-Un análisis jurídico del arresto de los hermanos Espaillat por el caso Jet Set-
El arresto de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, administradores del legendario Jet Set Club, representa un hito relevante en la investigación sobre el colapso del techo de esa sala de espectáculos que costó 236 vidas y dejó decenas de heridos. Este giro legal se produce tras intensas presiones sociales y mediáticas, y marca un punto de inflexión en la gestión de la responsabilidad penal por tragedias derivadas de negligencia empresarial en la República Dominicana.
El Ministerio Público imputa a los hermanos Espaillat el homicidio involuntario, una figura penal que sanciona la muerte causada sin intención, pero producto de imprudencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos. Esta imputación cobra especial fuerza cuando se trata de espacios de alta concurrencia pública como discotecas, estadios o salas de conciertos, donde la ley y los tribunales suelen exigir un deber reforzado de diligencia.
En este contexto, el artículo 319 del Código Penal Dominicano contempla una pena de tres meses a dos años de prisión, pero puede agravarse si se demuestra negligencia grave o violación deliberada de normas de seguridad.
“Inmensa irresponsabilidad y negligencia”, es la frase empleada por el Ministerio Público, y sugiere que existían señales previas de deterioro estructural del techo del Jet Set que no fueron atendidas oportunamente por los administradores. En este tipo de casos, se evalúa si hubo omisiones previsibles y posibilidad técnica y financiera de intervención, lo que constituiría una culpa con consecuencias penales y civiles.
Además, este enfoque parece responder a la creciente exigencia social de que la justicia no solo castigue al “ladrón de gallinas”, sino también al empresario que, por desidia, pone en riesgo la vida de otros.
Procedimiento penal: legalidad del arresto y medidas de coerción El arresto fue autorizado por una jueza de instrucción, como exige el debido proceso, tras seis horas de interrogatorio por parte del procurador adjunto Wilson Camacho. Esta formalidad le da legitimidad a la privación de libertad.
Conforme al procedimiento penal dominicano, la audiencia de medidas de coerción debe celebrarse en un plazo de 48 horas, y en ella se determinará si hay mérito suficiente para imponer prisión preventiva, arresto domiciliario, presentación periódica, impedimento de salida o libertad bajo fianza.
Dado que no se trata de un crimen con dolo ni hay peligro de fuga evidente —según lo que ha declarado su defensa—, es posible que el tribunal opte por una medida no privativa de libertad, aunque la presión mediática podría inclinar la balanza hacia medidas más severas.
Más de 70 demandas civiles han sido interpuestas por víctimas y familiares, lo que abre una nueva dimensión al caso: la reparación económica. El Ministerio Público, en un paso audaz, inmovilizó bienes de la empresa operadora del Jet Set, anticipando posibles sentencias millonarias por daños y perjuicios.
Este punto es crucial: el proceso penal puede terminar con una condena leve, pero las consecuencias civiles podrían ser devastadoras para los bienes y reputación de los acusados.
El abogado Miguel Valerio ha insistido en que no existió dolo ni intención criminal, y que los hermanos Espaillat han colaborado con la justicia desde el primer día. Si bien esta postura es válida, el dolo no es requisito para que se configure el tipo penal de homicidio involuntario. Lo esencial es la culpa grave, es decir, la falta de previsión donde razonablemente se podía y debía prever.
La disposición de resarcir a las víctimas podría influir en la dosificación de la pena, pero no exime de responsabilidad penal si se comprueba que los administradores actuaron con una negligencia inadmisible en el contexto de un lugar público.
El caso contra los hermanos Espaillat no es solo una investigación por un derrumbe trágico; es también una prueba de fuego para el sistema judicial dominicano. La sociedad observará si la ley se aplica con el mismo rigor a los poderosos como a los ciudadanos comunes. Al mismo tiempo, se abre un precedente importante para la responsabilidad penal empresarial, y la necesidad de que los administradores de negocios de alto riesgo actúen con la máxima diligencia.
Este proceso será, sin duda, uno de los más emblemáticos en la intersección entre justicia, opinión pública y responsabilidad empresarial en años recientes.
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