La Cancillería rechaza el destierro “sorpresivo e inhumano” de los 222 presos políticos. “Traen a la memoria los peores momentos de la dictadura de Somoza”, dice un comunicado
El Gobierno de Gustavo Petro ahora sí se ha sumado con firmeza a la condena internacional al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, tras el destierro de 222 presos políticos el pasado 9 de febrero. La Cancillería ha rechazado este jueves “los dictatoriales procederes de quien hace traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Anastasio Somoza”, en referencia al autócrata que la Revolución Sandinista, liderada por Ortega, derrocó en 1979. “Colombia ha registrado con repulsión las medidas tomadas de manera arbitraria por el jefe de gobierno de la hermana y sufrida República de Nicaragua contra ciudadanos de su país cuyo único delito ha sido defender la democracia, el derecho a la crítica y los derechos humanos universales”, lee el comunicado.
El tono de la Cancillería difiere del utilizado hace unos días, cuando otro comunicado lamentó la pérdida de la nacionalidad de los 222 presos expulsados el 9 de febrero y expresó la “preocupación” por la decisión de extender la medida a otros 94 opositores el 15 de febrero. “El Gobierno de Colombia hace un llamado generar medidas de confianza que contribuyan a la reconciliación nacional, al respeto del Estado de derecho y al bienestar del pueblo nicaragüense”, declaró en ese entonces. Según el texto, el Ministerio de Relaciones Exteriores seguía “con atención” las decisiones Nicaragua con respecto a un importante grupo de personas todavía detenidas en ese país.
El país andino ahora pide varias medidas a la comunidad internacional. Ha solicitado a la presidenta de Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, que consiga una autorización para visitar a los presos que todavía se encuentran en Nicaragua. “Víctimas son. El Derecho internacional Humanitario los cobija”, ha justificado. Además, Colombia exhorta al fiscal de la Corte Penal Internacional a tomar medidas: “El autoritarismo que se ha impuesto en la hermana república ha infringido normas ius cogens. Aquellas de las cuales se ha definido que son imperantes, inderogables, absolutas, perentorias, inmutables en esencia”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores se ha referido especialmente al caso del obispo Rolando Álvarez, que se negó a subir al avión del destierro y fue condenado a 26 años de cárcel. “Queda en la sagrada tierra nica quien logró señalar que afuera nunca”, ha resaltado. Según el texto, Álvarez ha dado una lección al mundo y a la dictadura con su “patriótica decisión”.
Colombia ha reforzado su compromiso y ha ofrecido la nacionalidad a todos los que han sido abusados “por el poder intolerante de Nicaragua”. “Mucho nos honrarían”, dice el comunicado. La medida llega después de semanas de silencio, en los que generó sorpresa que otros países como España tomaran la iniciativa. El Gobierno de Pedro Sánchez ofreció el 10 de febrero la nacionalidad española a los 222 presos políticos que el régimen había metido el día anterior en un avión hacia Estados Unidos. Después, el 17 de febrero, hizo extensiva la iniciativa a los otros 94 opositores despojados de su nacionalidad el 15 de ese mes. Mientras, en América Latina se mantenía la cautela.
