La esposa de un soldado estadounidense, que pasó más de un mes en un centro federal de detención de inmigrantes, ha declarado que ya se encuentra de vuelta en casa después de que unos agentes la sacaran de un vuelo de deportación con destino a Brasil.
A principios de este mes, The Associated Press destacó el caso de Maisa Lopes Eliaser, una de las decenas de cónyuges o padres de militares estadounidenses que fueron detenidos después de que el Gobierno del presidente Donald Trump eliminara las protecciones para las familias de los militares, en el marco de su política de deportaciones masivas. Tras la publicación del informe de la AP, un grupo de legisladores demócratas inició una investigación sobre las deportaciones de miembros de las fuerzas armadas y sus familias.
Eliaser fue embarcada el miércoles en un vuelo de deportación con destino a su Brasil natal. A mitad del vuelo, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que viajaban en el avión recibieron una llamada telefónica sobre ella, según contó a la AP. Dijo que, a continuación, un agente del ICE le preguntó si quería continuar hacia Brasil o volver a Estados Unidos.
“¿Quién hizo la llamada? No lo sabemos», señaló el marido de Eliaser, Alexis Jaramillo, que es sargento primero del Ejército. “Pero alguien hizo la llamada, y entonces ella volvió”.
Mientras otros detenidos eran escoltados fuera del avión en Brasil, Eliaser se quedó a bordo y regresó a Luisiana. Los agentes del ICE le dijeron que era “famosa” porque había vídeos sobre su caso, según contó.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que supervisa al ICE, no ha respondido hasta el momento a una solicitud de comentarios.
El senador demócrata Mark Kelly, exoficial de la Armada, se puso en contacto directamente con la oficina local del ICE implicada en la detención de Eliaser, según su portavoz. También ha mostrado su apoyo a otros dos familiares de militares detenidos durante el último año.
En unas declaraciones a la AP, Kelly afirmó que la política de detener a familiares de militares es «incorrecta y no tiene ningún sentido».
“Necesitamos soluciones reales para arreglar nuestro fallido sistema de inmigración”, escribió Kelly en un comunicado. “Atacar a las familias de los militares en lugar de a los verdaderos delincuentes no resuelve nada”.
El DHS ya había comunicado a la AP que a Eliaser, de 32 años, un juez de inmigración le había dictado una orden definitiva de expulsión el 15 de abril, tras haber superado el plazo de validez del visado de turista con el que entró en Estados Unidos en 2019.
Jaramillo, un especialista en operaciones de aviación de 43 años que lleva más de una década en el Ejército, solicitó una excedencia de sus funciones de entrenamiento de soldados en Fort Polk, Luisiana, para cuidar del hijo de Eliaser, de 5 años, después de que ella fuera detenida el 8 de julio.
“Esta reunificación familiar es una prueba de lo que se puede conseguir cuando la gente deja la política a un lado y hace lo correcto por quienes sirven (al país)”, destacó en una rueda de prensa Danitza James, presidenta de la organización Repatriate Our Patriots, una entidad sin ánimo de lucro que apoya a las familias de militares que se enfrentan a la deportación y que colaboró en el caso de Eliaser. “No nos detendremos hasta que cada familia de militares que se enfrente a la detención tenga la misma oportunidad de obtener justicia”.
Eliaser, que fue detenida en julio cuando acudía a una cita con las autoridades de inmigración, tiene otra cita programada para el lunes con el fin de reabrir su caso e impulsar su solicitud de residencia permanente. Jaramillo es ciudadano estadounidense, y la pareja está casada desde 2024.
Jaramillo comentó que le han dicho que no habrá más problemas con el caso de Eliaser, pero ambos siguen preocupados.
Tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo por esto, pero, ya saben, tenemos que ir (a la cita)“, declaró Jaramillo. ”Le dije a la persona que me dio la cita: “Oiga, señor, no me tome el pelo, he pasado por muchas cosas”.
Eliaser señaló que todavía le cuesta dormir y teme que la envíen de vuelta al centro de detención, donde, según contó, la trataron “como a un animal”.
“Me sentía como si estuviera en una pesadilla”, explicó. “No podía creer lo que estaba pasando hasta que volví a casa. Día a día, intento recuperarme de este trauma”.
Durante el último año se han producido intervenciones similares en otros casos de gran repercusión mediática. Annie Ramos, de 22 años, fue detenida por las autoridades de inmigración cuando su marido, un sargento primero del Ejército, se preparaba para ser desplegado. Fue puesta en libertad tras una protesta pública.
Aproximadamente al mismo tiempo, la senadora Tammy Duckworth, demócrata y veterana de guerra, declaró a la AP que ella misma se puso en contacto con el DHS para solicitar la puesta en libertad de Deisy Rivera Ortega, la esposa inmigrante de un sargento del Ejército que había participado en tres misiones en Afganistán, tras enterarse de su caso a través de grupos activistas. Finalmente, fue puesta en libertad.
