Sistema de Pensiones en República Dominicana: Urgencias de una Reforma Postergada
Por Luis Rodríguez Salcedo
En la República Dominicana, el sistema de pensiones y jubilaciones ha entrado en el ojo del huracán social. Mientras miles de ciudadanos reciben pensiones que apenas alcanzan para subsistir, otros gozan de beneficios privilegiados otorgados a discreción del poder político. A esto se suma una estructura legal que, aunque vigente desde hace más de dos décadas, muestra profundas grietas en equidad, sostenibilidad y cobertura.
En 2024, el Poder Ejecutivo otorgó 6,671 nuevas pensiones especiales, civiles y solidarias, con montos que oscilan entre RD$6,000 y RD$150,000 mensuales. Esto representa un compromiso anual de más de RD$1,100 millones para el Estado. Mientras tanto, la pensión mínima del régimen contributivo apenas alcanza los RD$14,161, una cifra muy por debajo del costo de la canasta básica familiar, estimado en RD$46,251.
Esta disparidad alimenta el descontento ciudadano y refuerza la percepción de que el sistema responde más a relaciones de poder que a criterios de justicia o mérito laboral. Figuras públicas, activistas afines al gobierno y personas sin historial laboral claro en el sector público han sido beneficiadas con pensiones que superan con creces los beneficios de quienes dedicaron décadas de servicio al Estado.
El presidente Luis Abinader prometió en varias ocasiones una reforma integral a la Ley 87-01 de Seguridad Social, incluyendo la ampliación del seguro de salud a pensionados y la creación de un sistema más justo y sostenible. Sin embargo, el proyecto nunca llegó al Congreso Nacional, y el 2024 cerró sin avances legislativos en esa materia.
Entre tanto, la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) propuso reducir de 25 a 15 años el mínimo de cotización para acceder a una pensión contributiva, además de implementar una pensión solidaria no contributiva equivalente al 60% del salario mínimo. Estas medidas buscan aliviar la situación de miles de personas que, aun habiendo trabajado informalmente por años, quedan excluidas del sistema.
Para 2025, el gobierno proyecta incorporar 53,000 nuevas pensiones, de las cuales 20,000 serán solidarias de RD$6,000 mensuales. Aunque la intención es aliviar la pobreza extrema en adultos mayores, el monto no se ajusta al costo de vida actual, lo que evidencia la urgencia de revisar el enfoque económico del sistema de pensiones no contributivas.
La falta de equidad en la asignación de pensiones plantea interrogantes fundamentales: ¿Bajo qué criterios se otorgan las pensiones privilegiadas? ¿Por qué una persona con 30 años de servicio recibe menos que otra con vínculos políticos? ¿Dónde está el principio de justicia social que debería regir la protección en la vejez?
Más allá del debate técnico, el sistema dominicano de pensiones refleja una fractura moral y estructural que urge ser atendida. Las reformas no deben quedarse en promesas. Se necesita voluntad política, participación ciudadana y una visión de largo plazo que garantice dignidad para todos los pensionados, no solo para los favorecidos por el poder.
