-La redacción de TeclaLibre- Santo Domingo 28 de junio 2026-
El pasado 23 de abril, la avenida George Washington se vistió de gala. Hubo corte de cinta, la brisa del Caribe de fondo, aplausos y la entrega formal de 1.7 kilómetros de canchas, recreación y la promesa de pantallas para ver el mundial. Con una inversión final de RD$334 millones, la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) entregó una obra clave justo a tiempo para los Juegos Centroamericanos.
Hasta ahí, la foto oficial es perfecta. Pero detrás de la pintura fresca y el asfalto deportivo, el expediente ADN-CCC-LPN-2024-0016 cuenta una historia muy distinta: la de una carrera de obstáculos donde el «filtro técnico» fue tan severo que dejó la competencia en un desierto de solo dos opciones.
La cronología del proceso es, cuando menos, curiosa. La reserva de RD$350 millones se hizo el 20 de diciembre de 2024. Justo en la semana de «distracción nacional» —entre Navidad y Año Nuevo— se lanzó la convocatoria. A pesar de las fechas, doce empresas acudieron al llamado en marzo de 2025. Había apetito por la obra.
Sin embargo, el juego terminó antes de que se abrieran las alcancías. En la evaluación del Sobre A (la fase técnica y documental), el Comité de Compras y Contrataciones aplicó una guillotina fulminante: 10 de las 12 ofertas fueron descartadas de un plumazo.
Cuando la notaria pública se sentó a leer en voz alta las propuestas económicas (Sobre B), la «libre competencia» que manda la Ley 340-06 se había reducido a un duelo VIP entre dos conocidos del sector:
Malespín Constructora: Pidió RD$349.06 millones.
Right Construction: Ofertó RD$333.99 millones.
Ganó Right Construction por una diferencia cercana a los RD$15 millones. El Ayuntamiento celebró el «ahorro», firmaron la alcaldesa Carolina Mejía y el ingeniero Edwin Marmolejos… pero el expediente deja flotando la gran pregunta que cualquier analista se haría: ¿Eran realmente insalvables las fallas de las otras 10 empresas, o las exigencias del pliego eran un traje a la medida?
El punto más álgido del análisis no radica en los millones ahorrados, sino en los nombres que firman los papeles.
En el informe técnico definitivo —el documento que sepultó las aspiraciones de los otros 10 competidores— figura como perito técnico un profesional de nombre Luis Alejandro Pérez. Casualmente, los registros públicos y las presentaciones de la propia Alcaldía acreditan a una persona con un nombre idéntico (o sumamente similar) como el diseñador arquitectónico del proyecto.
Si se confirmara que se trata de la misma persona, estaríamos ante un clásico y preocupante escenario de «juez y parte»: el mismo ojo que dibuja los planos y define las especificaciones de la obra es el que se sienta en la mesa de evaluación para decidir qué contratista «cumple» y quién queda fuera del juego.
Para sazonar la trama, una enmienda del 5 de febrero de 2025 ordenó un «cambio de uno de los peritos técnicos». El expediente digital no detalla quién salió, quién entró ni las razones de la sustitución. ¿Fue una alerta de incompatibilidad o un simple ajuste de piezas? El silencio administrativo es absoluto.
El «Runrún» en las Redes y el Análisis de TeclaLibre:
En el ecosistema de opinión pública, programas de análisis y comentarios digitales, este caso enciende las alarmas por un patrón que se repite en la municipalidad: la obsesión por la forma técnica para evitar el debate del fondo económico.
Descalificar en el Sobre A es la vía más limpia para evitar que la opinión pública compare precios. Si una empresa descalificada técnicamente tenía una oferta de RD$290 millones, nunca nos enteraremos, porque su sobre económico jamás se abrió.
Entregar obras vistosas para eventos internacionales (como los Centroamericanos) suele adormecer la fiscalización. La urgencia de la fecha límite se convierte en la excusa perfecta para acelerar procesos y justificar la falta de explicaciones en los cambios de peritos.
El veredicto de TeclaLibre: El Malecón Deportivo es una realidad que la ciudadanía ya disfruta, y eso es positivo. Pero en las finanzas públicas, el fin no justifica los procesos opacos. Que una obra de RD$350 millones se defina entre solo dos oferentes tras un descarte masivo, bajo la firma de un perito bajo sospecha de haber diseñado la misma obra, exige algo más que un corte de cinta con sonrisas. Exige explicaciones claras en el portal de Transparencia.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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