-Donald Trump, con esa determinación que lo caracteriza—o terquedad, según a quién le preguntes—ha decidido llevar su cruzada contra la ciudadanía por nacimiento hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos-
Este jueves, 13 de marzo de 2025, el presidente Trump lanzó una serie de apelaciones de emergencia, rogándole a los togados del Supremo que le den luz verde a su orden ejecutiva, esa que pretende arrancarle de las manos la ciudadanía a los hijos de migrantes nacidos en suelo estadounidense. Porque, claro, si algo grita “tierra de oportunidades”, es negarle el pasaporte a un bebé por los pecados burocráticos de sus padres, ¿no?
La cosa viene con un trasfondo jugoso: varios tribunales inferiores—esos jueces que, según Trump, seguro están confabulados con la “izquierda radical”—ya le han dicho que no, que su plan no pasa el filtro constitucional. “Blatantly unconstitutional”, lo llamó un juez en Seattle, mientras otro en Maryland le echaba más leña al fuego diciendo que ni un solo tribunal en la historia del país ha comprado la interpretación que Trump hace del siglo y pico de jurisprudencia sobre la 14ª Enmienda. Pero Donald, fiel a su estilo de “si no me gusta la regla, la cambio”, no se rinde tan fácil. Ahora apela al Supremo, donde, por cierto, tiene a tres de sus propios nombrados en el banquillo. ¿Coincidencia? Hmm, dejemos que el lector saque sus conclusiones.
La orden en cuestión, firmada el mismísimo día de su toma de posesión—20 de enero de 2025, para los despistados—, busca redefinir quién merece ser yanqui de cuna. Si tus padres no son ciudadanos o residentes permanentes legales, olvídate: ese bebito que nació en Texas o Nueva York no contará como estadounidense, aunque el himno de las barras y estrellas suene de fondo en la sala de partos. Según los cálculos de algunos estados demócratas, esto dejaría a más de 150,000 recién nacidos al año en un limbo legal, un bonito regalo de bienvenida al mundo cortesía del Tío Sam versión Trump.
Pero no todo es tan sencillo. La 14ª Enmienda, esa reliquia de 1868 que dice clarito que “toda persona nacida en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción” es ciudadana, lleva más de un siglo respaldada por fallos como el de United States v. Wong Kim Ark (1898). Ahí, el Supremo dijo: “Oye, si naces aquí, eres de los nuestros, punto”. Trump y su equipo, sin embargo, insisten en que hay una trampilla legal en eso de “sujeta a su jurisdicción”, argumentando que los indocumentados no cuentan. Claro, porque nada dice “sujeto a las leyes” como pagar impuestos, trabajar y vivir bajo el radar de ICE, ¿verdad?
Los críticos—que no son pocos—ven esto como un ataque frontal a la esencia misma de la identidad estadounidense. “Es inconstitucional, cruel y una patada a 250 años de tradición”, dicen desde grupos de derechos de inmigrantes hasta fiscales generales demócratas, que ya han presentado más de 20 demandas contra la orden. Pero Trump, con esa mezcla de bravucón y estratega que lo llevó de nuevo a la Casa Blanca, parece estar jugando al largo plazo. ¿Y si el Supremo, con su mayoría conservadora, le da la razón? ¿O será que solo quiere mantener el tema en los titulares, azuzando a su base mientras los tribunales se enredan en un culebrón legal?
Por ahora, las apelaciones están sobre la mesa, y el Supremo tiene la pelota. Si deciden limitar las medidas cautelares de los tribunales inferiores, como pide Trump, podríamos ver su política aplicada en algunos estados mientras el resto pelea en los juzgados. Imagínense el caos: familias cruzando fronteras estatales para dar a luz, abogados frotándose las manos y un país aún más dividido. Todo eso, mientras Donald se sienta en el Despacho Oval, probablemente tuiteando—perdón, posteando en Truth Social—que él solito está “salvando América”. Qué tiempos, señores, qué tiempos.
LRS
