Diana Mogollón había llegado a ese sitio del que conocía casi nada un día del mes de abril. Venía frustrada, con pena, sin ganas de que nadie se acercara a hablarle. Era para entonces la nueva entre todas las mujeres, las migrantes, las detenidas, hasta que en la noche vio entrar a una chica, demasiado joven y callada, con una panza que la ropa no podía esconder. “Llegó, se hizo a un ladito, estaba muy llena la habitación”. Había unas 70 allí dentro, durmiendo en colchonetas, sin apenas espacio, bajo unas luces inquietantes encendidas las 24 horas del día. Mogollón sintió lástima de la joven. “Le dije: niña, si quieres hazte de este lado que ahí no te van a pisotear”. Comenzaron a conocerse, a contarse la vida.
María José Carpio, de 20 años, estaba embarazada de siete meses y tenía náuseas, dolores de cabeza, mareos, y un hambre que la comida del centro, o sea, el sándwich de huevo en las mañanas, o los burritos fríos y las manzanas para el almuerzo, no lograban saciar. Tampoco les permitían recibir dinero de la familia para complementar la dieta. “Nos daba pena verla quedar con hambre”, dice Mogollón, de 36 años.
Carpio había llegado a Estados Unidos con un visado hace seis años junto a sus padres y sus dos hermanas desde Cuenca, en Ecuador. Se quedaron y se asentaron en Queen. Carpio asistió a la escuela y trabajó en una tienda de regalos. “Tenía mi dinerito, mis cosas”, cuenta. Pero entrado 2025, los indocumentados de Nueva York comenzaron a vivir bajo una estela de miedo, al igual que millones en el resto del país: el aparato migratorio del presidente Donald Trump tenía la orden de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones de todos los tiempos.
“Me asusté bastante”, confiesa la joven. No lo aguantó. Hizo el viaje de regreso al lugar donde había nacido. En abril de 2026, Carpio quiso volver a Nueva York. Hizo una travesía que la llevó hasta México y el día 11 de ese mes se dispuso a cruzar la frontera desde Juárez. Cuando ya estaba del otro lado, unos guardias se aparecieron tras su espalda. La detuvieron, se percataron de que estaba embarazada, la llevaron a un hospital a chequear su salud y más tarde llegó a aquel sitio donde también arribaban otras mujeres, algunas que habían intentado entrar a territorio estadounidense recientemente, o que habían permanecido en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y que ya estaban a punto de ser deportadas.
En su casa de Queens, su padre, José Carpio, un trabajador de la construcción de 45 años, estaba desesperado. Apenas sabían de “su niña”, dónde estaba o qué iba a suceder con ella. La familia trató de localizarla en alguno de los centros del ICE, pero no aparecía. A la joven, en custodia, tampoco le daban mucha información, y solo le permitían entre tres y cinco minutos para telefonear a la familia. “Me decía: Papi, me duele mucho la barriga”, relata el padre.
Los 17 días que Carpio estuvo detenida fueron “una pesadilla”. Sentía fuertes dolores de caderas a causa de tener que dormir en colchones en el suelo. “Cuando me quejaba, decían que era normal. Solo me decían que si tenía sangrado fuera a verlos, si no, que no fuera”, cuenta. Mogollón recuerda el día en que llamaron a los oficiales para que a Carpio la llevaran al doctor. Le dolía el vientre. Luego la joven le contó que había oído algo: “Le estaban dando pastillas que, estando embarazada, no podía tomar y se las suspendieron”. A pesar de que Carpio tenía anemia, solo le dieron hierro durante sus últimos días detenida, el resto solo le garantizaron vitaminas prenatales.
En los centros de detención, las necesidades de las mujeres embarazadas son ignoradas. La comida insuficiente y en mal estado, la falta de acceso a medicamentos y a la atención médica necesaria y el hacinamiento son denuncias comunes. En febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que había 86 embarazadas en custodia.
La vida en el centro se hacía imposible, no solo para Carpio —quien cuenta que se infectó con piojos allí dentro—, ni para la otra embarazada que permanecía con diabetes gestacional, sino para todas las mujeres. No tenían duchas en el cuarto, solo las dejaban bañarse cada cinco días, y lo peor es cuando les toca el periodo menstrual. “Hay que pelear para que te saquen, decir que se manchó el calzón. Es algo muy incómodo”, cuenta Mogollón.
Para la primera mitad de mayo, Mogollón se despidió de Carpio. La iban a deportar a Colombia. A Carpio la habían llevado hasta el aeropuerto en tres ocasiones, pero no le permitieron ingresar al vuelo para ser deportada a Ecuador. Nadie quería asumir el riesgo de su embarazo. “Los del avión no se querían hacer responsables si me pasaba algo”, dice. Pero el 18 de mayo, el padre recibió una llamada desde Guayaquil en su casa de Queens: era Carpio, a quien finalmente habían deportado con 31 semanas de embarazo.
Desatendidas en sus embarazos y abortos
El de Carpio no es un caso aislado. La maquinaria de las detenciones impuesta por Trump afecta de manera desproporcionada a las mujeres, que, junto a los niños, son las víctimas más vulnerables de la campaña de deportaciones. Las mujeres han sido separadas de sus bebés lactantes, abandonadas durante los embarazos, desatendidas tras sufrir abortos espontáneos, agredidas y abusadas por los funcionarios e incapacitadas de denunciar situaciones de violencia por miedo a sufrir represalias.
“Ningún periodo de nuestra historia ha resultado más disruptivo o más destructivo para las mujeres, las niñas y las familias inmigrantes que lo que hemos presenciado a lo largo de los últimos 16 meses”, afirmaba esta semana Zain Lakhani, directora de Derechos de Migrantes y Justicia de la Comisión para las Mujeres Refugiadas (WRC), ante el caucus de mujeres demócratas del Congreso (DWC). Lakhnai formó parte de una comitiva de mujeres defensoras de las migrantes que se dirigieron a las congresistas esta semana para pedir medidas legislativas que frenen el maltrato a las detenidas.
Las participantes se hicieron eco de los casos de violencia que han conocido a través de su labor como abogadas o doctoras de migrantes y mostraron un panorama desolador. “Una encuesta que estudiamos reveló que una de cada cinco mujeres embarazadas afirma que la actividad del ICE les ha impedido buscar atención prenatal. Y, a juzgar por lo que hemos escuchado de quienes han sido detenidas, existen motivos fundados para tener miedo”, manifestó Lupe M. Rodríguez, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva.
Una de sus compañeras, que se identificó con el nombre de Midi, estuvo detenida en un centro del ICE de Río Grande, en Texas. Midi fue testigo del momento en que a una mujer que estaba amamantando la separaron de su bebé; como no le proporcionaron un extractor de leche, desarrolló una mastitis, una infección grave del pecho. También presenció cómo una mujer embarazada entraba en labor de parto dentro del centro y la mantuvieron sola durante horas, hasta que finalmente la trasladaron al hospital. Al igual que muchas otras detenidas, Midi sufrió problemas de salud mental —incluyendo depresión y ataques de pánico—; pero, en lugar de recibir tratamiento, fue aislada con otras mujeres que estaban en la misma situación y un solo colchón para compartir. Como medicamento, les administraban Benadryl, un antihistamínico. “En sus propias palabras: ‘Es un infierno’”, cuenta. Otra mujer detenida que contactó al instituto para solicitar ayuda, relató que se encontraba en el tercer trimestre de un embarazo de alto riesgo, pero que llevaba cuatro meses sin ser examinada por un ginecólogo. Había sido obligada a dormir en el suelo, pasaba hambre y fue transportada a través de todo el país con una sola parada para ir al baño.
“El estrés crónico derivado de estar detenida, de la separación de familiares y amigos, y de la falta de atención a sus necesidades médicas genera tal nivel de angustia en la persona gestante que puede provocar un aborto espontáneo o desencadenar complicaciones gestacionales catastróficas, tales como parto prematuro, preeclampsia e incluso la muerte fetal”, apunta la doctora Josephine Urbina, ginecóloga-obstetra de Physicians for Reproductive Health. El uso de esposas que el ICE usa en las detenciones y la falta de movimiento pueden ocasionar coágulos sanguíneos con repercusiones fatales. Los agentes del ICE tienen prohibido utilizar medios de sujeción en mujeres embarazadas o en recuperación posparto.
La falta de asistencia médica afecta también a las mujeres que han sufrido abortos espontáneos. Entre enero y septiembre de 2025 se registraron 16 abortos de mujeres en custodia del ICE, según los datos del DHS. Ante la falta de información oficial, miembros de la WRC viajaron a México y varios países de Centroamérica para escuchar el testimonio de mujeres que habían sido deportadas. Una mujer embarazada de 25 años, que sufrió hemorragias durante varios días en un centro de detención, no recibió atención médica a pesar de sus reiteradas solicitudes y llegó a Honduras en estado de emergencia. Otra, diagnosticada con un aborto espontáneo, fue deportada sin recibir tratamiento alguno y requirió hospitalización inmediata a su llegada al país centroamericano. Casi 400 mujeres embarazadas, en el posparto o lactantes fueron deportadas entre enero de 2025 y febrero de 2026.
La Ley Orlin
Las abogadas de las migrantes denuncian que el ICE incumple sus propias directivas, que obligan a los agentes a preguntar a las mujeres si quieren que sus hijos sean deportados con ellas y evitar así la separación familiar. Según un informe reciente del Instituto Brookings, desde que Trump regresó a la Casa Blanca, unos 145.000 menores han tenido al menos a uno de sus progenitores detenidos. Este mes se conoció el caso de Orlin Hernández Reyes, de tres años, quien murió en marzo por los golpes causados por su tío, a quien fue entregado después de que su madre fuera deportada a Honduras. La madre, Wendy Hernández, sostiene que rogó numerosas veces que le entregaran a su hijo y lo deportaran con ella, pero no le hicieron caso. La representante Jayapal planea proponer la Ley Orlin, en honor al menor, para prohibir las separaciones familiares.
Otras iniciativas legislativas buscan proteger a las mujeres migrantes de las agresiones que sufren bajo custodia, como violaciones que no se atreven a denunciar. “Siempre fue aterrador dar un paso al frente y denunciar los abusos, y las circunstancias actuales hacen que esto sea aún más difícil, si no imposible”, afirma Erin Argueta, abogada de Amica Center for Immigrant Rights. La Administración Trump ha eliminado las herramientas que antes tenían para denunciar los abusos, como la oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes y la OEDO, la Oficina de Supervisión de Detenciones Internas, creada para investigar muertes, abusos médicos y conductas indebidas de los empleados en los centros del ICE.
A Carpio, tras su arresto, ni siquiera le informaron dónde estuvo encerrada ni bajo qué autoridad. Permaneció en una estación de la patrulla fronteriza de El Paso, Texas, pero eso solo lo supieron ella, Mogollón y el resto de las mujeres cuando las trasladaron para ser deportadas y lograron ver el cartel a las afueras del sitio. En la casa de una vecina, lejos de sus padres y sus hermanas, y sin un lugar donde vivir en su país, Carpio responde el teléfono. “Gracias a Dios el bebé está bien”, cuenta. Ahora espera los exámenes de orina y sangre que le hicieron en un centro de salud. Tiene 31 semanas, es un varón. Aún no ha tenido tiempo de elegir el nombre.
