado.

En la víspera, el gobierno de Perú anunció un toque de queda en Puno, desde las 20:00 a las 04:00 horas, para los próximos tres días.

El departamento reportó también movilizaciones, paros y bloqueos de vías en 41 provincias, la mayoría en regiones del sur: Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Puno, Tacna, Madre de Dios, en el sureste en la selva. Además hubo incidentes en el centro, en Lima y Huancavelica, y en el norte del país, en Lambayeque y San Martín. En total, en el día hubo 72 puntos de bloqueo en vías nacionales.

La Fiscalía de la Nación señaló que solicitó información a la presidencia del Consejo de Ministros y a los ministerios de Defensa e Interior para la investigación preliminar que abrió a Boluarte y otros altos cargos de su gabinete sobre los hechos de violencia en las protestas de diciembre y enero.

En la ciudad de Juliaca, en Puno, que protagonizó la jornada más letal, una multitud acompañó a las 17 personas muertas el lunes en enfrentamientos con las fuerzas del orden. Recorrieron las calles con los ataúdes a cuestas y algunos fueron llevados cerca del aeropuerto, al punto donde sucedieron sus decesos.

“Dina me asesinó con balas”, decía un letrero de papel pegado en el féretro de Eberth Mamani Arqui, quien había llegado a Juliaca, desde la ciudad de Sicuani, el Cusco. “Recién lo han identificado hoy, antes estaba como NN”, dijo una familiar en el recorrido.

“Esta democracia ya no es democracia”, entonaban los familiares de las víctimas.

Banderas negras y bicolores con franjas negras y blanca, en reemplazo al rojiblanco del símbolo patrio peruano, eran alzadas por los acompañantes de la procesión de fallecidos.

Al pasar por una dependencia policial, acordonada por decenas de agentes, los marchantes les gritaron “asesinos” y algunos se acercaron a encararlos.

“¡Dina, asesina, escucha, llegaremos a Lima! ¡Renuncia!”, gritó una de las acompañantes. “¡Dina, asesina, esta es tu obra!”, repetían varios juliaqueños en la marcha.

El mismo miércoles, en la mañana, una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas, inició una visita en Perú sobre las protestas y la crisis social. La misión, liderada por el vicepresidente de la CIDH y relator para Perú, el guatemalteco Stuardo Ralón, se reunió con Boluarte en Palacio de Gobierno.

La CIDH estuvo en Perú en noviembre, a petición de Pedro Castillo, cuando aún era presidente para atender la crisis de inestabilidad política del gobierno del exmandatario destituido en diciembre.

Las protestas — que exigen un adelanto de elecciones generales, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso — tomaron un nuevo impulso esta semana tras reanudarse el pasado miércoles luego de una tregua parcial por las fiestas de fin de año.

Entre los manifestantes que exigen la renuncia de la mandataria, el cierre del Congreso y nuevas elecciones, hay quienes también reclaman que se le libere a Castillo, el antecesor de Boluarte, que fue depuesto y permanece en prisión preventiva por ocho meses mientras es investigado por presunta rebelión.

Boluarte asumió el gobierno luego de que Castillo, que era presidente desde 2021, fuera destituido por el Congreso tras intentar disolver la institución con un mensaje televisado el 7 de diciembre. La actual mandataria era vicepresidenta y fue elegida en la misma lista con su predecesor. El Parlamento la juramentó el mismo día de la destitución de Castillo por ser sucesora constitucional.

Castillo fue detenido cuando iba en un vehículo con su comitiva en una avenida del centro de Lima. Según la Fiscalía, se dirigía a la embajada de México para buscar asilo político.

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