Por Luis Rodríguez Salcedo
El Senado de la República escogió este martes a los cinco nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas, quienes tendrán a su cargo la misión de fiscalizar el uso de los recursos públicos durante los próximos cuatro años. Se trata de Emma Polanco, quien presidirá el organismo, Francisco Tamarez Florentino como vicepresidente, y los miembros Ramón Méndez Acosta, Griselda Gómez Santana y Francisco Alberto Franco Soto.
La gran pregunta que se hace la ciudadanía es si estos nuevos rostros representan un verdadero cambio o si estamos, una vez más, ante una repartición política entre grupos de poder.
No se puede negar que los escogidos poseen experiencia administrativa y han ocupado cargos públicos relevantes. Sin embargo, la idoneidad para integrar un organismo de control no solo depende del currículo. Requiere también independencia, integridad y firmeza para resistir las presiones políticas. ¿Poseen estas cualidades? El tiempo lo dirá, pero el escepticismo es comprensible.
Venimos de una Cámara de Cuentas desacreditada, marcada por escándalos internos, enfrentamientos públicos y acusaciones de inoperancia. Esta historia reciente ha sembrado en la población una duda legítima: ¿serán los nuevos miembros diferentes? ¿O se limitarán a simular que auditan, mientras en los pasillos del poder se celebra la continuidad de la impunidad?
La forma en que fueron escogidos también levanta sospechas. Todo indica que hubo un pacto político en el Senado, un reparto de cuotas entre los partidos mayoritarios. Aunque este tipo de acuerdos es común en democracias con órganos colegiados, en nuestro contexto genera una preocupación profunda: ¿fue un pacto para garantizar equilibrio, o un acuerdo para neutralizar la fiscalización?
Más inquietante aún es la percepción de que el Gobierno podría estar buscando una Cámara “manejable”, que no moleste ni escudriñe demasiado. Que sirva más para encubrir que para investigar. Si esto se confirma, estaríamos ante una traición al mandato constitucional de ese organismo.
Lo que está en juego es demasiado importante: la transparencia en el uso de los fondos públicos, la rendición de cuentas, y la confianza ciudadana en las instituciones.
La nueva Cámara de Cuentas debe demostrar, desde el primer día, que no será un apéndice del poder. Que su compromiso está con la ley, no con los partidos. Solo así podrá marcar distancia del triste historial reciente y devolverle a la institución el respeto perdido.
La ciudadanía, por su parte, debe mantenerse vigilante. Porque si algo hemos aprendido en este país, es que sin presión social no hay reforma que dure.
