La reciente decisión del presidente Donald Trump de suspender las licencias petroleras que permitían a empresas estadounidenses operar y comerciar petróleo en Venezuela representa un cambio significativo en la relación económica y política entre ambos países. Esta medida, anunciada el 26 de febrero de 2025, podría tener profundas implicaciones para el gobierno venezolano liderado por Nicolás Maduro.
La suspensión de estas licencias revierte permisos otorgados previamente por la administración de Joe Biden, como la Licencia General 41, que autorizaba a empresas como Chevron a mantener operaciones limitadas en Venezuela desde noviembre de 2022. Trump justificó esta acción citando el incumplimiento de Maduro en temas electorales y acuerdos migratorios, según reportes iniciales. Esta decisión marca un retorno a la política de «máxima presión» que caracterizó su primer mandato, cuando endureció sanciones contra el sector petrolero venezolano para debilitar al régimen.
El petróleo es la principal fuente de ingresos del gobierno venezolano, representando históricamente la mayor parte de sus divisas. En 2024, la producción petrolera venezolana alcanzó un promedio de 921,000 barriles por día (bpd), un aumento del 17.6% respecto a los 783,000 bpd de 2023, gracias en parte a la participación de empresas extranjeras como Chevron, Repsol y Maurel & Prom. Expertos, como el economista Luis Oliveros, han estimado que la salida de estas empresas podría reducir la producción entre un 25% y un 30%, llevándola a unos 644,700 bpd, el nivel más bajo en 29 meses.
Esta caída se traduciría en una pérdida significativa de ingresos, potencialmente hasta 4,000 millones de dólares anuales, según cálculos preliminares basados en la producción y los precios actuales del crudo. Dado que el gobierno utiliza estas divisas para estabilizar el tipo de cambio y controlar la inflación—que en septiembre de 2024 fue del 0.8% mensual—, la reducción podría desencadenar mayor volatilidad cambiaria y un repunte inflacionario, afectando aún más la economía ya deteriorada.
Para el régimen de Maduro, la suspensión de las licencias es un golpe financiero que podría limitar su capacidad de mantener el control interno. Los ingresos petroleros han sido clave para financiar programas sociales, pagar a las fuerzas armadas y sostener la maquinaria represiva que ha permitido al chavismo mantenerse en el poder pese a sanciones previas. Sin este flujo de efectivo, el gobierno podría enfrentar mayores dificultades para contener el descontento social, especialmente en un contexto de cuestionada legitimidad tras las elecciones de 2024, que Estados Unidos y otros países no reconocen.
Sin embargo, algunos analistas sugieren que el impacto no será tan devastador como podría parecer. El régimen ha diversificado sus fuentes de financiación en los últimos años, apoyándose en el comercio de oro, actividades ilícitas como el narcotráfico y acuerdos con países como China, Rusia e Irán, que no están sujetos a las sanciones estadounidenses. Esto podría amortiguar el golpe, aunque no compensarlo del todo.
La pérdida de ingresos petroleros probablemente agudizará la crisis humanitaria en Venezuela. Con menos divisas para importar bienes básicos, la escasez de alimentos y medicinas podría intensificarse, empujando a más venezolanos a emigrar. Durante el alivio de sanciones en 2023-2024, la flexibilización permitió cierta estabilidad económica, pero un retorno a las restricciones podría revertir esos avances, incrementando la presión migratoria hacia países vecinos y Estados Unidos, un punto que Trump ha destacado como preocupación.
Maduro y sus aliados probablemente denunciarán esta medida como un «ataque imperialista» y buscarán fortalecer alianzas con naciones no alineadas con Washington. En el pasado, ante sanciones similares, el régimen ha redirigido exportaciones petroleras hacia mercados asiáticos, aunque con descuentos significativos debido a la calidad del crudo venezolano y los costos logísticos. Además, podría intentar negociar con empresas no estadounidenses que aún operan bajo licencias individuales, como Repsol, para mitigar el impacto.
A nivel global, la suspensión podría tener un efecto limitado en el mercado petrolero, dado que Venezuela representa menos del 1% de la oferta mundial. Trump ha enfatizado que Estados Unidos «no necesita el petróleo venezolano», respaldado por su propia producción récord y reservas estratégicas. Sin embargo, en un contexto de tensiones en Medio Oriente y la guerra en Ucrania, cualquier reducción en la oferta podría influir marginalmente en los precios, aunque no de manera drástica.vuelve
Para el gobierno venezolano, la suspensión de las licencias petroleras por parte de Trump significa un desafío económico y político considerable, pero no necesariamente un golpe letal. La pérdida de ingresos dificultará la gestión de la crisis interna, pero la resiliencia del régimen, construida sobre redes alternativas de financiación y apoyo internacional, podría permitirle sobrevivir, aunque con mayores tensiones. El impacto más inmediato se sentirá en la población, que enfrentará una economía más frágil y un futuro incierto, mientras el enfrentamiento entre Washington y Caracas entra en una nueva fase de escalada.
