-Deportaciones han dejado de lado la protección a niños y niñas-
Por Luis Rodríguez Salcedo
En los primeros meses del nuevo mandato de Donald Trump, se ha intensificado la política migratoria con un enfoque que ha dejado en situación de extrema vulnerabilidad a miles de familias migrantes. Las autoridades estadounidenses han acelerado deportaciones masivas, muchas veces sin respetar el derecho internacional humanitario ni las protecciones específicas que merecen los niños y niñas, especialmente aquellos nacidos en suelo estadounidense, ciudadanos por nacimiento.
Los testimonios que llegan desde diversos estados son alarmantes. Madres deportadas sin sus hijos, niños que han quedado bajo custodia de los servicios sociales o, en los casos más angustiantes, completamente abandonados tras la deportación simultánea de ambos padres. Esta tragedia humana se repite con mayor frecuencia entre las familias latinoamericanas, que históricamente han buscado refugio en Estados Unidos escapando de la pobreza, la violencia y la inseguridad.
Una de las aristas más preocupantes de esta situación es la deportación de menores que son ciudadanos estadounidenses. La Constitución de ese país garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en su territorio, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado casos en los que estos menores han sido expulsados junto con sus progenitores, en abierta violación a las leyes nacionales y tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño.
“Estamos viendo un retroceso alarmante en el respeto a los principios básicos de humanidad”, declara Ana López, abogada de inmigración en Texas. “No se puede justificar la separación familiar ni la deportación de ciudadanos estadounidenses bajo ninguna circunstancia. Es inaceptable.”
Las consecuencias psicológicas para los niños son devastadoras. Separados de sus figuras protectoras, ubicados en centros de detención o con parientes lejanos, muchos menores desarrollan traumas profundos. La incertidumbre, el miedo constante y la falta de estabilidad son condiciones que afectan su desarrollo físico y emocional, con consecuencias a largo plazo.
¿Qué protección tienen los niños y niñas?
En teoría, existen leyes y regulaciones que deberían proteger a la infancia en contextos de deportación. Entre ellas, la obligación de notificar a servicios de protección infantil, la evaluación del interés superior del menor y el respeto al principio de unidad familiar. Sin embargo, en la práctica, estas garantías están siendo sistemáticamente ignoradas o aplicadas de manera arbitraria.
Diversas organizaciones, como la American Civil Liberties Union (ACLU) y Human Rights Watch, han elevado sus voces, exigiendo al gobierno estadounidense el respeto de las normas internacionales y la protección especial que la niñez merece. Pero la respuesta oficial ha sido ambigua. El endurecimiento de las políticas migratorias ha prevalecido sobre la sensibilidad humana y el respeto a los derechos fundamentales.
Un llamado urgente a la comunidad internacional
Frente a este escenario sombrío, es imperativo que la comunidad internacional, los organismos de derechos humanos y los gobiernos latinoamericanos redoblen su vigilancia y presión diplomática para salvaguardar a los más vulnerables. La infancia no puede ser la víctima colateral de decisiones políticas, ni debe pagar el precio de un sistema migratorio carente de humanidad.
Los niños no tienen fronteras. Su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en un entorno seguro y estable debe estar por encima de cualquier ideología. La indiferencia frente a su sufrimiento es una forma de complicidad.
