El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó recientemente una orden ejecutiva que elimina la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados o aquellos con estatus legal temporal nacidos en territorio estadounidense. Esta medida busca reinterpretar la Enmienda 14 de la Constitución, que históricamente ha garantizado la ciudadanía a cualquier persona nacida en Estados Unidos, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
En respuesta, 22 estados, junto con el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco, han presentado demandas en tribunales federales para bloquear la implementación de esta orden ejecutiva. Los fiscales generales de estos estados argumentan que el presidente no tiene la autoridad para reescribir o anular una enmienda constitucional y que la medida causaría un daño «inmediato e irreparable» a los residentes de sus jurisdicciones.
Además, organizaciones defensoras de los derechos humanos, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), también han interpuesto demandas similares, calificando la orden de inconstitucional y perjudicial para las familias afectadas.
La Enmienda 14 de la Constitución establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos son ciudadanos del país y del estado en el que residen. Modificar este derecho requeriría un proceso complejo que incluye la aprobación de una nueva enmienda constitucional, lo cual implica una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados.
