-La eliminación de la Protección Temporal genera estrés-
Por Luis Rodríguez Salcedo
Washington, D.C..- La Corte Suprema de Estados Unidos dio un espaldarazo a la política migratoria de la administración Trump al autorizar el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350,000 venezolanos. La medida elimina una protección que permitía a estos ciudadanos residir y trabajar en el país sin temor a ser deportados.
La decisión del alto tribunal revoca la orden emitida por el juez federal Edward Chen, de San Francisco, quien había detenido la aplicación de la medida dictada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Esta actuó en respuesta a las instrucciones del expresidente Donald Trump, que ha retomado su discurso migratorio de línea dura con renovado vigor.
Mientras tanto, en ciudades como Nueva York, los servicios de salud mental reportan un aumento sustancial en las consultas por ansiedad, depresión y estrés entre la población migrante. Médicos y trabajadores sociales coinciden en que la incertidumbre generada por redadas, bloqueos al asilo y la posibilidad de deportación masiva está afectando gravemente el bienestar emocional de quienes viven en un limbo migratorio.
Con este fallo, Trump obtiene una victoria jurídica que le permite reforzar su narrativa de “orden en la frontera” y control sobre la inmigración. Sus aliados celebran lo que consideran un avance hacia la recuperación de “la soberanía nacional”, mientras sus detractores advierten sobre las consecuencias humanas de una política migratoria cada vez más restrictiva.
La Corte ha hablado, y el mensaje es claro: la compasión tiene fecha de vencimiento. En la visión de Trump y su equipo, las protecciones humanitarias temporales no deben convertirse en residencia por default. Y aunque muchos lo ven como una estrategia para “ordenar la casa”, otros lo perciben como una forma elegante —y perfectamente legal— de empujar a cientos de miles hacia la incertidumbre.
En tiempos donde la migración es el centro del debate electoral, la decisión parece más una jugada política que una necesidad legal. Al final, la justicia migratoria en Estados Unidos sigue dependiendo, no tanto de la ley, sino de quién esté en la Casa Blanca… y de cuán dura quiera ser su mano.
