–Ministerio Público inicia interrogatorios… dos meses después del colapso del Jet Set-
Por Luis Rodríguez Salcedo
Santo Domingo.- Con la eficiencia que ya caracteriza a nuestras instituciones cuando se trata de tragedias nacionales, el Ministerio Público ha anunciado —como gran novedad— que finalmente ha comenzado a interrogar a las víctimas del colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril y que dejó un saldo de 235 muertos y más de 180 heridos.
La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo, informó que han empezado con los interrogatorios y que, como era de esperarse, “eso toma su tiempo”. Porque claro, ante semejante tragedia, ¿qué son un par de meses para comenzar a actuar?
Según explicó la magistrada —durante un acto de puesta en circulación de un libro de ética judicial, irónicamente—, también se están “revisando las actas de las autopsias”. Lo que muchos ciudadanos consideran una obviedad que debió estar lista desde hace semanas, ahora es presentado como parte del «proceso investigativo».
Interrogada sobre cuándo será citado Antonio Espaillat López, propietario de la discoteca, Ramos Castillo aseguró que será “en su debido momento”. Una frase que en el lenguaje de la burocracia dominicana suele significar: “cuando se enfríe el escándalo, si acaso”.
Mientras tanto, ya se han acumulado 41 acciones legales contra los propietarios del negocio, incluyendo 17 querellas con constitución en actor civil y 24 denuncias, algunas por familiares de víctimas notorias como el hijo del diseñador Daniel Taveras Polanco y la esposa del ex pelotero Octavio Dotel. Las acciones, sin embargo, parecen haberse estrellado contra un muro invisible en la Fiscalía.
Los demandantes acusan a los dueños del establecimiento —Antonio Espaillat López, su madre Ana Grecia López, y su empresa Inversiones E y L— de homicidio involuntario y negligencia, debido a la supuesta presencia de equipos pesados sobre un techo ya deteriorado. También han señalado al Estado dominicano y al ayuntamiento del Distrito Nacional por su “curiosa” ausencia en las labores de supervisión y control.
Y aunque se han solicitado indemnizaciones millonarias y medidas de coerción como prisión preventiva para los responsables, hasta ahora la respuesta institucional ha sido, en el mejor de los casos, un desfile de promesas.
Pero no todo es silencio: la Fiscalía ha mostrado diligencia… al menos para asistir a actos protocolares y presentaciones de libros. El caso Jet Set, en cambio, seguirá su curso, probablemente tan lento como las reformas estructurales que el Estado promete cada vez que ocurre una desgracia.
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