-El descubrimiento de huesos humanos, ropa abandonada y posibles hornos crematorios en un rancho ubicado en el estado de Jalisco el pasado 8 de marzo ha conmocionado a la sociedad mexicana, que le pide respuestas al Gobierno por el hallazgo-
El descubrimiento en el rancho de Teuchitlán, Jalisco, el 8 de marzo de 2025, ha puesto al gobierno de Claudia Sheinbaum bajo un escrutinio intenso, especialmente considerando el contexto de la crisis de desaparecidos en México, que ya supera las 120,000 personas según datos oficiales. La afirmación de Sheinbaum de que este caso «no será su talón de Aquiles» invita a un análisis crítico, cargado de suspicacia, sobre sus intenciones, su manejo de la situación y las implicaciones políticas y sociales que esto conlleva.
Primero, la declaración de Sheinbaum podría interpretarse como un intento de proyectar control y confianza frente a un problema estructural que lleva décadas sin resolverse y que se ha agravado bajo administraciones previas, incluida la de su predecesor y aliado político, Andrés Manuel López Obrador. Al decir que no será su «talón de Aquiles», parece sugerir que tiene una estrategia para enfrentar la crisis, pero la falta de claridad sobre esa estrategia hasta ahora genera dudas. ¿Es esto una muestra de optimismo realista o una maniobra para desviar la presión pública? La ausencia de un plan concreto y detallado en sus primeras respuestas públicas al hallazgo podría indicar que el gobierno aún está reaccionando, más que liderando, ante la magnitud del problema.
El contexto del rancho Izaguirre agrega capas de sospecha. El hecho de que este lugar ya había sido inspeccionado por la Fiscalía de Jalisco en septiembre de 2024, sin que se reportaran los hornos crematorios, restos humanos o las más de 400 prendas y objetos personales ahora encontrados, apunta a posibles omisiones o encubrimientos por parte de las autoridades locales. Sheinbaum ha delegado parte de la responsabilidad a la Fiscalía General de la República (FGR), lo que podría leerse como un movimiento para federalizar el problema y diluir culpas locales, pero también plantea preguntas sobre por qué no se actuó antes si había indicios previos. ¿Sabía el gobierno federal algo que no se comunicó? ¿O es que la coordinación entre niveles de gobierno sigue siendo tan deficiente como en sexenios pasados?
Además, la respuesta de Sheinbaum —»que salga la verdad sin esconder nada y el deslinde de responsabilidades»— suena bien en teoría, pero su tono cauteloso y su insistencia en no apresurar conclusiones podrían percibirse como una táctica para ganar tiempo. Esto se alinea con su postura previa de cuestionar cifras de desaparecidos (como cuando rechazó las estimaciones del Episcopado Mexicano) y su tendencia a invisibilizar el tema, como sugieren críticos como Humberto Guerrero de Fundar. Si su administración busca reducir la visibilidad de la crisis, este caso podría ser un obstáculo inesperado que amenaza esa estrategia. ¿Está realmente comprometida con la transparencia, o es esto una cortina de humo para mantener su popularidad intacta?
Por otro lado, el hallazgo en Jalisco no es un incidente aislado, sino un reflejo de un patrón más amplio de violencia ligada al crimen organizado, particularmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La presencia de restos calcinados, objetos personales y testimonios de reclutamiento forzado sugieren una operación sistemática que trasciende este rancho. Si Sheinbaum insiste en que este no será su punto débil, ¿cómo planea abordar la raíz del problema —la impunidad y el poder del narco— sin que ello implique un cambio radical en las políticas de seguridad heredadas de López Obrador, como «abrazos, no balazos»? Su silencio sobre medidas específicas contra el crimen organizado en este contexto alimenta la sospecha de que podría optar por una postura reactiva en lugar de preventiva.
Finalmente, la presión social y mediática está creciendo, con colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco liderando la narrativa y exponiendo las fallas del Estado. Sheinbaum enfrenta un dilema: ignorar o minimizar el problema podría erosionar su credibilidad, pero enfrentarlo de lleno requeriría recursos, reformas y una voluntad política que hasta ahora no ha demostrado con claridad. Su afirmación puede ser un desafío autoimpuesto, pero también un riesgo: si no entrega resultados tangibles, este caso podría convertirse precisamente en el «talón de Aquiles» que ella niega, no por falta de popularidad inicial, sino por la incapacidad de su gobierno para romper con la inercia de décadas de negligencia e impunidad.
En resumen, con suspicacia, se puede argumentar que la declaración de Sheinbaum es más una apuesta política que una certeza basada en hechos. El verdadero desafío no es solo resolver el caso del rancho, sino demostrar que su administración puede ir más allá de las palabras y enfrentar una crisis que, por su escala y complejidad, pone en duda la efectividad del Estado mexicano en su conjunto. La verdad, como ella pide, podría salir a la luz, pero no está claro si su gobierno está preparado para lidiar con lo que revele.
LRS
