Un mexicano indocumentado que abrazó el trumpismo pese a la advertencia de un plan de deportaciones masivas, el alcalde republicano de un pequeño pueblo conservador y un hombre que utilizó la boleta electoral de su esposa mientras era sospechoso de su desaparición y muerte. Estos son algunos de los casos de fraude electoral procesados en los últimos años que involucran a simpatizantes del Partido Republicano que terminaron enfrentándose a la justicia por votar indebidamente a favor de Donald Trump, ya fuera emitiendo más de un voto o sin tener derecho a hacerlo. Esto contrasta con las reiteradas afirmaciones del presidente y sus aliados, quienes han sostenido sin aportar pruebas que diversos comicios fueron manipulados para favorecer a candidatos demócratas.
El jueves por la noche, Trump volvió a defender esa tesis en un discurso desde la Casa Blanca, en horario de máxima audiencia, en el que aseguró que el sistema electoral tiene “vulnerabilidades alarmantes”. El mandatario anunció la desclasificación de documentos sobre los comicios de 2020 (que perdió ante el demócrata Joe Biden) y denunció una supuesta injerencia china, aunque no aportó evidencia de que se hubieran alterado votos o cambiado los resultados. También pidió que el Congreso apruebe una estancada propuesta de ley para exigir la presentación de una identificación al momento de inscribirse para votar y prueba de la ciudadanía estadounidense. Esto en medio de otra denuncia infundada que suele esgrimir y que estudios han demostrado que es algo sumamente raro: que en elecciones pasadas ha sufragado un número significativo de no ciudadanos.
De hecho, varios casos de fraude electoral procesados desde 2017 en tribunales federales y estatales apuntan en la dirección contraria. Al menos en los expedientes en los que las autoridades revelaron el sentido del voto de los acusados, EL PAÍS no encontró ningún caso en el que estos hubieran sufragado por Biden, Kamala Harris o Hillary Clinton, los principales rivales demócratas de Trump, pese a que los ha acusado durante años de ser parte de una “maquinaria corrupta” de la que, según él, han sacado provecho en las urnas. “Es lo único que hacen bien: hacer trampa”, afirmó Trump en un evento de campaña en Carolina del Norte en septiembre de 2024. En cambio, los votos indebidos documentados lo han beneficiado a él y a otros republicanos.
El Departamento de Justicia bajo la actual Administración ha solicitado acceso a material electoral y a los registros de votantes de California, Georgia, Arizona y Michigan. Sus fiscales, no obstante, no han hecho público el hallazgo de una sola boleta emitida ilegalmente a favor de un demócrata en esos Estados. Trump y sus aliados han sostenido de forma reiterada que el voto de no ciudadanos, inclusive de indocumentados, representa una amenaza para la democracia del país. Sus acusaciones han llegado incluso a los cementerios: aseguran que algunas personas utilizan la identidad de fallecidos para emitir votos en su nombre. Ambas afirmaciones han sido calificadas por algunos como teorías conspirativas.
El 7 de junio, unos días después de las elecciones primarias para gobernador de California y para el Congreso, el fiscal federal de Los Ángeles, Bill Essayli, aseguró que su oficina mantenía “múltiples investigaciones sobre fraude electoral”. Hasta ahora no ha presentado cargos contra ninguna persona. Según el funcionario, el padrón electoral del Estado incluye registros de personas fallecidas y de votantes que ya no viven en California. También sostiene que los mecanismos de verificación son insuficientes para impedir que inmigrantes indocumentados participen en las elecciones. “Casi cualquiera puede registrarse para votar en California”, declaró Essayli en una entrevista para un podcast conservador. Estas afirmaciones han sido rechazadas por las autoridades electorales del Estado.
“Su argumento es que hay muchos casos de fraude por parte de los demócratas e inmigrantes, pero la mayoría son casos de republicanos y algunos de ellos trataron de votar dos veces a favor de Trump”, apunta Raúl Hinojosa, profesor de estudios chicanos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). “Es muy preocupante esa manipulación y creo que es un intento de Trump de anular las elecciones que no le benefician”.
El alcalde con ‘green card’ que votó
Se llama José, aunque en su pueblo todos lo conocen como “Joe”. Nació en México hace 55 años y llegó a Estados Unidos con apenas cuatro. Su familia emigró y se estableció en Coldwater, una localidad del sur de Kansas de apenas 700 habitantes. En 1990 obtuvo una tarjeta de residente permanente, también conocida como green card, un estatus que le permitió trabajar para una empresa de servicios públicos y, años después, abrirse camino en la política local. Fue ascendiendo hasta convertirse en la máxima autoridad del lugar. Por eso, nadie cuestionaba verlo acudir a las urnas en cada elección apoyando a Trump y otros republicanos.
Pero “Joe” Ceballos asegura que desconocía que la ley se lo prohibía por no ser ciudadano de EE UU. Eso fue lo que declaró a los agentes federales que lo detuvieron en mayo pasado y que luego lo pusieron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), con el propósito de deportarlo a su país natal.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo presenta como un “extranjero de México” que mintió al inscribirse en el padrón electoral de Kansas. La agencia también sostiene que fue condenado en 1995 por un delito de agresión agravada y que, en su solicitud de naturalización de 2025, hizo una declaración falsa al asegurar, bajo pena de perjurio, que nunca había afirmado tener la ciudadanía estadounidense. Ceballos renunció a la alcaldía de Coldwater en diciembre y en abril se declaró culpable de un delito menor por votar ilegalmente, en un proceso llevado por la Fiscalía de Kansas. Mientras tanto, el ICE mantiene abierto el procedimiento para expulsarlo a México.
Aun así, el exregidor asegura que no se arrepiente de haber votado por Trump.
El caso de Ceballos se ha convertido en uno de los ejemplos más recientes que la Administración Trump esgrime para promover la aprobación de la llamada Save America Act. La propuesta exigiría que toda persona que se registre para votar en elecciones federales presente una prueba documental de la ciudadanía, como el pasaporte. La Cámara de Representantes la aprobó hace más de un año, pero desde entonces permanece estancada en el Senado.
El indocumentado que apoyó a Trump
En junio de 2017, el mexicano Gustavo Araujo Lerma recibió una carta de la campaña de Trump, entonces candidato presidencial republicano, en la cual le expresaban estar “profundamente agradecidos por su determinación de ayudarnos a hacer que los estadounidenses estén más seguros y sean más fuertes y más prósperos que nunca”. El destinatario, sin embargo, era Hiram Enrique Vélez, un puertorriqueño fallecido en 1997.
Araujo Lerma, quien vivía en el norte de California, asumió su identidad incluso antes de que muriera el caribeño, en 1992. Según las autoridades, desde entonces participó en al menos 20 elecciones, incluidas cinco presidenciales. En los comicios de noviembre de 2016 votó por Trump y, en 2004, por George W. Bush. Los registros electorales citados en documentos judiciales lo identificaban como afiliado al Partido Republicano. Poco le importaba el plan de deportaciones masivas que el hoy ocupante de la Casa Blanca ya prometía entonces y que, con el tiempo, terminaría por alcanzarlo también a él.
Araujo Lerma, de 69 años, utilizó ese nombre falso para obtener un pasaporte estadounidense, con el que viajó en varias ocasiones a su Estado natal, Jalisco. También logró gestionar la residencia permanente de su esposa, quien más tarde se naturalizó. Cuando el fraude salió a la luz, ella perdió ese estatus migratorio. El Distrito Norte de California del Departamento de Justicia lo acusó de tres delitos: robo agravado de identidad, fraude de pasaporte y votación ilegal por parte de un extranjero. Araujo Lerma se declaró inocente y llevó su defensa a un juicio de tres días. Para sustentar el caso, los investigadores viajaron a México, donde obtuvieron copias de un acta de matrimonio expedida en Guadalajara, además de otros documentos oficiales y registros de viajes. También reunieron información relacionada con el fallecido Hiram Enrique Vélez. Toda esa evidencia fue presentada ante el jurado, que lo declaró culpable de los tres cargos.
A finales de 2019, un juez lo condenó a casi cuatro años de prisión. Cumplió el castigo en diciembre de 2020 y posteriormente fue deportado.
“Todos los demás hacen trampa”
Suzanne Morphew desapareció en Colorado durante la celebración del Día de las Madres de 2020. Poco después, su esposo, Barry Morphew, publicó un video en Facebook que se volvió viral, en el que suplicaba ayuda para encontrarla. Sin embargo, desde el principio él fue el principal sospechoso del crimen. La desconfianza de los investigadores se intensificó cuando descubrieron que, mientras la búsqueda de Suzanne seguía en marcha, se había emitido un voto por correo a su nombre a favor de Trump.
Durante un interrogatorio, Barry Morphew admitió haber enviado esa boleta porque creía que su esposa habría apoyado al candidato republicano y porque estaba convencido de que, de cualquier forma, “todos los demás hacen trampa”. Esa confesión quedó consignada en la orden de arresto emitida en su contra en 2021.
Los restos de Suzanne fueron encontrados tiempo después en el condado de Saguache, a unos 72 kilómetros de su vivienda. La autopsia determinó que murió por una causa “no especificada”, aunque clasificó el caso como homicidio. Los investigadores también establecieron que en sus restos había rastros de un analgésico similar al que su esposo tenía recetado. Barry Morphew enfrenta un cargo de asesinato en primer grado. En enero recuperó su libertad tras pagar una fianza y ha mantenido su inocencia desde la desaparición de su esposa. Su juicio está previsto para 2027.
Los que sufragaron por sus madres fallecidas
En el verano de 2020, Bruce Bartman registró a su madre en el padrón electoral de Pensilvania utilizando los datos de su licencia de conducir. Después, solicitó para ella una boleta para votar por correo y la devolvió marcada a favor de Trump en las elecciones presidenciales de ese año. El problema era que su madre había muerto 12 años atrás. Bartman también intentó registrar y solicitar una boleta para su suegra fallecida, usando su número de Seguro Social. Pero no llegó más lejos: el sistema electoral detectó las irregularidades.
Ante un juez, Bartman atribuyó sus acciones a la pandemia. “El año pasado estuve aislado debido al confinamiento”, dijo, según recogen medios locales. “Escuché demasiada propaganda y cometí un error estúpido”. Fue condenado a cinco años de libertad condicional y se le prohibió votar durante cuatro años.
Otro caso similar ocurrió en Pensilvania. Robert Richard Lynn, simpatizante del Partido Republicano, pidió una boleta de voto en ausencia a nombre de su madre fallecida para las elecciones presidenciales de 2020. De acuerdo con la denuncia penal, en la sección donde debía explicar el motivo de la solicitud escribió: “Visitar a los bisnietos del 24 de octubre al 10 de noviembre”. Lynn pretendía emitir un segundo voto a favor de Trump utilizando la identidad de su madre, Marie Pl Hannigan, quien había muerto cinco años antes. Los registros electorales indican que la última vez que ella votó fue en noviembre de 2014. En la corte, Lynn justificó sus acciones como una “falta de criterio”.
Temía un fraude electoral y cometió uno
Varias encuestas pronosticaban que la demócrata Hillary Clinton ganaría las elecciones presidenciales de noviembre de 2016. Terri Lynn Rote, una mujer de Iowa que seguía a Trump con fervor, decidió votar dos veces convencida de que su primer sufragio sería anulado o incluso modificado para favorecer a una candidata que no era de su preferencia.
Cuando fue detenida e interrogada por la policía, explicó que había actuado así porque creía en las afirmaciones del magnate republicano de que las elecciones estaban amañadas y pensaba que su primera papeleta sería alterada para registrar un voto a favor de Clinton. Rote fue arrestada tras acudir a una oficina electoral satélite del condado de Polk, en Des Moines. Su trampa, por la cual recibió una condena de dos años de libertad condicional, fue en vano: Trump resultó triunfador con un amplio margen.
Matthew Laiss, quien se mudó de Pensilvania a Florida, también votó dos veces por Trump en 2020. Primero emitió una boleta por correo vinculada a su antiguo domicilio en Pensilvania y después votó de manera presencial en Florida. Un jurado lo declaró culpable de fraude electoral en marzo y este miércoles un juez federal lo condenó a tres años de libertad condicional, incluidos los primeros seis meses bajo arresto domiciliario, además del pago de una multa de 6.000 dólares. Su defensa intentó que desestimaran los cargos al argumentar que Laiss estaba protegido por los indultos concedidos por el presidente en relación con las elecciones de 2020. Esa estrategia no prosperó.
