Durante la noche del viernes 9 de agosto una transmisión mantuvo en vilo a miles de venezolanos. En La Vega, barriada popular caraqueña, un defensor de derechos humanos, excandidato en las listas del gobierno en una elección parlamentaria, era conminado por policías encapuchados a que se sometiera a un interrogatorio. Con la casa aún a oscuras, Koddy Campos, activista de la comunidad LGTBI, inició un “en vivo” en su cuenta de Instagram. Encendió la luz de la sala, se puso una remera azul, y comenzó a mostrar el intento de allanamiento ilegal a su morada. Miles de usuarios de conectaron. Policías encapuchados tumbaron las rejas de la ventana de la humilde vivienda. Uno de los efectivos le espetó: “Estamos buscando a los guarimberos a los que le pagaste”. Además de exigir respeto a sus derechos, Campos declaró: “Yo no soy un delincuente, tengo 16 años como defensor de derechos humanos, he escrito leyes para este país, la ley Constituyente contra el odio la escribí yo mismo”.
En 25 años desde el surgimiento del chavismo como un movimiento variopinto, que se aglutinó alrededor de Hugo Chávez, son varias las purgas internas que han llevado a que en 2024 partidarios que reivindican el legado de Chávez consideren que el madurismo es otra cosa.
En los casos iniciales, las razones para el desencuentro era la corrupción, posteriormente la violación constante de derechos humanos y la deriva autoritaria. A esas razones se suman hoy el desconocimiento de la voluntad popular expresada el 28 de julio, al no publicar los resultados ―como lo establece la norma―, y la persecución política que volteó uno de sus cañones contra los electores más pobres y aun más, contra antiguos votantes del chavismo.
La transmisión del viernes fue amplificada al unírsele Vladimir Villegas, un conocido político y periodista venezolano, que formó parte del gobierno hasta 2007. Villegas fue corredactor de la actual Constitución, renunció a su cargo de vicecanciller cuando Hugo Chávez intentó una reforma de la Carta Magna, violatoria de su espíritu original. En abril de 2002, cuando se produjo el golpe de Estado contra Chávez, encabezó la retoma del canal de televisión del Estado.
Hay un patrón en esta nueva oleada de represión. Los vídeos que circulan en las redes sociales, los testimonios de defensores de derechos humanos y los relatos de familiares de las víctimas de la represión coinciden. Funcionarios con capuchas que interceptan a las víctimas. Sin órdenes de aprehensión. Que desmontan puertas para violar las viviendas. Desapariciones forzadas de cientos de personas a quienes les prohíben el contacto con abogados. La imputación por delitos de terrorismo. En algunos audios se les escucha a los uniformados decirle a las víctimas: “Colabora”. Posteriormente, organismos del Estado han publicado videos en donde exponen a los detenidos, se burlan de ellos y amenazan con seguir la jornada represiva.
En distintas oficinas públicas exigen lealtad.
El desencanto de muchos que abrazaron la entonces propuesta revolucionaria en 1998 comenzó a mostrarse desde el año 2000; se agudizó con el fallecimiento del líder, en 2013 y se afianzó con Maduro al frente del gobierno. Como una marea, ha tenido flujos y reflujos. Los millonarios ingresos del fisco venezolano se dilapidaron entre políticas asistencialistas ―a través de un programa de misiones enfocadas en la prestación de servicios― y el robo descarado.
En Venezuela se hizo popular el término “boliburguesía” para referirse a algunos sectores del oficialismo que en vez de rendir culto al libertador Simón Bolívar, adoraban la moneda venezolana. Desde 2007 la divisa ha sido devaluada con reconversiones que han eliminado hasta 14 ceros. Actualmente, ha sido sustituida, de facto, por el dólar estadounidense.
Un poco más elaborada fue la descripción de la “derecha endógena”, para referirse a la élite del sector militar, con hábitos millonarios. Y finalmente, como de todo hay en la viña del señor, en el oficialismo venezolano, descubrieron tempranamente que ser rico no es tan malo ―como clamaba Chávez― y varios se juntaron con una camada de jóvenes empresarios que recibieron el remoquete de bolichicos. Algunos de ellos, con negocios exitosos en España.
Exfuncionarios y funcionarios del último cuarto de siglo figuran en más de 141 tramas de corrupción internacional vinculadas a la empresa estatal Petróleos de Venezuela, según cifras de la organización Transparencia Internacional.
En julio de 2012 Chávez iniciaba su campaña por la tercera reelección. Ya era público que sufría de un cáncer mortal. En un acto que congregó a miles en Maracay, una ciudad a 180 kilómetros de Caracas, lo acompañaron, entre otros, el gobernador del Estado Aragua, Rafael Isea ―actualmente en el exilio en Estados Unidos― y la ministra Maripili Hernández, critica de las violaciones de derechos humanos del Gobierno de Maduro, especialmente en la razia poselectoral.
Según testigos de la agonía del mandatario, en febrero de 2013, cuando Chávez convalecía en el hospital militar en Caracas, solo lo visitaba un grupo muy reducido. Entre ellos, el por entonces todopoderoso zar del petróleo, el ministro Rafael Ramirez. En su lecho de muerte, el mandatario exigió que hicieran un cambio en la política económica, porque la crisis que se venía, por la caída de los precios del petróleo, sería demoledora. Por el contrario, Maduro insistió en un esquema que afectó la ya endeble economía venezolana. Posteriormente se deshizo de Ramírez a quien acusó de corrupto.
Del gabinete que acompañó a Chávez durante su último periodo, Rodrigo Cabezas y Héctor Navarro, formaron junto a otros disidentes una Plataforma de Defensa de la Constitución, espacio conformado por dirigentes de izquierda. Días atrás firmaron una carta exigiendo que los resultados de la elección del 28 de julio sean publicados como establece la norma.
Hay una figura política que en las semanas pasadas ha tenido un revival. Se trata de Juan Barreto, profesor universitario, exalcalde mayor y uno de los movilizadores más fuerte de los movimientos sociales que salieron a la calle para exigir el retorno de Chávez el 13 de abril de 2002. Aún recuerdo, cuando en la madrugada ya del 14 de abril, llegué a una emisora de radio, luego de haber estado detenida en el Fuerte Tiuna, la instalación militar que fue epicentro del contragolpe. A uno de los primeros que encontré fue a Barreto, con escoltas armados. Para él, era cuestión de vida o muerte tomar el control de esos medios para difundir el mensaje de los leales a Chávez.
Hoy usa las redes sociales para hablarle a los movimientos de base y exigir que el Poder Electoral muestre los resultados.
En Venezuela, más cien militares son presos políticos. El general Isaias Baduel murió en prisión sin ser sometido a segundo juicio. En 2017, la fiscal Luisa Ortega Díaz, declaraba que se había roto el hilo constitucional. Fue defenestrada y perseguida. Hoy está en el exilio.
El ataque contra los mas pobres no es inédito. Desde julio de 2015, el madurismo aplicó un dispositivo de seguridad llamado Operación Liberación del Pueblo. Cientos de jóvenes, algunos señalados de delincuentes, fueron ajusticiados. Efectivos de seguridad, con máscaras, entraban a las casas de presuntos delincuentes y los ejecutaban, según testimonios. Luego daban parte de supuestos enfrentamientos. Hubo masacres documentadas. Una de ellas ocurrió en enero de 2021, precisamente en La Vega, la extendida barriada donde Koddy Campos vive. Aquella vez mataron a 23 jóvenes. No hubo ninguna baja policial reportada.
La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU exigió que se disolviera el cuerpo policial encargado de tales operativos. Esto ocurrió, pero, fue sustituido por otro, que ha sido identificado, actualmente, como uno de los ejecutores de la persecución contra los disidentes de la base chavista.
En la transmisión que hizo Koddy Campos en su instagram se ve el rostro de uno de los policías. Inmediatamente se lo cubre con un pasamontañas. La ley del odio ha sido usada indiscriminadamente contra quienes se han opuesto al gobierno. Establece penas de prisión de hasta 20 años. Campos, como muchos otros, se escindió del oficialismo y continuó su trabajo como defensor de los derechos de la comunidad LGTBI. El viernes, luego de batallar verbalmente por más de dos horas, mientras continuaba la transmisión, la policía desistió de ingresar a su casa. En medio de la oscurana, Campos y su compañero salieron a refugiarse. Hoy están en la clandestinidad.
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