-Una medida que revela mucho más que limpieza de calles-
Por Luis Rodríguez Salcedo
La reciente acción conjunta entre la Alcaldía del Distrito Nacional y la Policía Nacional para retirar a vendedores ambulantes de importantes avenidas de Santo Domingo revela más que un simple operativo de limpieza o control del espacio público. Aunque oficialmente se ha presentado como una medida para “mejorar la seguridad ciudadana y garantizar el libre tránsito”, en el trasfondo se vislumbra una clara sintonía con las políticas migratorias del Gobierno Central, encabezado por el presidente Luis Abinader.
El operativo, encabezado por el director de Espacios Públicos del Ayuntamiento y el comandante de la circunscripción uno, culminó con el retiro de 26 vendedores informales y la detención de ciudadanos extranjeros en condición migratoria irregular. Estos últimos fueron puestos a disposición de la Dirección General de Migración, en una acción que pone de manifiesto la coordinación entre las autoridades locales y nacionales en materia de control migratorio.
En este contexto, no cabe duda de que estamos ante una acción que, aunque tenga un rostro municipal, responde a una estrategia más amplia de endurecimiento del control migratorio y reorganización del espacio urbano. No es la primera vez que el Gobierno dominicano, en la actual gestión, da señales firmes en cuanto a la aplicación estricta de las leyes migratorias, sobre todo en lo referente a la presencia masiva de inmigrantes haitianos en situación irregular.
Pero más allá de lo legal, esta medida plantea interrogantes importantes desde el punto de vista humano y social. ¿Qué alternativas se ofrecen a los dominicanos y extranjeros que viven del comercio informal? ¿Cómo se garantizan los derechos de las personas detenidas en estos operativos? ¿Se están aplicando protocolos que respeten la dignidad humana y el debido proceso?
La calle, para muchos, no es una opción voluntaria, sino una necesidad forzada por la falta de empleo formal, la migración forzada, la exclusión y la pobreza. Sacarlos del espacio público sin un plan de inclusión o reintegración solo traslada el problema de una esquina a otra.
Por supuesto, el orden, la legalidad y la seguridad son esenciales para una ciudad habitable. Nadie niega que muchas de nuestras calles y avenidas han sido ocupadas de forma caótica, dificultando la movilidad y contribuyendo al desorden urbano. Pero no basta con “limpiar” el panorama visual. Es indispensable mirar más allá: al rostro humano de la informalidad y la migración.
Por tanto, esta medida debe verse como parte de una política que necesita equilibrio: firmeza en el cumplimiento de la ley, pero también sensibilidad ante los sectores más vulnerables. Solo así construiremos una ciudad donde reine el orden, sin que la justicia social quede atropellada en el intento.
LRS
