Cuando el silencio diplomático no consigue detener los rumores
Por Felix Jimenez de Lora
La reciente decisión del Gobierno dominicano de solicitar la salida del país de nueve miembros de la misión diplomática cubana, junto con sus familiares, ha provocado más preguntas que respuestas. La Cancillería dominicana concedió a los funcionarios un plazo de siete días para abandonar el territorio nacional, pero se abstuvo deliberadamente de explicar las razones.
El comunicado oficial se limitó a señalar que la medida se inscribe dentro de las facultades reconocidas al Estado receptor por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Añadió que el asunto continuaría manejándose con discreción y por los canales establecidos, con el propósito de preservar las relaciones entre ambos países.
Esa prudencia es comprensible.
Cuando se produce un incidente que involucra a representantes diplomáticos, una acusación pública puede provocar consecuencias difíciles de controlar. Una declaración precipitada puede llevar a protestas oficiales, medidas de reciprocidad, reducción del personal de las embajadas o, en el peor de los casos, a una ruptura de relaciones. A veces los gobiernos prefieren resolver discretamente aquello que, expuesto públicamente, podría convertirse en una confrontación internacional.
Sin embargo, el silencio oficial tiene también sus limitaciones. Puede impedir una crisis diplomática inmediata, pero no necesariamente evita que los hechos sean conocidos. Cuando varias personas han presenciado determinados acontecimientos, cuando existen participantes directos y cuando han intervenido autoridades nacionales, los rumores inevitablemente comienzan a circular. La ausencia de una explicación oficial no elimina esos rumores; con frecuencia, los alimenta.
Los hechos que conocemos
Durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Santo Domingo, varios integrantes de la delegación cubana decidieron no regresar a su país. Entre ellos se mencionan deportistas de esgrima, remo, hockey sobre césped y softbol.
La decisión de estos jóvenes no constituye, por sí misma, una infracción de las leyes dominicanas. Una vez que manifestaron su voluntad de permanecer en República Dominicana, correspondía a las autoridades determinar su situación migratoria y garantizar que pudieran actuar libremente, sin amenazas ni coacciones.
Poco después comenzaron a circular versiones según las cuales algunas personas vinculadas con la representación cubana no habrían aceptado tranquilamente la decisión de los atletas. Se afirma que se intentó localizarlos y convencerlos —o posiblemente obligarlos— a regresar con la delegación. Algunas informaciones llegan más lejos y hablan de un intento de llevárselos contra su voluntad.
No contamos hasta ahora con una denuncia policial publicada, con el testimonio formal de los atletas ni con un comunicado del Gobierno dominicano que confirme esos detalles. Por tanto, no podemos presentarlos como hechos definitivamente comprobados.
Pero tampoco parece responsable descartarlos como simples invenciones.
Según las versiones que circulan, la situación habría alcanzado suficiente gravedad como para que se solicitara la intervención de las autoridades dominicanas con el objetivo de proteger a algunos de los deportistas. Si eso realmente ocurrió, ya no estaríamos hablando solamente de una diferencia entre una delegación deportiva y varios de sus integrantes. Estaríamos ante una posible actuación de representantes de un Estado extranjero sobre personas que, encontrándose en territorio dominicano, habían expresado una decisión individual que las leyes de nuestro país debían proteger.
Una secuencia difícil de ignorar
La cronología resulta particularmente reveladora.
Los Juegos concluyeron el 8 de agosto. En los días siguientes se conoció que varios atletas cubanos no habían regresado con la delegación. Casi inmediatamente comenzaron a circular informaciones sobre incidentes relacionados con su localización y sobre una posible intervención de las autoridades dominicanas. Finalmente, el 13 de agosto, el Gobierno solicitó el retiro de nueve miembros de la misión diplomática cubana y de sus familiares.
La cercanía entre esos acontecimientos no demuestra por sí sola que exista una relación directa. La coincidencia temporal no constituye una prueba. Pero resulta difícil pensar que se trata de sucesos completamente independientes.
Algunos medios dominicanos, citando fuentes no identificadas con conocimiento del caso, han señalado que la medida podría estar relacionada con actividades de inteligencia realizadas por funcionarios cubanos bajo la cobertura de sus cargos diplomáticos. Otras versiones sostienen que la salida de los diplomáticos no guarda relación con los atletas.
Ambas informaciones proceden de fuentes anónimas y, por tanto, deben examinarse con cautela. Pero tampoco son necesariamente contradictorias.
Es posible que las autoridades dominicanas ya tuvieran conocimiento de ciertas actividades incompatibles con las funciones diplomáticas y que el episodio de los atletas precipitara una decisión que se venía considerando. También es posible que los intentos de localizar o controlar a los deportistas condujeran a una investigación más amplia. O quizá la expresión “actividades de inteligencia” sea precisamente la manera reservada de describir las actuaciones realizadas alrededor de ellos.
Todo esto es una interpretación. No disponemos de pruebas suficientes para afirmarlo categóricamente. Pero es una interpretación razonable cuando se observa la secuencia completa.
¿Presión de Estados Unidos?
El Gobierno cubano ha atribuido la medida a presiones de Estados Unidos y la ha presentado como un acto de subordinación de República Dominicana a la política de Washington contra La Habana.
Es cierto que el Gobierno dominicano ha venido distanciándose políticamente del régimen cubano. República Dominicana no invitó a Cuba a la proyectada X Cumbre de las Américas, modificó su posición tradicional en una votación internacional relacionada con las sanciones estadounidenses y el presidente Luis Abinader ha declarado que Cuba no es un Estado democrático.
Existe, por tanto, un contexto político que permite comprender la acusación cubana.
Pero contexto no significa prueba. Hasta el momento no se conoce una declaración del Departamento de Estado, de la Embajada estadounidense en Santo Domingo o de algún funcionario identificado que confirme que Washington solicitó la salida de los diplomáticos. Afirmar que Estados Unidos ordenó la medida sería ir más allá de la evidencia disponible.
Incluso si existiera cooperación o intercambio de información entre los servicios de ambos países, la responsabilidad de la decisión final corresponde al Gobierno dominicano. Fue República Dominicana la que consideró que la permanencia de esos funcionarios ya no era conveniente y ejerció una facultad reconocida por el derecho internacional.
Lo que sugiere la magnitud de la medida
Solicitar el retiro simultáneo de nueve funcionarios diplomáticos no parece una reacción ordinaria frente a una indiscreción menor. La cantidad sugiere que las autoridades pudieron haber identificado un problema más amplio que la conducta aislada de una sola persona.
Cuba afirma que fueron diez los funcionarios afectados, mientras República Dominicana habla de nueve. Tampoco se ha aclarado esta diferencia. Pero cualquiera de las dos cifras representa una reducción considerable de una misión diplomática.
Al mismo tiempo, el Gobierno dominicano ha indicado que desea preservar las relaciones con Cuba. No ordenó cerrar la embajada, no rompió relaciones diplomáticas y evitó declarar públicamente a los funcionarios responsables de actividades específicas. Todo parece indicar que quiso adoptar una medida severa, pero cuidadosamente limitada.
Ese comportamiento resulta compatible con la posibilidad de que haya ocurrido algo serio que el Gobierno dominicano no desea revelar por completo.
Nuestra conclusión provisional
No podemos asegurar que los diplomáticos fueran expulsados por intentar obligar a los atletas a regresar a Cuba. Tampoco podemos afirmar que todos los funcionarios afectados participaran en actividades de inteligencia, ni que Estados Unidos promoviera directamente la decisión.
Lo que sí podemos hacer es observar los hechos conocidos y formular una conclusión provisional.
Varios atletas cubanos decidieron permanecer en República Dominicana. Surgieron versiones de que personas vinculadas con Cuba intentaron localizarlos o ejercer presión sobre ellos. Según esas informaciones, fue necesario recurrir a autoridades dominicanas para garantizar su protección. Pocos días después, el Gobierno solicitó el retiro de una cantidad inusualmente grande de funcionarios cubanos y decidió no explicar públicamente los motivos.
Nuestra interpretación es que posiblemente existió una relación entre esos acontecimientos. El episodio de los atletas pudo haber revelado o confirmado actuaciones que las autoridades dominicanas consideraron incompatibles con las funciones de una misión diplomática. También pudo ser el detonante de una decisión que respondía a preocupaciones anteriores.
Repetimos: esta es una conclusión propia basada en la cronología, en los datos disponibles y en las versiones conocidas hasta el momento. No pretende sustituir una investigación oficial ni presentar como probado aquello que todavía no ha sido demostrado.
La discreción diplomática puede ser necesaria para evitar una crisis mayor. Pero cuando los acontecimientos han ocurrido ante testigos y han requerido la intervención de autoridades, resulta imposible mantenerlos completamente dentro de los salones reservados de las cancillerías.
Los gobiernos pueden decidir no hablar. Los hechos, sin embargo, suelen encontrar otras maneras de hacerlo.
