La ciudad costera de Biddeford, en Maine, fue este lunes el escenario de la segunda muerte a tiros por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) en menos de una semana. Un colombiano de 26 años, a quien las autoridades no han identificado más de doce horas después del suceso, murió por los tiros disparados por un agente del ICE cuando se disponía a ir a trabajar en su coche. El senador independiente de Maine Angus King afirmó que, según el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, la víctima no era el mismo hombre sobre el que el ICE tenía una orden judicial de deportación. Un déjà vu de lo acontecido seis días antes en Houston, cuando otro agente del ICE disparó mortalmente contra Lorenzo Salgado, un mexicano de 52 años a quien confundieron con otra persona.
Pasaban las siete de la mañana cuando un tiroteo alertó a los vecinos de Biddeford, una pequeña ciudad de clase trabajadora de unos 23.000 habitantes, situada a unos 24 kilómetros (15 millas) al suroeste de Portland. Varios testigos vieron cómo agentes federales corrían detrás de un coche blanco que tenía agujeros de balas en el parabrisas. El conductor resultó muerto. Horas después del suceso, las autoridades seguían sin identificar al hombre, que, según anunciaron la organización Maine Immigrants’ Rights Coalition y Presente!, era de nacionalidad colombiana, tenía 26 años y contaba con un permiso de trabajo y un número del seguro social.
Pronto varios residentes empezaron a acudir al lugar de los hechos para protestar contra las operaciones del ICE, cuando aún está reciente la muerte de Salgado. En ambos casos, la primera explicación del Gobierno, casi 12 horas después de los hechos, fue que los agentes actuaron en defensa propia.
On July 13, 2026, at approximately 7:00 AM ET, ICE was conducting targeted surveillance on the last known address of an illegal alien with a final order of removal. An illegal alien departed the residence in a vehicle. ICE law enforcement attempted to conduct a vehicle stop. The…
— Homeland Security (@DHSgov) July 13, 2026
“El ICE realizaba una vigilancia dirigida en el último domicilio conocido de un inmigrante indocumentado con una orden de expulsión definitiva. Dicho individuo salió de la residencia en un vehículo. Agentes del ICE intentaron interceptar el vehículo; este trató de huir del lugar y, ante el temor por la seguridad pública, un agente disparó su arma”, dijo el DHS en un comunicado.
“El Departamento de Policía de Biddeford y el FBI acudieron al lugar de los hechos. Se ha notificado a la Oficina del Inspector General (OIG) del DHS y, como ocurre con cualquier uso de armas de fuego, este incidente será objeto de investigación. Se trata de una situación en desarrollo y se informará al público a medida que se disponga de más información”, agregó. El comunicado del DHS no revela si era o no el objetivo, como, de acuerdo al senador King, aseguró el secretario Mullin.
La gobernadora de Maine, la demócrata Janet Mills, en respuesta a las informaciones de que la víctima no era el objetivo del ICE dijo: “Este hecho hace que la tragedia resulte aún más inquietante e indignante, y pone de relieve la manera imprudente y arbitraria en que se llevan a cabo las operaciones de control migratorio en Maine y en todo el país. Esto tiene que terminar”.
Versiones dudosas
En el caso de Salgado, los testigos que viajaban con él en el coche cuando fue baleado contradicen la versión de la Administración de que iba a atacar a los agentes. En la muerte ocurrida en Biddeford, residentes del lugar de los hechos creen que el conductor ya había recibido los disparos cuando los agentes persiguieron al coche que daba vueltas fuera de control y que, según la versión del DHS, les quiso embestir.
‘Intenté frenar’
Daniel Boucher relató que miró por la ventana de su apartamento en el tercer piso tras escuchar unos chasquidos y vio un automóvil pequeño “girado 90 grados respecto al bordillo” con una camioneta detrás, informa AP. El conductor estaba herido y el vehículo comenzó a desplazarse por la calle hasta que la camioneta volvió a chocarlo, dijo Boucher. “Tenía la cara ensangrentada. Tenía la cabeza ensangrentada”, dijo Boucher, visiblemente conmovido. “Escuché claramente a la víctima decir: ‘Intenté frenar’; lo escuché decir eso claramente”.
En ninguno de los dos casos los agentes llevaban cámaras corporales para poder comprobar sus versiones, una medida que llega con retraso después de que el DHS se comprometiera a que todos los agentes migratorios dispusieran de ellas. Después de la muerte de los ciudadanos estadounidenses Renée Good y Alex Pretti en enero en Minneapolis por los tiros disparados por agentes federales, el DHS invirtió millones de dólares a tal efecto en respuesta a la presión de los demócratas y del público, pero la mayoría todavía no dispone de las cámaras.
Mary Hayes, quien vive cerca del lugar donde ocurrió el tiroteo, dijo que el hombre residía en las inmediaciones con su esposa y su hija. “Vi a una esposa caer de rodillas al ver el cuerpo sin vida de su esposo en el suelo”, declaró Hayes mientras sostenía un cartel de cartón con la inscripción “No ICE, Stop ICE”. “Vi a una niña pequeña llorando, con su mochilita rosa puesta, porque nunca volverá a ver a su padre”, lamentó. Testigos afirmaron haber visto a la víctima sangrando por la cabeza.
Cory Poulin, cuya familia administra una lavandería cerca del lugar de los hechos, dijo que las cámaras de seguridad del establecimiento captaron imágenes del automóvil del hombre desplazándose hacia la intersección después de que se efectuaran los disparos. Otras imágenes de la escena mostraban el vehículo dando vueltas y el parabrisas con impactos de bala.

“Dos agentes del ICE corrieron hacia la intersección y otro agente del ICE, a bordo de una camioneta Ford, entró en ella para detener el vehículo que seguía avanzando”, relató. “No lo sé con certeza, pero no creo que estuviera vivo cuando el coche empezó a moverse”. Señaló que la Policía Estatal de Maine le pidió que no hiciera públicas las imágenes.
Liam LaFountain, alcalde de Biddeford, pidió en un comunicado “una investigación completa, exhaustiva y transparente sobre este incidente mortal”.
El fiscal general de Maine, Aaron M. Frey, declaró el lunes por la tarde que, según los informes iniciales, un agente de deportación estaba “llevando a cabo una operación de ejecución relacionada con una orden definitiva de expulsión cuando el individuo intentó huir en un vehículo en dirección al agente y recibió un disparo mortal”.
El ICE intensifica los arrestos
El Estado de Maine cuenta con una población envejecida, por lo que en las últimas décadas ha acogido a migrantes que han contribuido a revitalizar la economía y que ahora representan alrededor del 5% de la población. La presencia del ICE se intensificó en ese Estado desde enero con la llamada Operación Pesca del Día (Operation Catch of the Day), en alusión a la industria estatal de productos del mar y langosta. En las últimas semanas los residentes afirmaron que la actividad del ICE aumentó. La Administración ha impulsado las detenciones en todo el país, hasta alcanzar las 2.000 diarias a finales de junio, lo que duplica el número de arrestos que se estaban produciendo en los meses anteriores.
Wayne, que dirige el DHS desde finales de marzo, cuando sustituyo a Kristi Noem, llegó al puesto con el objetivo de mantener al ICE fuera de los titulares. Los asesinatos de Good y Pretti dispararon la impopularidad del departamento y la mayoría de la población se declaró en contra de los abusos de los agentes federales para cumplir la agenda migratoria del presidente, Donald Trump.

Políticos y organizaciones civiles exigieron una investigación exhaustiva de los hechos. En los casos anteriores se ha puesto en duda la parcialidad en las pesquisas, de las que se ha hecho cargo el FBI sin contar con la autoridades locales.
“La ejecución extrajudicial de otro miembro de la comunidad a manos de agentes del ICE en Maine —apenas unos días después del tiroteo mortal de Lorenzo Salgado Araujo en Houston— representa una escalada de violencia devastadora e inaceptable. No se trata de incidentes aislados; reflejan un sistema de control migratorio que se ha militarizado cada vez más, que carece de rendición de cuentas y que está dispuesto a emplear fuerza letal contra las mismas comunidades a las que se supone debe servir”, declaró Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), en un comunicado.


