GOLDQUEST, EL ORO DE SAN JUAN Y EL CONFLICTO DE INTERÉS QUE DESNUDÓ AL PODER

-El caso GoldQuest no es solo una lucha por el oro, es una lucha por la transparencia, la justicia ambiental y la soberanía nacional-

Síntesis del conflicto:
El reciente freno al proyecto minero Romero en San Juan de la Maguana, por orden del presidente Abinader tras las masivas protestas ciudadanas, ha destapado una olla de presión que ya viene hirviendo desde hace años. El ministro de turno, Antonio Almonte, se ha visto en la incómoda posición de tener que explicar la contratación de Julio Ernesto Espaillat Lamarche como asesor en el Ministerio de Energía y Minas—¿el mismo Espaillat que fue presidente de GoldQuest, accionista de la canadiense y que ha estado comprando y vendiendo acciones de la minera desde hace años? La pregunta no es si hay conflicto de interés, sino si el propio Estado se ha convertido en socio silencioso del capital criollo que mueve los hilos.

El capital dominicano siempre ha sido astuto, pero con GoldQuest se superaron. Guess Investments Ltd., una empresa registrada en el paraíso fiscal de San Cristóbal y Nieves, pero con dirección en la exclusiva Torre Washington de Piantini, se ha convertido en el mayor accionista individual de GoldQuest, controlando alrededor del 11.3% de las acciones. Esta compañía, controlada por ciudadanos dominicanos, entró a bajo precio en 2025 (0.20 CAD por acción) y luego participó en una colocación privada a 0.50 CAD, justo antes de que el proyecto entrara en la fase final del Estudio de Impacto Ambiental.

Pero aquí viene lo más sabroso: Guess Investments tiene derecho a designar hasta dos directores en el consejo de GoldQuest. Ya nombraron a Charles Reid Bermúdez y a José Michelen, dos tipos con espaldas financieras y trayectoria en inversiones. La pregunta que todos se hacen es: ¿quiénes son realmente los dueños de ese offshore? GoldQuest dice que es el «fuerte apoyo de inversionistas locales», pero si son tan patriotas, ¿por qué esconderse tras una sociedad anónima en un paraíso fiscal? La única explicación razonable es que no quieren que sepamos sus nombres. Y cuando alguien con plata no quiere que sepamos su nombre, es porque tienen algo que perder, algo que esconder, o ambas.

El presidente Luis Abinader, en un giro político que sorprendió a propios y extraños, ordenó el 5 de mayo de 2026 la suspensión inmediata de todas las actividades del proyecto Romero. En un breve mensaje a la nación, argumentó que «cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia». La decisión fue celebrada por las comunidades de San Juan, que salieron a las calles con banderas dominicanas y caravanas de vehículos.

Sin embargo, el gobierno no ha dado explicaciones sobre la contratación de Espaillat Lamarche ni sobre el origen de Guess Investments. El ministro Almonte ha guardado silencio, y la Presidencia no ha ofrecido declaraciones oficiales más allá del anuncio de suspensión. Esto deja un vacío que alimenta la sospecha: ¿fue la suspensión un gesto político para calmar las aguas, mientras en privado se sigue avanzando en el lobby minero?

GoldQuest, por su parte, no se ha dado por vencida. La empresa anunció el retiro de sus equipos de la zona para «priorizar la tranquilidad de las comunidades», pero mantiene un discurso de continuidad: reafirmó su «compromiso con un desarrollo responsable y transparente» y asegura que el proyecto sigue avanzando dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. En un comunicado, GoldQuest informó que trabaja junto a la Academia de Ciencias de la República Dominicana como observador independiente del proceso ambiental. La empresa, además, ha dejado claro que no considera cerradas sus operaciones en San Juan.

Mientras tanto, en la Bolsa de Toronto, las acciones de GoldQuest se desplomaron más de un 70% tras la suspensión, pasando de 2.30 CAD a 0.71 CAD, lo que refleja el pánico inversionista y la incertidumbre sobre el futuro del proyecto.

El impacto político es inmediato: el gobierno de Abinader se enfrenta a un dilema. Por un lado, las protestas ciudadanas exigen transparencia y protección ambiental; por otro, los intereses económicos locales y extranjeros presionan para que el proyecto avance. La oposición política ha aprovechado el caso para cuestionar la ética del gobierno, y se rumorea que la Procuraduría General de la República podría abrir una investigación por posibles violaciones a la Ley de Función Pública y conflictos de interés.

Económicamente, el proyecto Romero representa una inversión valorada en unos 5,000 millones de dólares, con reservas equivalentes a 1.1 millones de onzas de oro. Su paralización golpea directamente a los inversionistas, especialmente a los dominicanos que invirtieron a través de Guess Investments. La caída de las acciones de GoldQuest ha generado pérdidas millonarias, y algunos de esos inversionistas podrían estar presionando entre bambalinas para que el gobierno levante la suspensión.

Legalmente, la situación es un pantano. El artículo 138 de la Constitución Dominicana establece principios de transparencia y responsabilidad en la administración pública, mientras que la Ley 41-08 de Función Pública exige a los asesores estatales actuar con imparcialidad y evitar conflictos de interés. Si se demuestra que Espaillat Lamarche influyó en decisiones del ministerio mientras era accionista de GoldQuest, podría haber violaciones administrativas graves. Sin embargo, la falta de regulación específica sobre asesorías externas y la inexistencia de una ley de lobbies en el país dificultan la investigación.

Mientras tanto, en San Juan de la Maguana, la gente sigue en las calles. Los líderes comunitarios, como Rubén Moreta, celebran la suspensión como una «victoria del pueblo», pero advierten que no bajarán la guardia: temen que el gobierno ceda ante las presiones empresariales. La prensa local ha documentado denuncias de ciudadanos que temen por el agua, la agricultura y la soberanía alimentaria de la región.

En las redes sociales, el debate es candente. Bajo el hashtag #AguaSíOroNo, miles de usuarios han compartido memes, denuncias y análisis críticos. Comentarios como «el oro se lo llevan, el veneno se queda» o «los dueños de Guess Investments son los mismos de siempre, pero con pasaporte canadiense» reflejan la indignación popular. Sin embargo, también hay voces que abogan por el desarrollo económico y los empleos que generaría la minería, aunque minoritarias.

El Contexto Regional
Este caso no es aislado en América Latina. Países como Perú, Chile y Colombia han vivido conflictos similares entre megaminería y comunidades locales. Lo que diferencia a República Dominicana es la celeridad con la que el gobierno reaccionó a las protestas y la poca transparencia sobre los actores involucrados. Mientras en otros países los conflictos mineros se judicializan durante años, aquí el presidente optó por una suspensión inmediata, quizás temiendo un desgaste político similar al que sufrió el gobierno de Danilo Medina con la mina de Pueblo Viejo.

La pregunta del millón es: ¿quién está detrás de Guess Investments? Mientras no se revelen los nombres de los dueños reales del offshore, el conflicto de interés seguirá siendo solo la punta del iceberg. ¿Son los mismos grupos empresariales que financiaron campañas políticas? ¿Contratistas del Estado? ¿Exfuncionarios? La opacidad es total, y el gobierno no ha mostrado interés en investigar.

Otro punto ciego es el papel de la Procuraduría General de la República. Hasta ahora, no ha abierto una investigación formal sobre las posibles violaciones administrativas o penales. La ausencia de acción judicial sugiere que, por ahora, el gobierno prefiere manejar el asunto internamente, quizás para no profundizar en una crisis que podría salpicar a más de un alto funcionario.

A corto plazo, Abinader enfrenta una disyuntiva: si levanta la suspensión, se enfrentará a nuevas protestas y al desgaste político; si la mantiene, los inversionistas presionarán y el proyecto podría morir en los tribunales. A largo plazo, este caso sienta un precedente importante sobre la relación entre el capital privado y el Estado, y sobre la necesidad de una ley de transparencia y regulación de lobbies que hasta ahora brilla por su ausencia.

Y por si fuera poco, la propia GoldQuest ha intensificado su estrategia legal, amenazando con acciones judiciales contra quienes, como TeclaLibre, han denunciado los vínculos entre la empresa y el poder económico local. La empresa afirmó que se trata de «difamación» y «desinformación», pero expertos en derecho señalan que estas tácticas suelen ser un intento de amedrentar a quienes investigan.

El caso GoldQuest no es solo una lucha por el oro, es una lucha por la transparencia, la justicia ambiental y la soberanía nacional. El conflicto de interés de Julio Ernesto Espaillat Lamarche es solo el síntoma de un mal más profundo: la promiscuidad entre el poder político, el capital criollo y las corporaciones extranjeras. Hasta que República Dominicana no tenga una ley de transparencia sólida, un registro público de lobbies y mecanismos efectivos para prevenir la corrupción, casos como este seguirán siendo la norma. Mientras tanto, en San Juan, el pueblo seguirá velando por su agua… y los dueños de Guess Investments seguirán tomando whisky en Piantini, con la esperanza de que la tormenta pase. Y con la esperanza de que nadie pregunte demasiado.

-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-

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