-Fuerza del Pueblo propone un nuevo pacto social para reformar la Seguridad Social-
Santo Domingo.- Al cumplirse 24 años de la promulgación de la Ley de Seguridad Social en la República Dominicana, el partido Fuerza del Pueblo (FP) propuso la firma de un nuevo pacto social que permita redirigir el sistema hacia un modelo más justo, ético e inclusivo.
Durante una rueda de prensa, el secretario de Seguridad Social de esa organización, Fernando Caamaño, dio lectura a la posición oficial del partido, en la que reconoció avances importantes del sistema, como la ampliación de la cobertura poblacional y la consolidación institucional. Sin embargo, advirtió sobre la existencia de serias distorsiones y retrocesos que, a su juicio, desvirtúan el objetivo fundamental del modelo.
Caamaño denunció la politización de los recursos públicos y afirmó que la seguridad social, “una de las conquistas más nobles del país”, se encuentra hoy afectada por intereses políticos, comerciales y gremiales que vulneran su función esencial como instrumento de protección social.
Entre sus críticas, señaló que el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) ha sido “instrumentalizado con fines proselitistas”, y que cede ante presiones del Gobierno para incorporar al Régimen Subsidiado a personas que no cumplen con los requisitos. Además, cuestionó el uso indebido de los fondos acumulados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), los cuales —dijo— están siendo utilizados para cubrir déficits presupuestarios del Gobierno central.
Frente a este panorama, Fuerza del Pueblo propone la construcción de un nuevo pacto social, basado en un modelo más solidario e intergeneracional, que garantice pensiones dignas con tasas de reemplazo acordes con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“La seguridad social no puede ser una herramienta de manipulación política ni un negocio lucrativo a costa de los trabajadores. Debe ser un escudo de protección para los más vulnerables”, expresó Caamaño, quien hizo un llamado a todos los sectores a sumarse a un proceso de diálogo y concertación que permita reformar el sistema con una visión de largo plazo y justicia social.
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