Santo Domingo. – Ante el desafío que representa el tráfico ilícito de migrantes y la creciente presión migratoria hacia el territorio nacional, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, emitió una instrucción que ordena dar máxima prioridad a las investigaciones relacionadas con redes criminales vinculadas al tráfico de personas, especialmente cuando estén implicados funcionarios públicos, policías o militares.
La disposición, fechada el 25 de abril, forma parte de la creación de la nueva Unidad de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), instaurada por el Consejo Superior del Ministerio Público.
Esta unidad, bajo la dirección de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), encabezada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán, busca fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar esta amenaza.
La instrucción ordena a los fiscales actuar de inmediato ante cualquier evidencia o información de inteligencia que vincule a servidores públicos con redes de tráfico de migrantes, incluyendo casos de soborno, extorsión o cualquier forma de corrupción. En estos casos, se exigirá la suspensión inmediata de los involucrados a través de los organismos competentes.
El Ministerio Público también instruyó la inmovilización de cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y otros activos utilizados en estas actividades ilícitas, así como el secuestro y posterior decomiso de vehículos implicados en el transporte ilegal de migrantes.
El tráfico ilícito de migrantes, tipificado en la Ley 137-03 y sancionado por convenios internacionales, constituye una de las actividades más lucrativas de la criminalidad organizada transnacional, socavando los sistemas de control migratorio y la seguridad del Estado, advirtió el Ministerio Público en un comunicado.
La nueva unidad especializada contará con agentes seleccionados bajo estrictos estándares éticos y técnicos, formados en investigaciones complejas, y dispondrá de recursos tecnológicos de última generación. El objetivo es claro: desmantelar las redes criminales que lavan activos y facilitan la migración ilegal hacia la República Dominicana.
La Procuraduría General reafirma así su compromiso de fortalecer la respuesta interinstitucional frente a un fenómeno que no solo atenta contra las leyes migratorias, sino también contra la estabilidad y soberanía nacional.
