Por Luis Rodríguez Salcedo
SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano anunció con entusiasmo la entrega de 7,925 nuevas pensiones solidarias bajo el Régimen Subsidiado del Sistema Dominicano de Seguridad Social, en lo que presenta como una muestra de su compromiso con la equidad y la protección de los sectores más vulnerables.
Sin embargo, mientras se celebran cifras y porcentajes, decenas de miles de antiguos servidores del Estado, pensionados hace años, languidecen en el más cruel abandono, cobrando mensualidades que no alcanzan para sobrevivir en el contexto actual de inflación y encarecimiento del costo de vida.
Estas nuevas pensiones —otorgadas entre enero y abril de 2025 mediante los decretos 132-25, 148-25 y 164-25— son coordinadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), y se distribuyen en un 90.85 % a personas envejecientes, mientras el resto va destinado a personas con discapacidad y madres solteras. Se destaca que más de la mitad de los beneficiarios (53.31 %) son mujeres, como parte de un enfoque de equidad de género impulsado por el Gobierno.
Cada beneficiario recibirá mensualmente un monto equivalente al 60 % del salario mínimo del sector público, depositado directamente en cuentas habilitadas para este fin. Una comisión interinstitucional fue responsable de la selección, basándose en criterios de edad, condición médica y nivel de vulnerabilidad.
Todo este entramado institucional, sin duda valioso, contrasta de forma alarmante con la realidad de miles de pensionados estatales, cuyas asignaciones permanecen congeladas desde hace décadas. Ex empleados públicos que lo dieron todo por el país hoy reciben pensiones que oscilan entre RD$5,000 y RD$10,000 mensuales, montos que no cubren ni siquiera una canasta básica alimentaria.
En un contexto de alzas constantes en servicios, medicamentos y alimentos, estos ciudadanos —hoy envejecientes y frágiles— han sido olvidados por el mismo sistema que ahora se pinta como justo y solidario. ¿Dónde queda el compromiso con quienes sostuvieron el aparato estatal durante años?
La política de inclusión no puede ser selectiva ni de relumbrón. La justicia social debe abarcar a todos los sectores, y eso incluye revisar, actualizar y dignificar las pensiones antiguas que hoy representan una vergüenza para un país que presume de desarrollo humano.
El presidente Abinader y su equipo de política social tienen la oportunidad de saldar esta deuda histórica. De lo contrario, lo que florece hoy en cifras, mañana se convertirá en otra promesa marchita.
