-El Senado legisla a vapor para salvar las pensiones de la construcción-
¡Qué tal, comunidad de TeclaLibre! Aquí venimos con el bisturí político para diseccionar lo que acaba de pasar en el Senado. Si pensabas que el «paquete económico» aprobado a mediados de junio ya estaba oleado y sacramentado, el Congreso nos acaba de recordar que en política dominicana los platos se cocinan, se desarman y se vuelven a armar en tiempo récord.
El Senado aprobó a vapor —en dos lecturas consecutivas— enmendar un error que cometieron ellos mismos apenas unas semanas atrás. Habían derogado sin querer (o queriendo) un pilar del financiamiento de los trabajadores de la construcción.
Vámonos al trasfondo de este «recule» legislativo al más puro estilo de nuestro análisis sin filtros.
¿Qué rayo es la Ley 6-86 y por qué dolió tanto? Cuando el Poder Ejecutivo sometió la Ley de Medidas Pro Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, el objetivo principal era buscar dinero. Entre parches fiscales (como subir el impuesto a los cheques/transferencias al 0.20% o elevar el ISR corporativo al 30% a los gigantes de más de RD$1,000 millones), incluyeron un artículo «limpiador»: el artículo 61.
Este artículo derogaba varias leyes de control tributario consideradas «obsoletas». ¿El problema? Se llevaron de encuentro el artículo 4 de la Ley 6-86.
La Ley 6-86 es sagrada para el sector sindical. Establece la retención del 1% sobre el valor de todas las obras construidas en el país. Esos fondos van destinados directamente al Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción (FOPETCONS).
Al tumbar el mecanismo de recaudación que maneja Impuestos Internos (DGII), dejaron al fondo de los albañiles, varilleros y carpinteros prácticamente en la quiebra técnica. Las alarmas en las redes, los gremios y los podcasts de economía no tardaron en estallar: se estaba desprotegiendo a uno de los sectores laborales más informales y vulnerables del país.
El ambiente en el hemiciclo dejó en evidencia cómo se manejan los hilos del consenso (y el disenso) en la Cámara Alta. El debate giró en torno a la ligereza con la que a veces se aprueban las leyes de urgencia.
- Omar Fernández (Fuerza del Pueblo – Distrito Nacional) Al estilo que le caracteriza, el senador de la capital enfocó su crítica en la falta de rigurosidad legislativa. Para la oposición, este episodio es el ejemplo perfecto de por qué no se debe legislar «al vapor». Aunque votó a favor de enmendar el entuerto y devolverle el derecho a los trabajadores, el mensaje entre líneas de Fernández fue claro: el oficialismo usó su mayoría mecánica para aprobar un paquete económico sin leer las letras chiquitas, afectando conquistas sociales históricas.
- Ramón Rogelio Genao (PRSC – La Vega) Genao, viejo zorro de la política y aliado clave del oficialismo, buscó suavizar el golpe. Su narrativa defendió que el Congreso tiene la madurez de «rectificar de sabios». Planteó que, ante las legítimas preocupaciones del sector sindical de la construcción, la rápida intervención de los legisladores (vía los diputados Rafael Castillo, Pedro Julio Alcántara y Amado Díaz) demuestra que el gobierno y sus cámaras escuchan a la gente. Para Genao, el problema no fue la mala fe, sino la necesidad técnica de limpiar el código tributario, que requería esta cirugía inmediata.
- Yván Lorenzo / Bautista Rojas Gómez (Bautista) (Fuerza del Pueblo – Hermanas Mirabal) Desde la esquina de «Bauta» Rojas y la bancada verde, el tono fue mucho más punzante. Se catalogó la derogación inicial como un «atentado directo» contra la clase trabajadora en beneficio de los grandes desarrolladores inmobiliarios. El argumento de esta facción fue que el Ministerio de Hacienda diseñó un traje a la medida de la tecnocracia fiscal, olvidándose del impacto humano en el camino. Aunque celebraron la rectificación, advirtieron que se mantendrán vigilantes ante futuros «goles» legislativos en los proyectos económicos que sigan llegando desde el Palacio.
Lo que nos deja la jornada El gobierno de Luis Abinader logró salvar la espina dorsal de su Ley Pro-Crecimiento y Mitigación de Crisis. El Ministerio de Hacienda conserva sus herramientas para frenar el déficit y capear las turbulencias del petróleo y la crisis internacional. Quitaron los anticipos a las microempresas y reajustaron los tramos del ISR para la clase media, lo cual es música para los oídos de muchos.
Ministerio de Hacienda
Sin embargo, el «limbo» de la Ley 6-86 nos deja una lección clarísima: en la prisa por recaudar y simplificar el sistema tributario, el hilo siempre tiende a romperse por lo más delgado. Si los sindicatos de la construcción no se hubieran movilizado masivamente en medios digitales y programas de opinión, hoy el 1% de las megaobras se hubiera quedado en los bolsillos del Estado o de los constructores, dejando desamparados a miles de obreros en su vejez. Bien por la rectificación, pero un fuerte jalón de orejas a la Comisión Bicameral por el descuido original.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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