Hace tan solo unos días el Congreso de El Salvador aprobó los juicios masivos de los pandilleros, conocidos como mareros, que asuelan desde hace años al país centroamericano. Se trata de una de las más graves lacras que afectan a la región por la inmensa red de crimen organizado que extorsiona, mata y corrompe a todos los estamentos de la sociedad. En principio, las medidas que se tomen para combatir la violencia de las maras son bienvenidas por una ciudadanía que en muchas ocasiones no se ha sentido respaldada por partidos políticos que se han quedado cortos a la hora de defender los intereses de los votantes.
Por eso el fenómeno en El Salvador del presidente Nayib Bukele ha trascendido las fronteras: el joven mandatario, de 42 años, ganó holgadamente en las urnas hace cuatro años abanderando un populismo de justicia social que acabaría con la violencia extrema de pandilleros ligados al narcotráfico y todas las ramas imaginables del crimen. Con una imagen de renovación, diestro en el manejo de las redes sociales y en las últimas tendencias como la fiebre por la criptomoneda, al frente del partido Nuevas Ideas Bukele sedujo al electorado. Seducción, por cierto, que ha logrado mantener viva al cabo de un primer mandato que pretende repetir en un claro desafío a la Constitución.
Bukele llegó arrasando bajo la promesa de que sería implacable con los pandilleros y lo ha cumplido con creces. Según la ONG Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), El Salvador se ha convertido en el país con el mayor número de presos en el mundo. Desde que Nuevas Ideas llegó al poder se han producido más de 70,000 detenciones y ahora, tras el visto bueno por parte de un Congreso dominado por el oficialismo, se celebrarán juicios colectivos de hasta 900 presos, dando al traste con los protocolarios juicios individuales. Mientras gran parte de la sociedad salvadoreña aplaude esta drástica medida, Naciones Unidas advierte que “atentan contra las garantías del debido proceso” unos juicios en los que los que la defensa pública no dispondrá de más de cuatro minutos para presentar los casos de hasta 500 presos a la vez.
Lejos de inquietarse por esta deriva autoritaria, los salvadoreños respaldan a Bukele mayoritariamente.
Si bien hay quienes apoyan estos juicios exprés y masivos, es obvio que la población, sobre todo la que aglutina a varones jóvenes, está sujeta a abusos, arbitrariedades y defectos de forma cuando se presenten los casos en conjunto y con premura para cumplir con la misión que se ha propuesto Bukele: gobernar con mano dura a costa de la violación de los derechos humanos.
No es casualidad que haya pasado más de un año desde que el gobierno aprobara el régimen de excepción bajo la justificación de acabar con la violencia rampante de las pandillas. Todo apunta a que el Estado de excepción no tiene fecha de caducidad. Además, Bukele va en camino de una autocracia al buscar la reelección, en contra de la valoración de constitucionalistas que afirman que la Constitución vigente prohíbe un segundo mandato inmediato.
Según datos de Latinobarómetro, un 90% apoya la gestión de Bukele y en países vecinos es percibido como un ejemplo a seguir en cuestión de seguridad nacional. Una tendencia previsible si se tiene en cuenta la cantidad de víctimas que se ha cobrado la Mara Salvatrucha en Centroamérica. Ahora bien, lo que está en juego es la perdurabilidad del Estado de derecho en una región donde las verdaderas democracias brillan por su ausencia.
