Naureen Shah lleva meses de frenética actividad. Desde su puesto como directora de Asuntos Gubernamentales de la División de Igualdad de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), lidera la presión que esta organización hace en favor de los derechos de los migrantes. Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, la ACLU ha iniciado 313 acciones legales y presentado 191 demandas contra las políticas de su Administración.
Con anterioridad, esta abogada especializada en derechos humanos dirigió las campañas estadounidenses de Amnistía Internacional y fue directora interina del programa de derechos humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia. Hija de inmigrantes (“mi padre llegó hace 55 años un 4 de julio con una pequeña maleta y 12 dólares”), Shah ha abogado por los derechos humanos ante el Congreso, la Casa Blanca, las agencias federales, la ONU, la UE, varios gobiernos extranjeros y otros organismos regionales.
En el territorio nacional, la ACLU se acaba de apuntar una importante victoria ante el Tribunal Supremo al conseguir que rechace la cancelación del derecho a la ciudadanía por nacimiento, como quería Trump.
Pregunta. Tres jueces del Supremo votaron a favor de la propuesta del presidente. ¿Cuáles habrían sido las consecuencias de un fallo a favor de la orden ejecutiva que eliminaba la obtención de la nacionalidad estadounidense por nacimiento?
Respuesta. Habría trastocado el marco jurídico, así como las vidas de cientos de miles de familias. Ante todo, habría creado una subclase permanente de personas nacidas en Estados Unidos a las que se les niegan sus derechos como ciudadanos. Habría generado confusión, división e inestabilidad. Escuelas, hospitales, agencias estatales y gobiernos locales se habrían visto obligados a operar bajo un sistema que trata a algunos niños nacidos en Estados Unidos como miembros de pleno derecho y a otros como sospechosos.
P. Estados Unidos siempre ha sido una nación de inmigrantes. ¿Cree que todavía se puede afirmar que este país les da la bienvenida?
R. Este país lleva mucho tiempo acogiendo a los extranjeros y las encuestas muestran que la gente está muy a favor de que la mayoría de sus vecinos tengan una vía para obtener la ciudadanía. Creen que tenemos que construir un sistema de inmigración que funcione, en el que todos los que quieran cumplir las normas puedan hacerlo. Una mayoría abrumadora opina que los jóvenes que llegaron aquí de niños —los soñadores o dreamers— deberían poder acceder a la ciudadanía. La política del odio que ha utilizado esta Administración no representa la opinión del pueblo estadounidense. Estamos en un momento realmente oscuro, pero no refleja toda la trayectoria de esta nación.
P. En comparación con otras Administraciones anteriores, ¿es esta la que ha ejercido una política migratoria más agresiva?
R. Ha habido períodos de profundo racismo y xenofobia en el pasado, pero en la era moderna este es el período más intenso y explícito de política migratoria racista. Ronald Reagan fue un presidente que polarizó mucho, pero abrazó la idea de que EE UU era una nación de inmigrantes. Bajo su mandato tuvo lugar el último programa importante de legalización y vía hacia la ciudadanía. Durante décadas contamos con apoyo bipartidista para reformar el sistema de inmigración, actualizándolo en reconocimiento a la contribución de los inmigrantes. Cuando Trump se presentó a las elecciones presidenciales por primera vez, le resultó útil políticamente aprovechar el odio para enfrentar a los ciudadanos contra sus vecinos, convirtiendo en monstruos a personas que solicitan asilo, huyen para salvar sus vidas y buscan un futuro mejor. Este odio se ha convertido ahora en política federal y está devastando las vidas de miles de personas.
P. El presidente ha firmado casi 200 decretos en materia de inmigración. ¿Cuál de las medidas aprobadas en su mandato considera más dañina?
R. Han aprobado 240.000 millones de dólares para crear una enorme fuerza policial dedicada a las deportaciones que no solo incluye a las fuerzas del orden federales, sino también a las estatales y locales, y potencialmente incluso a personal militar. Eso afecta a todo el mundo, que ahora vive en un estado mucho más policial de lo que habíamos vivido antes. Además, les permite cambiar el sistema de inmigración sin aprobar una ley que les otorgue autoridad legal.
P. ¿Cómo afectan a los ciudadanos estadounidenses las operaciones contra los migrantes?
R. Dependiendo de dónde trabajes, del idioma que hables o si hablas con acento y, sin duda, del color de tu piel, podrías convertirte en víctima de esta fuerza policial de deportación masiva que trata a la gente como si no tuviera ningún derecho. Incluso los ciudadanos pueden ser golpeados y asesinados con impunidad; así que nos afecta a todos. También afecta a los niños estadounidenses, ya que uno de cada cuatro vive con un migrante. Eso significa que hay uno de cada cuatro niños que teme que, cuando sus padres se vayan a trabajar, no vuelvan a casa. ¿Cómo podemos esperar que los niños aprendan y se desarrollen si tienen que vivir con el miedo de perder a uno de sus padres?
P. El Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, ha autorizado que se use el perfil racial para detener a los migrantes…
R. Sí, pero la discriminación racial sigue siendo inconstitucional, y seguimos presentando demandas por todo el país. Estamos impugnando las detenciones sin orden judicial del ICE en Illinois, Carolina del Norte, Colorado y un sinfín de lugares; no vamos a dejar que estas cosas queden sin respuesta. Hay ideólogos en la Administración Trump empeñados en deportar a 100 millones de personas, un tercio de la población de este país; quieren rehacer Estados Unidos a imagen de la fantasía supremacista blanca que tienen. Sin embargo, también hay millones de personas que han participado en manifestaciones, que se han unido para pedir a sus asambleas legislativas municipales y a sus gobernadores que tomen medidas.
P. El ICE lleva más de dos décadas operando. ¿Qué ha cambiado en las interacciones de la población con esta agencia migratoria?
R. En el pasado, si te encontrabas con el ICE y eras indocumentado, quizá tuvieras que presentarte para un control, quizá te detuvieran durante unas semanas, pero te liberaban. Ahora estamos en un período en el que, si te encuentras con el ICE y no tienes estatus legal o no puedes demostrarlo, te pueden detener y no liberar. Te pueden deportar en cuestión de días, así que tu capacidad para hacer planes para tu hijo —quién tendrá su custodia, si viene contigo o no…— se ve gravemente afectada. Esto está separando a las familias y dejando a los niños solos y vulnerables de una forma que nunca habíamos visto.
P. La ACLU participa en muchos de los procesos judiciales contra los decretos que se han dictado. Los fallos se suceden en los tribunales de primera instancia, las cortes de apelación, el Supremo… ¿Cómo han sido los últimos meses para alguien, como usted, inmersa en la defensa de los derechos humanos?
R. Ha sido un período desgarrador desde la toma de posesión. Nos preparamos para que cumpliera sus promesas de deportaciones masivas, pero por muy preparados que estuviéramos —en el caso sobre la ciudadanía por nacimiento presentamos la demanda a las dos horas de que se dictara la orden ejecutiva—, lo que vimos en Minneapolis y los asesinatos de Renée Good y Alex Pretty fue escalofriante. Tengo hijos pequeños, y pienso en cómo crecerán, y en si tendrán la misma confianza en sus plenos derechos y en la igualdad de protección ante la ley que yo tuve. Me preocupan mis hijos, que son nietos de inmigrantes. Me preocupan todos esos cientos de miles de personas que son estadounidenses en todos los sentidos, excepto sobre el papel, y que simplemente no tienen ninguna posibilidad de obtener un estatus legal por lo terrible que es esta Administración. Me preocupo por toda esa gente y eso es lo que me hace seguir adelante.
P. El Gobierno ha atacado uno de los programas humanitarios más utilizados por quienes huyen de situaciones críticas, como es el Estatus de Protección Temporal (TPS). El Supremo recientemente lo canceló para haitianos y sirios. ¿Qué consecuencias tendrá?
R. Esto implica que el Congreso debe actuar para proteger a los beneficiarios del TPS. Si no actúa, personas que llevan años viviendo aquí —trabajando, criando a sus hijos y cuidando a ciudadanos estadounidenses de edad avanzada— perderán su estatus legal prácticamente de la noche a la mañana, sin posibilidad de apelación. Muchas se enfrentarán a una decisión imposible: quedarse y arriesgarse a la detención y la deportación, o regresar a países que, en algunos casos, el propio Departamento de Estado considera demasiado peligrosos para visitar. Las familias de estatus mixto —con hijos ciudadanos estadounidenses y padres beneficiarios del TPS— se verán separadas.
P. Por primera vez el año pasado, más migrantes abandonaron el país de los que llegaron. ¿Qué consecuencias puede tener una disminución de la población inmigrante?
R. Va a ser devastador desde el punto de vista económico, y hay previsiones del sufrimiento que tendrán que soportar los hogares estadounidenses. Subida de los precios de los alimentos, menos viviendas en construcción, menos personas que puedan contratar a cuidadores para atender a sus padres mayores, menos personas en las zonas rurales que puedan contar con médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios que les presten asistencia vital… Este país necesita a los migrantes y a los no ciudadanos, y si tienen que vivir con miedo, nos perjudicará a todos.
P. Trump ha ofrecido dar asilo a los sudafricanos blancos, mientras que se lo niega a los ciudadanos de otros países. ¿Qué lectura le da?
R. Es una política de supremacía blanca, y supone una inversión total de lo que se pretendía con el programa de refugiados, que es proporcionar un refugio seguro a las personas que huyen de la violencia y la persecución, independientemente de su raza. Se burla de la historia de esta nación como líder mundial en la protección de los refugiados.
