Por Luis Rodriguez Salcedo
El Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Este, uno de los más poblados e importantes de la República Dominicana, anunció «medidas urgentes», involucrando al Colegio de Ingenieros, para inspeccionar las estructuras de inmuebles de esta área geográfica en los que habitualmente hay concentración de personas, a fin de garantizar que estén seguras.
Este anuncio del Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Este llega en un momento de alta sensibilidad social, justo después de la tragedia en la discoteca Jet Set, donde el colapso de la estructura causó la muerte de más de 200 personas. En ese contexto, la medida puede ser vista tanto como una respuesta necesaria como una acción tardía frente a una problemática que ha sido ignorada durante mucho tiempo: la falta de control riguroso en las construcciones que albergan grandes concentraciones humanas.
La decisión de inspeccionar edificaciones con alta afluencia de personas parece una reacción directa a la catástrofe de Jet Set. Esto revela que, hasta ahora, no existía un protocolo sistemático ni una cultura de inspección preventiva en locales como discotecas, iglesias, centros comerciales, escuelas o auditorios. La pérdida de tantas vidas humanas pone en evidencia una falla estructural no solo del edificio, sino también del sistema de supervisión urbana.
Importancia de la comisión especial El hecho de que el Ayuntamiento incluya al CODIA en esta comisión especial es positivo. Este gremio técnico cuenta con profesionales capacitados para evaluar la integridad estructural de edificaciones. Su participación le da un carácter técnico y, potencialmente, imparcial a las inspecciones, aunque será crucial que las evaluaciones no se queden en el papel y que las recomendaciones se traduzcan en acciones concretas.
En el país —y esto no es exclusivo de Santo Domingo Este— ha existido una cultura de reacción ante las tragedias, no de prevención. Muchas estructuras se levantan sin supervisión adecuada, o se modifican sin tomar en cuenta los códigos de construcción. Esto se agrava con la corrupción administrativa, la permisividad institucional y la presión inmobiliaria en zonas urbanas densamente pobladas.
El caso Jet Set ha dejado al descubierto que no solo los locales nocturnos están en riesgo. Edificaciones escolares, hospitales, plazas comerciales e incluso sedes de instituciones públicas podrían estar operando en condiciones similares. Por tanto, esta medida debe extenderse más allá de lo simbólico y convertirse en política pública nacional.
El anuncio es un primer paso, pero el verdadero reto es sostener estas acciones en el tiempo. ¿Se realizarán inspecciones periódicas? ¿Habrá sanciones efectivas para quienes incumplan las normas? ¿Se cerrarán negocios que no garanticen condiciones mínimas de seguridad estructural? ¿Se actualizarán los códigos de construcción y se vigilará su cumplimiento?
La medida anunciada por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este es positiva, pero su eficacia dependerá del grado de compromiso con que se aplique. La tragedia en Jet Set debe marcar un antes y un después. La memoria de las víctimas exige que las autoridades dejen de actuar solo después del desastre, y comiencen a construir una cultura real de seguridad urbana y responsabilidad institucional.
LRS
