El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha propuesto este domingo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un intercambio de “presos políticos” a cambio de los 252 venezolanos deportados por Estados Unidos que se encuentran recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel creada a principios de 2023 en ese país centroamericano. En una publicación en su cuenta de X, el jefe de Estado salvadoreño acusó a Maduro de tener presos “por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales”, al tiempo en que defendió que “todos los venezolanos” bajo su custodia en El Salvador “fueron detenidos en el marco de una operación contra pandillas como el Tren de Aragua en Estados Unidos”. Caracas ha rechazado este lunes la propuesta de Bukele.
En un comunicado publicado por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, el ministerio público ha calificado el mensaje de Bukele de “cínico” y solicitado la “inmediata liberación” de los migrantes que El Salvador mantiene detenidos. Saab ha asegurado que el Cecot es “un lugar de desaparición forzada de inocentes de nacionalidad venezolana (…) a quienes, como experto en traficar con seres humanos, [Bukele] utiliza para recibir a cambio sumas millonarias de dinero”. Por recibir a los deportados por el Gobierno estadounidense, El Salvador recibe una compensación de seis millones de dólares (algo más de cinco millones de euros).
Los familiares de los ciudadanos venezolanos detenidos en el Cecot apenas han tenido noticias de ellos desde su deportación por parte del Gobierno estadounidense. Varios de los migrantes les avisaron antes de subir al avión de que serían expulsados a Venezuela, tras lo cual aparecieron en El Salvador. Familiares de los deportados han rechazado las acusaciones que vinculan a los migrantes deportados con El Tren de Aragua ―una organización criminal nacida en Venezuela con presencia en varios países de la región― y el palacio de Miraflores ha organizado actos públicos y manifestaciones para exigir su liberación. Caracas también ha planteado sus quejas ante el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk.
“A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado, otros han cometido violaciones, y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados, sus presos políticos no han cometido ningún delito”, afirmó el presidente de El Salvador en su mensaje del domingo. A su vez, Bukele solicitó a su homólogo venezolano “la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos”, entre los cuales, aseguró, se encuentran Rafael Tudares, yerno del candidato opositor Edmundo González y a quien las autoridades venezolanas acusan de estar vinculado con redes de narcotráfico; el periodista y dirigente del partido Voluntad Popular, Roland Carreño, y la abogada Rocío San Miguel, acusada de participar de un intento de magnicidio en contra de Maduro.
El presidente Bukele ha sido uno de los más férreos aliados del presidente Donald Trump en la región. El 14 de abril, visitó a su homólogo en la Casa Blanca, donde reafirmó su compromiso de recibir en El Salvador más migrantes deportados y rechazó la posibilidad de devolver a Estados Unidos a Kilmar Armando Abrego García, un trabajador de la construcción salvadoreño que llevaba 14 años en el país y que fue deportado por error a su país de origen. “¿Cómo voy a meter de contrabando a un terrorista en Estados Unidos? Por supuesto, no voy a hacerlo”, manifestó Bukele en el Despacho Oval, pese a que las autoridades judiciales no han dado por probados los presuntos vínculos de Abrego con la Mara Salvatrucha, una de las pandillas a las que Bukele ha declarado la guerra.
Diversas organizaciones han denunciado las repetidas violaciones de los derechos humanos que se producen en las cárceles salvadoreñas desde la llegada de Nayib Bukele a la presidencia. Cristosal, la principal organización en defensa de los derechos humanos de la sociedad civil en El Salvador, ha documentado la muerte de decenas de presos por torturas, golpes o asfixia mecánica por estrangulación. En el Cecot―prisión que han visitado la secretaria de Seguridad de Trump, Kristi Noem, y la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich― cientos de personas permanecen detenidas por una cuestión tan difusa como la “asociación ilícita” o por el hecho de tener tatuajes.
