Por Inocencio García Javier
28 de febrero de 2020.
A principios de noviembre de 2021 el presidente Luis Abinader invitó a 30 partidos, agrupaciones y movimientos políticos con el objetivo de arribar a un consenso con todo el liderazgo nacional que permitiese acordar un Pacto de Nación en torno a la crisis de Haití.
Producto de la iniciativa de ese conjunto de organizaciones, se logró un consenso en torno a las causas y las consecuencias derivadas del colapso del Estado haitiano y su impacto en la República Dominicana. En las reuniones presididas por el señor presidente estuvieron presentes los altos funcionarios del gobierno, destacándose la presencia del canciller de la República.
El 17 de enero de 2022 el gobierno dominicano publicó en la mayoría de los diarios nacionales el comunicado que se dirigió “A la comunidad nacional e internacional”. En el primer párrafo se dijo, citamos:
“Ante la crisis que vive la vecina República de Haití, el liderazgo político de la República Dominicana, en una demostración de madurez, responsabilidad y unidad patriótica, más allá de diferencias políticas, partidarias e ideológicas, subordinando los intereses sectoriales y particulares al interés nacional, hemos aunado esfuerzos junto al gobierno con el objetivo de orientar acciones firmes para proteger nuestras fronteras, nuestra seguridad nacional y velar por el fiel cumplimiento de nuestras leyes migratorias”.
En el mismo, también se invitaba a todo el pueblo dominicano y a todos los sectores de la vida nacional, en esta crisis, a unirse a este esfuerzo colectivo de todo el liderazgo político de la nación.
Como se puede apreciar, no solo el comunicado expresó una voluntad genuina, sincera y patriótica, sino que en las reuniones con el señor presidente de la República los voceros de las organizaciones presentes, tanto las aliadas al gobierno como las de la oposición mostraron su apoyo, aunque con algunas reservas como lo hizo la Fuerza del Pueblo.
Después de esas muestras de apoyo sincero, genuino y entusiasta de las organizaciones políticas, el gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM abandonó la iniciativa y jamás se volvió a invitar para adoptar lo que se podría denominar una “Doctrina de Política Exterior” respecto a las complejas relaciones entre República Dominicana y Haití y, especialmente, en un contexto de colapso del Estado haitiano.
En los catorce párrafos dedicados a la crisis haitiana en su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero de este año, el jefe del Estado llama de nuevo a un Pacto de Nación y a abandonar posiciones partidarias. Lo hace en un lamentable ambiente nacional donde ya hay serias dudas sobre cuáles son las verdaderas intenciones de esas
declaraciones altisonantes, estentóreas, y concretamente, las acciones contradictorias que anulan de manera radical la supuesta defensa de la soberanía nacional.
El muro fronterizo que concitó el fervor nacional y fue apoyado por las organizaciones políticas y por amplios sectores de la sociedad dominicana, fue puesta en ejecución sin planificación y sin las apropiaciones presupuestarias correspondientes a la meta de edificación de 53 kilómetros en una primera etapa.
Es decir, empezó a construirse sin los adecuados montos en el principal instrumento de planificación que es el presupuesto nacional. Sin un ‘estudio de impacto ambiental’ –diferente a una limitada descripción del ‘informe ambiental-,’ que tomara en cuenta tanto los potenciales daños ambientales como el delicadísimo aspecto de la delimitación territorial acordada el 29 de febrero de 1929.
Ambas inobservancias de planificación han ocasionado dos graves daños, – y al parecer sin reparación-, como son la destrucción de la Laguna de Saladilla como área protegida en la provincia de Montecristi, ya comprobada por el mismo Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y el ceder a Haití cientos de miles de metros cuadrados del territorio nacional, en violación flagrante de la constitución nacional en su Art. 9, del ‘Territorio nacional’ que dispone que “El territorio de la República Dominicana es inalienable”, así como el Art. 10 de, ‘Régimen Fronterizo’, así como el número 67 de ‘Protección del medio ambiente.
De no corregirse estos graves daños, el presidente Luis Abinader se estaría inscribiendo en la historiografía nacional como el tercer gobernante, junto a Horacio Vásquez y el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, que ha negociado soberanía territorial del país con la República de Haití a cambio, por un lado, de favores políticos de gobernantes haitianos para ganancias espúreas en políticas internas; y, por otra parte, cediendo a presiones de poderes extranjeros.
Lo que llama la atención en esta cesión de soberanía territorial es que en Haití no hay en este momento ni una sola autoridad legal y legítimamente establecida.
¿cómo acudir de nuevo a un Pacto de Nación cuando el gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM, a través de su canciller, insiste en reintroducir el “proyecto Integral de Trata, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes” que hipoteca la soberanía nacional, a pesar de que toda la sociedad dominicana se expresó unánimemente, rechazándolo?
Con estas actitudes y acciones de política pública respecto a la espinosa y compleja crisis haitiana, el gobierno está mostrando su doble cara. Dice una cosa y hace otra. Y lo que hace es totalmente inconveniente para el pueblo dominicano, porque es a todas luces antinacional.
El gobierno del presidente Luis Abinader, como anda sin rumbo y en desesperación reelecionista, mostró muy tempranamente su carta bajo la manga. Y en estas
circunstancias, debemos acudir a una expresión que el profesor Juan Bosch utilizó con alguna frecuencia: “Si me engaña una vez, sinvergüenza es, si me engaña dos, sinvergüenza yo”.