Por: Carlos Marquez /
En la fuerza del marido se fundamentaba el poder del Estado /
Si el nacimiento de la propiedad privada despojó a la mujer de su centralidad comunitaria, fue el derecho escrito del mundo antiguo el que convirtió la asimetría en ley y el uso de la fuerza en una prerrogativa legítima del varón. Las grandes civilizaciones de la antigüedad clásica no solo heredaron un modelo de subordinación, sino que lo perfeccionaron mediante un andamiaje jurídico que transformó el hogar en un espacio de jurisdicción privada, donde el Estado delegaba en el hombre el control absoluto sobre la vida y el cuerpo de la mujer.
En las bases de la jurisprudencia occidental, el derecho romano consagró esta estructura a través de la figura del pater familias y la institución de la patria potestas.
El varón principal de la casa ejercía un poder soberano, conocido legalmente como el ius vitae necisque (derecho de vida y muerte) sobre su esposa, hijos y esclavos. Bajo el amparo de la Ley de las Doce Tablas, la mujer no era considerada un sujeto de derecho pleno, sino una eterna menor de edad; transitaba de la tutela de su padre a la de su esposo mediante la conventio in manum.
Si el marido descubría a su esposa en un acto de infidelidad o incluso consumiendo vino —asociado en la época con el aborto o la lascivia—, la ley romana le otorgaba la potestad de juzgarla en un tribunal doméstico y ejecutarla sin necesidad de un juicio público. La violencia intrafamiliar no era un delito, sino el legítimo ejercicio de la autoridad penal dentro del hogar.
Esta realidad jurídica fue rigurosamente documentada por el célebre historiador y jurista numantino Fustel de Coulanges en su obra clásica La ciudad antigua (1864), donde analiza cómo la religión doméstica y la ley fundieron la identidad de la mujer en la del marido:
»La mujer no tiene derechos en el hogar. No hereda si no es por disposición expresa… La ley la sitúa para siempre en una condición de subordinación total, pues el derecho antiguo no concibe que una mujer pueda ser jefa de sí misma; ella siempre pertenece a la familia, y por ende, al jefe de ella».
En Grecia, la cuna de la democracia, la situación no era distinta. El pensamiento filosófico de Aristóteles en su tratado Política legitimó esta jerarquía al afirmar textualmente que «el varón es por naturaleza superior y la hembra inferior; uno gobierna y la otra es gobernada». La mujer griega de las clases ciudadanas —la gyné— vivía confinada en el gineceo, una sección aislada de la casa, excluida por completo de la vida pública y destinada únicamente a la reproducción de ciudadanos legítimos.
La literatura y la tragedia de la época funcionaron como el espejo donde la cultura justificaba o cuestionaba esta violencia estructural. En la Medea de Eurípides (431 a.C.), el autor pone en boca de la protagonista una de las denuncias más desgarradoras y luces de la antigüedad sobre la condición de la mujer, versos que resuenan como un reclamo de rigurosa vigencia frente al matrimonio entendido como un contrato de posesión:
»De todo lo que tiene vida y sentido,
las mujeres somos la criatura más desgraciada.
Primero hemos de comprar un esposo con gran cantidad de dinero
y tomar en él a un dueño de nuestro cuerpo,
lo cual es un mal todavía peor que el anterior».
Aquel mundo antiguo, del cual nuestra cultura jurídica contemporánea aún es heredera, no conoció la violencia doméstica como un desvío conductual o una patología psicológica; la concibió y la amparó como una herramienta de orden público. La fuerza del marido no era un exceso, sino el pilar sobre el que descansaba la estabilidad del Estado. En la próxima entrega, analizaremos cómo el dogma religioso de la era medieval tomó este legado jurídico y lo revistió con el carácter de mandato divino invariable.
