El día de Navidad de 2024, Angela Della Valle estaba en el aeropuerto de Saint Thomas con su esposo Carlos y su hijo Alessandro, esperando el vuelo de regreso a Pensilvania después de unos días de vacaciones. En algún momento, volteó y Carlos no estaba. Un agente de Aduanas y Protección Fronteriza lo había detenido por ser indocumentado. La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA, por sus siglas en inglés) le había impedido a Carlos regularizar su estatus migratorio, a pesar de sus más de 20 años de matrimonio con Angela, quien es nacida en Estados Unidos.
Según cuenta ella, siete horas después de la detención, un oficial salió a buscarla para informarle que Carlos tenía una orden de deportación desde 1997 y que iba a pasar la noche en la cárcel. Esa vez consiguieron que lo liberaran bajo fianza. Pero en agosto de 2025 fue arrestado nuevamente durante una audiencia migratoria.
Lo que siguió fueron más de 250 días de detención en una decena de centros en varios Estados y dos intentos de deportarlo a México, su país natal. Angela, maestra de secundaria en Pensilvania, puso su vida en pausa y pasó todo ese tiempo siguiendo a su esposo de Estado en Estado, viviendo en hoteles y Airbnbs. El último centro donde lo enviaron fue al de Winn, en Luisiana, uno de los más grandes de ese Estado. Angela se mudó donde una amiga a 40 minutos de allí con tal de visitarlo una hora al día, cinco días por semana.
“Recibí una llamada de Winn. Me dijeron que Carlos iba a ser puesto en libertad y que fuera a recogerlo. No me dieron muchas explicaciones”, dijo Angela a EL PAÍS el pasado martes 28 de abril, cerca de las 10 de la noche.
Lo primero que hicieron la mañana siguiente fue ir al médico para atenderle a Carlos un dolor de oídos del que llevaba días quejándose. Desde entonces está libre, pero nadie sabe hasta cuándo.
Un callejón sin salida
La IIRIRA fue firmada por el presidente Bill Clinton en septiembre de 1996 y entró en vigor en abril de 1997. Fue la primera ley de EE UU que impuso castigos automáticos por permanecer en el país de forma irregular.
De acuerdo con la legislación, cualquier persona que haya permanecido por más de 180 días en el país sin estatus legal, una vez que salga, tiene prohibido regresar durante tres años. Si estuvo por más de un año, no puede volver por otros diez. No obstante, para intentar regularizar su estatus mediante el matrimonio con un ciudadano, la persona tiene que salir del país para hacer su trámite consular, lo cual activa el castigo.
Para la abogada Marielena Hincapié, también investigadora del programa de derecho migratorio de la Universidad de Cornell (Nueva York), el caso de Angela y Carlos demuestra que la IIRIRA ha convertido el vínculo del matrimonio entre un ciudadano y un migrante en “irrelevante”, porque no es suficiente para regularizar su estatus.
En 1997, cuando Carlos tenía 20 años, las autoridades le dieron una orden de deportación y lo llevaron a la frontera. Él volvió sin autorización y estuvo más de un año, por lo que debía salir otra vez y permanecer fuera del país al menos diez años para poder legalizarse. Esa es la norma. No importa el tiempo que lleve de matrimonio, si tiene un hijo en la universidad o si lleva 20 años en el mismo trabajo como gerente de planta de una fábrica. Tampoco importa lo limpios que estén sus antecedentes penales.
“Desde 1996 el Congreso creó un callejón sin salida. Salir del país activa el castigo, pero quedarse tampoco permite arreglar los papeles”, señala Hincapié.
Austin Kocher, investigador de temas migratorios y profesor de la Universidad de Syracuse, apunta que la orden de deportación de Carlos es de 1997, el mismo año que IIRIRA entró en vigor. “Estaba a pocos meses de haber sido un caso bajo el sistema anterior, donde los jueces tenían discreción para considerar los vínculos familiares antes de ordenar una deportación”, dice.
Si Carlos hubiera llegado en avión, con visa de turista, y luego se hubiera casado con Angela, probablemente ya fuera ciudadano. Pero cruzó la frontera ilegalmente. “El factor determinante es la forma en que entró al país”, confirma Hincapié. “Si entraste con visa, puedes ajustar tu estatus al casarte con un ciudadano. Si cruzaste la frontera sin inspección, ya estás sujeto a castigos muy diferentes”.
“Tiene que ver con la historia racial de la inmigración”, considera Kocher. “El cruce ilegal de frontera era algo que hacían los mexicanos y centroamericanos. Quedarse más tiempo del que permite la visa era algo que hacían personas que podían permitirse ese proceso y venían de países donde era posible obtener una visa. Es una distinción de clase y de raza que quedó inscrita en la ley”.
Según Angela, en el juicio de agosto pasado, Carlos enfrentó cargos federales por su reingreso ilegal luego de la deportación. Unos 20 amigos y vecinos suyos asistieron a la sala. Fue declarado inocente. En el pasillo, una agente del ICE le advirtió que de todos modos tenía que reportarse porque seguía sin estatus. Carlos se entregó el 13 de agosto.
En los centros donde estuvo, recuerda, las luces nunca se apagaban del todo. Las personas detenidas no sabían si tendrían cita con el juez en semanas o en meses. “Lo más difícil es no tener información”, dijo en una conferencia de prensa horas después de ser liberado. “No importa a qué número llames. Nadie sabe nada”.
“Lloré más en estos meses que en toda mi vida anterior”, añadió. “Y casi nunca lloré por mi situación. Lloré por los demás, por los jóvenes que vinieron siendo niños y los deportan a un país que no conocen. Son americanos. Lo único que no tienen es un papel que diga que son americanos”.
La presión política
Carlos llegó a su casa gracias a una presión que comenzó Angela y que llegó a las afueras del Capitolio de Washington D. C. La semana pasada, Angela participó en una manifestación en la capital para exigir la liberación de su esposo. “No existe una vía legal para una familia como la nuestra, no porque no lo hayamos intentado, sino porque el Congreso nunca la creó”, dijo durante el acto, que fue apoyado por la congresista republicana María Elvira Salazar, una de las principales promotoras de la llamada Ley Dignidad, que reformaría las cláusulas de IIRIRA. Esta legislación busca establecer una vía legal para los migrantes que han vivido y trabajado en Estados Unidos durante años sin antecedentes penales, con el fin de que puedan permanecer junto a sus familias sin riesgo de ser deportados.
American Families United, una organización que agrupa a familias de estatus mixto y que ha acompañado a Angela durante estos meses, estima que desde 1997, unos 270.000 cónyuges de ciudadanos americanos han sido deportados. “No es una falla de la Administración Trump”, dice la abogada Hincapié. “Es un resultado directo de cómo está estructurada la ley. Y la única manera en que esto puede cambiar es si el Congreso actúa.”
Angela lleva 24 años aprendiendo sobre esto. Dice que ha visto más de 40 abogados en todo ese tiempo y ninguno de ellos le ha dado esperanza. “Queremos este país”, asegura. “Eso es por lo que peleamos tan duro”.
Cuando Carlos supo que lo iban a soltar, empezó a abrazar a todas las personas que se quedaban en el centro de detención. Dice que salió feliz y con culpa al mismo tiempo, por las miles de personas que no han tenido ni tienen la misma suerte. Salió con tobillera y tiene una cita de inmigración la semana que viene. “No es ningún cambio en el caso todavía”, explica Hincapié. “Fue por la presión política. Pero el caso tiene que seguir adelante. La ley que lo trajo hasta aquí no cambió”.
