El regidor, el general y las sustancias ilícitas: otro escándalo que sacude al PRM
Un regidor del PRM y un general retirado se declaran culpables de narcotráfico en una corte de Estados Unidos. Ambos admitieron conspirar para enviar cocaína desde República Dominicana a la Florida. La frecuencia con que funcionarios electos del partido oficial aparecen en expedientes de drogas ya no sorprende: alarma.
El regidor Edickson Herrera Silvestre, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y el general retirado William Durán Jerez se declararon culpables de tráfico de cocaína ante una corte federal de los Estados Unidos. Ambos admitieron haber conspirado para transportar al menos cinco kilos del polvo blanco desde República Dominicana hacia el sur de la Florida.
Los documentos judiciales revelan que Herrera, conocido como “Yeyea”, firmó su acuerdo de culpabilidad el 6 de octubre, comprometiéndose a cooperar plenamente con las autoridades norteamericanas.
Esto incluye ofrecer testimonio, entregar documentos, y —según el texto— incluso “trabajar de forma encubierta” bajo supervisión de agentes federales.
En lenguaje claro: el regidor podría convertirse en delator oficial del narcotráfico caribeño.
El general retirado Durán Jerez firmó su acuerdo el 24 de septiembre, seguido de José Eduviges Aponte Torres, alias “Buby” o “Meano”, quien lo hizo el 18 del mismo mes. Los tres admitieron haber operado una red transnacional de tráfico de drogas entre mayo de 2020 y noviembre de 2022.
Según la acusación, la cocaína era comprada en Sudamérica, almacenada en República Dominicana y luego enviada a la Florida, donde se distribuía a través de contactos locales.
El dinero retornaba a Santo Domingo en vuelos comerciales y remesas encubiertas.
La Fiscalía del Distrito Sur de Florida retiró los cargos segundo y tercero a cambio de su cooperación. Las sentencias están pautadas así:
Aponte Torres: 5 de diciembre, 11:00 a.m. Durán Jerez: 11 de diciembre, 10:00 a.m. Herrera Silvestre: 8 de enero de 2026, 9:30 a.m.
Pese a su confesión, enfrentan penas que oscilan entre 10 años y cadena perpetua.
Lo más grave de este caso no es sólo la droga, sino la repetición del patrón: figuras políticas del partido gobernante implicadas en escándalos de tráfico, corrupción o sobornos.
La lista crece, y cada vez resulta más difícil sostener el discurso de “renovación ética” que el PRM prometió en 2020.
El partido reaccionó con el mismo libreto de siempre: “Quien viole la ley deberá asumir las consecuencias de sus actos.” Pero el problema ya no es individual, sino estructural.
En menos de dos años, varios funcionarios y militantes del PRM han sido vinculados a operaciones de narcotráfico o lavado de activos, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana.
Mientras en la República Dominicana la justicia suele dormirse entre tecnicismos y aplazamientos, las cortes norteamericanas avanzan sin titubeos. En Estados Unidos no hay “comisión” ni “pacto de gobernabilidad” que salve a nadie: o colaboras, o te hundes. Entre tanto, aquí en Dominicana nos acomodamos como se pueda, para esperar el resultado de las delaciones de estos imputados. Solo esperando ver «caer» a alguno de los de arriba.
Herrera Silvestre fue electo regidor en 2020, reelecto en 2024, y suspendido por la alcaldía en septiembre de 2025 por ausencias prolongadas. Durante ese tiempo —según los expedientes— estaba más ocupado negociando cocaína que resolviendo baches en su circunscripción.
El PRM llegó al poder con la promesa de “cambio” y “transparencia”.
Hoy, varios de sus dirigentes aparecen en el radar de la DEA y la justicia estadounidense.
Lo que antes se consideraba un escándalo aislado ya es una constante alarmante: cada cierto tiempo, surge un nuevo expediente con funcionarios, policías o empresarios oficialistas involucrados en tramas de narcotráfico o lavado.
¿Coincidencia?
O más bien, ¿un sistema político que se ha acostumbrado a vivir entre la impunidad y el polvo blanco?
En la República Dominicana, el narcotráfico ya no sólo infiltra barrios o puertos: infiltra boletas electorales. Mientras en Washington los acusados negocian reducir sus condenas, aquí los partidos siguen presentando candidatos sin control de antecedentes ni escrutinio ético.
Y así, cada vez que un “regidor” o un “general” termina esposado, la sociedad solo alcanza a murmurar lo obvio: el narco no corrompe al poder; ya forma parte de él.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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