Por Luis Rodriguez Salcedo
SANTO DOMINGO.- La decisión del Primer Tribunal Colegiado de La Vega de extinguir la acción penal contra el empresario Miguel Arturo López Florencio (“Micky”) y su familia, acusados de lavado de activos, ha generado reacciones encontradas. La fiscal Aura Luz García cuestionó el fallo y anunció apelación, alegando que no se trató de un caso ordinario, sino de una estructura compleja con ramificaciones vinculadas al narcotráfico.
-Miguel Arturo López Florencio, conocido como «Micky López», es un empresario de La Vega, República Dominicana, que ha sido señalado por el Ministerio Público como líder de una red dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico. Su esposa, la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, también ha sido implicada en estas actividades ilícitas, siendo acusada de introducir más de 2,500 millones de pesos dominicanos en el mercado financiero a través del narcotráfico-
Aunque el Código Procesal Penal establece un plazo de prescripción de cuatro años, la fiscal sostiene que deben considerarse las particularidades del proceso, tal como lo reconoce la Convención Americana de Derechos Humanos. Según esta visión, la complejidad del caso justificaría la continuación del juicio más allá del plazo habitual.
No obstante, la barra de la defensa argumentó que el Ministerio Público tuvo tiempo más que suficiente para presentar pruebas contundentes, y que mantener abierta una causa por más de cuatro años sin sentencia viola los derechos fundamentales de sus defendidos, afectando su imagen pública y su estabilidad personal y económica. Para los abogados de López Florencio, la extinción es una aplicación justa del principio de seguridad jurídica.
El debate de fondo es entre una interpretación rígida del plazo legal y una lectura más flexible que contemple la naturaleza del delito. La resolución, de mantenerse, podría sentar un precedente delicado para otros casos similares.
LRS
