-Jochy Gómez sacude el escenario político con explosivas revelaciones sobre contratos del Estado-
Por Luis Rodriguez Salcedo
Santo Domingo, República Dominicana —El empresario tecnológico Jochy Gómez, vinculado al escándalo conocido como “Caso Camaleón”, realizó explosivas declaraciones en la plataforma Somos Pueblo, acusando a altos funcionarios del gobierno dominicano de corrupción, extorsión y sabotaje en contratos públicos, particularmente relacionados con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Durante su intervención, Gómez acusó al abogado Jorge Luis Polanco y al exdirector del Intrant, Milton Morrison, de haber saboteado deliberadamente la red de semáforos del Gran Santo Domingo. Según Gómez, el apagón masivo de los semáforos en la capital no fue un fallo técnico, sino una acción intencional para presionar negociaciones en el Palacio Nacional.
Además, el empresario denunció que Mauricio De Vengoechea, asesor internacional del presidente Luis Abinader, habría exigido un 5% de comisión ilícita para facilitar un contrato de inspección vehicular. Gómez aseguró que, pese a la suspensión de su contrato con el Intrant, su empresa Aurix siguió ofreciendo soporte técnico a la red semafórica con fondos propios, acumulando gastos superiores a los 800 millones de pesos dominicanos.
El empresario también sugirió que la designación de Polanco por parte del presidente Abinader buscaba controlar las repercusiones del escándalo, insinuando un intento de encubrimiento oficial.
A pesar de enfrentar procesos judiciales y haber estado bajo prisión preventiva, Aurix mantiene vigentes contratos estatales, incluyendo un proyecto de identificación biométrica en la frontera dominicana, en colaboración con la firma alemana Dermalog.
Las declaraciones de Gómez han desatado un alud de reacciones en sectores políticos y sociales, exigiendo investigaciones independientes y mayor transparencia en el manejo de contratos públicos.
Las acusaciones de Jochy Gómez representan un duro golpe para la imagen de transparencia que ha promovido el gobierno de Luis Abinader. Aunque hasta ahora son denuncias no judicializadas, el nivel de detalle y los señalamientos directos contra figuras claves de la administración elevan la presión pública para que se abran investigaciones formales.
Este caso revela, además, dos tendencias preocupantes: La persistente fragilidad de los controles internos sobre los contratos estatales, incluso bajo gobiernos que promueven discursos anticorrupción; y el uso de los servicios públicos como moneda de negociación política, lo cual compromete la calidad y continuidad de infraestructuras esenciales como el tránsito urbano.
De confirmarse las afirmaciones de Gómez, no solo se trataría de corrupción administrativa, sino también de acciones que pusieron en riesgo la seguridad pública, lo que podría escalar a un grave escándalo de Estado.
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