Gobierno Ignora la Ley y el Pueblo Paga: La Indexación Congelada del ISR
El debate sobre el Impuesto sobre la Renta (ISR) a los salarios vuelve a encenderse, y esta vez, el foco está puesto en el incumplimiento sistemático del Gobierno dominicano a una ley que busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores: la indexación por inflación de la escala salarial exenta.
El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández (Fuerza del Pueblo), levantó la voz este miércoles, exigiendo al Gobierno que cumpla con el Código Tributario. Su crítica es directa y contundente: el Proyecto de Presupuesto General del Estado para 2026 mantiene congelado por sexto año consecutivo el umbral salarial exento del ISR en RD$34,685 pesos mensuales.
Según Fernández, la ley obliga a aplicar la inflación, lo que llevaría el salario libre de impuestos hasta los RD$52,000 mensuales.
«Estamos hablando de una diferencia de 17,244 pesos que se le saca directamente del bolsillo a los dominicanos que más lo necesitan,» sentenció el legislador, advirtiendo que la decisión afecta a más de 300,000 trabajadores que ven mermado su poder adquisitivo.
La Confesión Oficialista: Incumplimiento Histórico
La respuesta más reveladora vino del propio seno del oficialismo. Senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), incluidos Antonio Taveras Guzmán, Pedro Tineo, Pedro Catrain y Moisés Ayala, reconocieron públicamente que el Estado ha incumplido constantemente con la normativa de indexación anual.
Lo interesante es que los senadores oficialistas se desmarcan de la responsabilidad exclusiva del gobierno actual, señalando que ninguno de los gobiernos –ni el actual ni los anteriores– ha aplicado el mandato legal. Es decir, el incumplimiento es una política de Estado tácita y de larga data.
Ante el reconocimiento de la deuda legal con los trabajadores, la propuesta de los congresistas del PRM no es la aplicación inmediata de la ley que ya existe, sino la aplicación «de forma inminente» de la prometida reforma fiscal.
Para ellos, una reforma tributaria integral es la vía para que el Estado obtenga más recursos sin sacrificar los salarios de los dominicanos. En otras palabras, la indexación del ISR, que aliviaría inmediatamente a la clase media y baja, se convierte en una pieza de negociación dentro de un paquete de cambios fiscales mucho más amplio.
El escenario es claro: existe una ley que busca ajustar la base imponible a la realidad económica (inflación), pero ha sido convenientemente ignorada por décadas. Este «impuesto silencioso» es uno de los mayores drenajes al bolsillo de los dominicanos.
La exigencia de Fernández es un llamado al cumplimiento de la ley. La respuesta del PRM es un reconocimiento del problema, pero una evasión de la solución inmediata, atándola a una futura y controversial reforma fiscal. El dilema es si el Gobierno está dispuesto a priorizar el cumplimiento legal y el alivio inmediato de 300,000 trabajadores o usar el desahogo salarial como moneda de cambio para impulsar una reforma que, históricamente, genera resistencia social.
El costo de seguir ignorando el Código Tributario es doble: legal y social. El trabajador sigue perdiendo; el Estado sigue incumpliendo. Urge desatar este nudo.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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